Investigamos la reorganización de la atención pediátrica en centros de salud de Sevilla justificada en planes contra el COVID

El Defensor del Pueblo Andaluz investiga sobre la reorganización de la atención pediátrica en los centros de salud de San Jerónimo, Pino Montano A y Mallen, justificada en la canalización de los circuitos de atención sanitaria en el nivel primario para la mejor atención de los pacientes de Covid-19 y como un mecanismo de garantizar la vuelta a la actividad presencial en los centros sanitarios de atención primaria con las máximas garantías de seguridad tanto para profesionales como para usuarios.

Numerosas han sido las disposiciones normativas y directrices emitidas, desde que se declarase el estado de alarma por el Gobierno de la Nación, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que han venido dictándose en la esfera de competencias de las diferentes Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local y en el espacio temporal de las sucesivas prorrogas del Real Decreto citado.

Sin duda, asistimos a una de las crisis más importantes de nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario, social y económico y en este contexto, desde que el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptase el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, denominadas “fases de la desescalada”, conocemos a través de los medios oficiales y medios de comunicación, las medidas que se siguen adoptando, en este caso, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la reanudación y prestación de servicios públicos, en condiciones de seguridad y garantía, en el contexto actual de la evolución de la pandemia.

Así, en el ámbito sanitario, con fecha 24 de abril de 2020 conocíamos el Plan funcional para la normalización del trabajo en la actividad asistencial, que se planteaba ante el descenso del número de casos por Covid-19 para ir retomando el aumento de la actividad asistencial e igualmente conocíamos y prestábamos especial atención a las declaraciones del titular de la Consejería de Salud y Familias que anunciaba un Plan de desescalada en salud, con un papel esencial de la atención primaria, como base del seguimiento del COVID, con el mantenimiento de medidas como el doble circuito para casos de COVID y no COVID, la asistencia telefónica y la teleasistencia a los pacientes, y consecuentemente citaba el refuerzo de medios personales para poder atender estas necesidades.

Pues bien, en esta línea de la atención primaria, más concretamente de la atención primaria pediátrica, nos ha asaltado la noticia, a través de diferentes medios de comunicación, de las medidas anunciadas por la Consejería de Salud y Familias para la reorganización de la atención pediátrica en los centros de salud de San Jerónimo, Pino Montano A y Mallen, justificada en la canalización de los circuitos de atención sanitaria en el nivel primario para la mejor atención de los pacientes de Covid-19 y como un mecanismo de garantizar la vuelta a la actividad presencial en los centros sanitarios de atención primaria con las máximas garantías de seguridad tanto para profesionales como para usuarios.

Conforme a las fuentes consultadas, se trataría de garantizar circuitos diferenciados, en los que se mantengan las distancias de seguridad entre consultas de Pediatría y de Medicina de Familia y por ello el Distrito Sanitario de Sevilla habría decidido concentrar la atención pediátrica en el centro de salud Pino Montano B (que atenderá a la población infantil del centro de salud Pino Montano A), igualmente, el centro de salud de Alamillo atenderá a la población pediátrica del centro de salud ubicado en la barriada de San Jerónimo y el de Mallen se trasladaría al Greco.

Preocupa a esta Defensoría la adopción de las medidas adoptadas, al no poder determinar con claridad la conexión entre esta reorganización y el plan de desescalada pautado en atención primaría, habiendo conocido que aquéllas han provocado inquietud en la ciudadanía comprendida en el ámbito de atención de dichos Centros.

Consultado el documento antes citado, Plan funcional para la normalización del trabajo en la actividad asistencial, que regula determinadas cuestiones para la normalización de la actividad primaria, no se transluce esta necesidad de diferenciación de espacios entre la atención pediátrica y la medicina de familia, que además responde al esquema común de los centros de salud existentes, puesto que los equipos básicos de atención primaria están compuestos por personal de diferentes categorías, entre los que se encuentran los médicos de familia y los médicos pediatras, pudiendo los primeros suplir a los segundos cuando se producen carencias de personal, según ha destacado reiteradamente la Administración Sanitaria con ocasión de la sustanciación de algunas quejas tramitadas en momentos precedentes, al incluir estas competencias en el programa formativo de medicina familiar y comunitaria.

