Queja número 21/3934
El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución recomendando a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz que El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz que sin más dilación, para que se inicien los trámites oportunos que permitan crear canales de comunicación presenciales, telefónicos y virtuales con la ciudadanía de manera permanente, aproximando la actuación de la Administración a las personas afectadas por situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad social, que en multitud de situaciones se encuentran aisladas y fuera de un circuito social estandarizado, y que precisan de una actuación facilitadora a sus demandas de información con respecto al procedimiento de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA), en cualquiera de sus fases o momentos administrativos.
Asimismo, recomendaba que, sin más dilación, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente, y con ello permitir un mínimo de subsistencia a las personas en situación de vulnerabilidad social demandantes de esta prestación garantizada que se encuentran en una situación límite y que la falta de estos ingresos, los coloca en una situación de verdadera urgencia social que les impide subvenir a necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido, vivienda y suministros básicos.
En respuesta, la Administración nos informa que Una vez llevadas a cabo las actuaciones de comprobación para verificar la información facilitada por la unidad familiar y completo el expediente se dictó, con fecha 26/11/2021 Resolución por la que se concedió a la unidad familiar la Renta Mínima de Inserción de conformidad con lo establecido en el artículo 47 a) del Decreto-ley 3/2017.
El importe concedido es de 347,56 euros mensuales durante el periodo comprendido entre el 01/06/2020 hasta el 31/05/2021. Debido a que los efectos económicos son desde el primer día del mes siguiente en el que se registró dicha solicitud en el órgano competente, según indican, le pertenecen en concepto de atrasos la cantidad de 4.322,79 € correspondientes al citado periodo, descontados las ingresos computables que tuvo la unidad familiar en el periodo referido. Dicha prestación fue abonada en la nómina del pasado mes de noviembre
Dado que la resolución formulada ha sido aceptada por la Administración, quedando resuelto el asunto planteado por la parte promotora de la queja, procedemos al cierre del expediente.
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