Los servicios sociales atienden a una familia con hijos que tiene una orden de desahucio por impago

La persona promotora de la queja manifestaba lo siguiente:

“Somos una familia colombiana desplazada y obligada a salir huyendo del territorio colombiano para salvaguardar nuestras vidas y la de nuestros hijos (...).

Ingresamos al programa de Protección Internacional como solicitantes de asilo, donde estuvimos acogidos inicialmente en un centro de acogida de emergencia de la Cruz Roja Internacional de Valencia, llevados por la Policía Nacional de esa ciudad por quedar en situación de calle con los niños, Vivimos un tiempo en este centro de refugiados y luego al ir avanzando el proceso de nuestra solicitud de asilo y acogida, somos trasladados a Sevilla a un centro de refugiados del CEAR en Torreblanca, donde al salir del centro en plena pandemia y sin trabajo nos dan apoyo económico durante un par de meses hasta que nuestra solicitud de asilo es denegada en febrero del año en curso y nos retiran todo tipo de apoyo económico de dicho programa, a pesar de que estábamos desempleados y con tres niños a cargo y en el pico mas alto de la pandemia, visitando desde marzo el comedor social de San Juan de Dios y Cáritas de la zona para alimentar a los niños.

(...) el propietario de este piso nos entrega una citación de comparecencia al juzgado 27 en enero por inicio de proceso de desalojo por impago de alquileres desde el mes de marzo a esta fecha (tiempo que nos retiran la ayuda económica del programa de asilo), que al día de hoy 26 octubre sumaria 6.800 euros, los cuales no tenemos cómo pagarlos por nuestra situación de desempleo y vulnerabilidad actual ni contamos con un sitio a donde irnos a vivir si nos desalojaran ya que como consta en nuestro expediente de Cruz Roja, Policía Nacional, CEAR y la UTS los Bermejales, no tenemos familia en este país ni medios económicos para nuestros gastos básicos.

Por tal motivo solicitamos a las entidades de control arriba mencionadas intervenir ante la administración para que se presten los medios, apoyos, recursos y asistencia jurídica disponible y necesaria para acompañarnos en este proceso que está en curso, porque adicionalmente a la situación de vulnerabilidad que nos encontramos en estos momentos, actualmente mi esposa (...) que le impiden trabajar normalmente por dolores intensos.

Cabe resaltar que en estos momentos estoy acudiendo a todas las paginas de empleo del mercado (...), pero que lo cobrado no fue suficiente para quizás abonar algo a la deuda de estos alquileres de este piso, solo pude pagar el cúmulo de impagos de servicios públicos y cubrir la alimentación básica de mi familia”.

Admitida la queja a trámite solicitamos del Ayuntamiento de Sevilla informe sobre la atención social que se viniera prestando a esta familia y ayudas o recursos públicos a los que pudieran acceder para paliar su precaria situación actual; así como si, ante el lanzamiento de su vivienda, era posible excepcionar la obligación de adjudicación de vivienda a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía y, en caso contrario, otras posibles medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución a su problema económico y habitacional.

De la respuesta municipal emitida se observaba que por parte de la administración municipal se estaba prestando una atención adecuada a la familia, que incluso había supuesto la concesión de una subvención de 6120 euros para saldar sus deudas del alquiler, por lo que iban a poder permanecer en la vivienda, debiendo dar, en consecuencia, por concluidas nuestras actuaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, aconsejamos a la familia que siguieran colaborando con los servicios sociales comunitarios para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades, así como que se inscribieran en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida de Emvisesa.