Igualmente ninguna recomendación o necesidad de este tipo encontramos en el documento “Recomendaciones la estrategia de transición” aprobado el 25 de abril de 2020 por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) adscrito al Ministerio de Sanidad, que sí especifica otro tipo de medidas, como por ejemplo, los circuitos separados para la atención presencial de personas con síntomas respiratorios o infecciosos.

Ahora bien, sentadas estas premisas, hemos de abundar en el tema, fundamentalmente por la reiteración con la que la insuficiencia de especialistas en pediatría viene formando parte del elenco de las quejas tramitadas por esta Defensoría, que cuestionan situaciones directamente vinculadas con la falta de personal y de medios en la atención pediátrica, debiendo poner el foco y especial atención en el colectivo que se protege y es objeto de asistencia médica, los niños y niñas de Andalucía.

No en vano, por la ciudadanía se nos ha venido revelando un déficit de profesionales para la atención pediátrica primaria en centros de salud y consultorios de incardinación geográfica diversa. Más concretamente, respecto de uno de los centros de salud afectados por la reorganización que funda esta investigación que ahora nos ocupa, tramitábamos este mismo año la queja 20/325, en la que la promotora nos refería la escasez de personal y dificultad para acceder a las citas en la zona de Pino Montano, por la insuficiencia de profesionales; y el informe administrativo ofrecía los datos de profesionales de ambos centros de salud, refiriendo que el centro de salud con un menor numero de profesionales es el denominado como Pino Montano A, con diez profesionales de medicina de familia y dos pediatras, atendiendo estos últimos a un cupo de 940 y 951 menores, que resultarían directamente afectados por una medida como la anunciada. Es decir, con los datos que disponemos, el escenario afectaría de forma directa a cerca de 2000 menores que tendrían que desplazarse a otro centro de salud por no disponer de pediatras en su centro de salud en la zona de Pino Montano A.

Igualmente advertimos que el traslado de los menores a otros centros de salud en los que convive la asistencia pediátrica con la atención de medicina de familia, como son los centros de salud Pino Montano B, Alamillo y Greco, producirá igualmente una convivencia en el espacio del colectivo de menores con el de adultos atendidos por medicina de familia, lo que además sucede en la generalidad de los centros de salud del Distrito de Sevilla, y en estos casos acumulando un mayor número de pacientes por cupo, con lo que ello conlleva de demora en las citas y dificultad de organización de las agendas que se nos ha manifestado en más de una ocasión por la Administración sanitaria.

En definitiva, la medida anunciada observamos que puede ir en detrimento de la calidad asistencial de los menores afectados y no alcanzamos a vislumbrar en qué medida pueda tener encaje y venir impuesta su necesidad en el contexto de reorganización de la asistencia médica provocada por la pandemia.

Sobre estas premisas, consideramos que la envergadura de este problema y su dimensión de afectación al derecho constitucional a la protección de la salud, convierten en obligada la intervención de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz que, en consecuencia, ha sido acordada mediante la iniciación de investigación de oficio, con amparo en la habilitación y facultades legales del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 21 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, con el objeto de acceder a la información que permita analizar el cumplimiento de sus competencias y obligaciones por la Administración pública andaluza, desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos estatutariamente asignada.

En consecuencia, hemos acordado solicitar a la Consejería de Salud y Familias el preceptivo informe, en el que, sin perjuicio de cuantas cuestiones estime oportuno expresar, que nos facilite información sobre los siguientes aspectos:

- Las medidas previstas por esa Consejería en materia de reorganización para la atención primaria pediátrica y medicina de familia, concretando cuáles son las medidas, desde cuándo se van a aplicar, con qué criterios, con qué plazos, a qué centros afectan, la ratio resultante médico-paciente menor en los centros afectados, informando sobre las razones o evidencias para la elección de las mismas.

- Que nos dé traslado de la existencia de algún estudio actualizado acerca del número de menores atendidos por pediatría en el Distrito de Sevilla, número de médicos pediatras adscritos y ratio médico-paciente.

- Que nos informe de las medidas previstas para atender la contratación de pediatras a fin de garantizar las medidas anunciadas de dobles circuitos, asistencia telefónica y teleasistencia.