Queja número 20/0296
La persona promotora exponía que fue desahuciado de su vivienda en el año 2011, teniendo que irse a vivir junto a su mujer y sus dos hijos menores de edad a casa de su madre, donde se encontraban en situación de hacinamiento. Tras varias actuaciones con el Ayuntamiento de Córdoba, pudo acceder a una vivienda de titularidad bancaria de la que se tenía que marchar, puesto que tras la finalización del contrato de arrendamiento le pusieron como requisito para renovarlo el aumento de las cuotas arrendaticias a una cantidad imposible de afrontar.
A pesar de haber acudido en reiteradas ocasiones a Vimcorsa y al Ayuntamiento, decía no había recibido ningún tipo de solución, ni alternativa habitacional ante el inminente desalojo de su vivienda, por lo que temía verse viviendo en la calle.
Esta situación se habría podido evitar puesto que desde la propiedad de la vivienda le informaron que Servicios Sociales acreditara la situación de exclusión social en la que se encontraba, pero esto no sucedió, por lo que le fue imposible acceder a un acuerdo.
También informaba de la existencia de viviendas de titularidad municipal cuya renta era de 15€ mensuales, que estaban siendo subarrendadas por sus legítimos adjudicatarios.
Admitida la queja a trámite solicitamos informe tanto al Ayuntamiento de Córdoba como a Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. (Vimcorsa). Puesto que en el informe recibido de ésta última se nos indicaba que las citadas viviendas eran de titularidad de AVRA y que la situación denunciada se la habían trasladado a esa Agencia, nos dirigimos a la misma solicitando la emisión de informe, desde donde nos indicaron que, en virtud de la documentación analizada, aunque no le constaban los hechos denunciados, continuarían realizando las gestiones necesarias para esclarecer la situación real de ocupación de dichas viviendas de promoción pública, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa que regula la función social de las viviendas de promoción pública.
Por parte del Ayuntamiento de Córdoba se informaba de todas las actuaciones llevadas a cabo con la familia desde el año 2015. Destacaban que tras el envío del Informe Social a la entidad bancaria, le propusieron a ésta una bajada de cuota y mantenimiento de las anteriores condiciones, para que la unidad familiar no volviera a generar deuda y pudiera afrontar la misma, pero las que finalmente fueron ofertadas por la entidad eran: condonación de la deuda anterior, renovación por 7 años del alquiler, cuota mensual 290 euros/mes con posibilidad de revisión con informe de servicios sociales y no aportación de fianza, ni aval, ni de la primera mensualidad. Estas condiciones fueron expuestas a la unidad familiar, que confirmó que se pondrían en contacto con la entidad financiera para pactarlas y firmar el nuevo contrato. Habiendo mostrado la familia su intención de permanecer en su domicilio con el nuevo alquiler social, a la espera de que su demanda de vivienda pública prosperara, la mediación del Ayuntamiento con la entidad se dio por cerrada.
Por nuestra parte, con toda la información recabada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
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