Los servicios sociales está atendiendo a una familia desahuciada de su vivienda por impago del alquiler

La interesada exponía la necesidad urgente que tenían de vivienda ya que el día 26 de abril de 2017 llevarían a cabo el desahucio en la que llevaban de alquiler desde el año 2014. Ambos estaban sin trabajo y sufriendo su pareja dos ictus, en octubre de 2016 y enero de 2017, que lo habían dejado de momento muy limitado de movilidad y en silla de ruedas.

Acudieron a EMVISESA, desde donde les pedían una serie de documentación que completarían en breve. Acudieron también a los Servicios Sociales correspondientes, donde conocían su situación, teniendo ayudas puntuales también desde Cáritas.

Su pareja tenía reconocida una prestación de 700 euros que no le ingresaban hasta que no hiciera frente a una deuda de autónomo de unos 9.000 euros.

Ante esta situación, nos dirigimos al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, desde donde se nos informó que tras exponer su situación y presentar documentación acreditativa de la misma, se valoró estar ante un caso de grave situación de exclusión social. Se les ofreció la posibilidad de búsqueda de nuevo alquiler, para que pudiera tramitarse una ayuda económica que abonase los gastos del mismo. Paralelamente, fueron derivados a la Oficina Municipal de la Vivienda, estableciéndose las coordinaciones correspondientes con los Servicios Sociales Comunitarios, para encontrar lo antes posible una solución ante la posibilidad de que la pareja se viera en la calle si llegaba a producirse el aviso de desahucio, para el 26 de abril.

La familia se encontraba en listado de solicitantes de viviendas de segunda adjudicación vigente, con la observación de que necesitaban vivienda adaptada por la discapacidad física de uno de ellos. El Graduado Social estaba realizando gestiones con la Seguridad Social para intentar que se le devolviera la pensión correspondiente o, si no, tramitar una pensión no contributiva. Se había tramitado solicitud de reconocimiento de Dependencia. Tenían realizado informe de excepcionalidad a la aplicación del baremo vivienda por grave situación de exclusión social.

Llegado el día del aviso de lanzamiento, 26 de abril, éste se consiguió paralizar a través de una abogada de oficio, pero la pareja se marchó de la vivienda y fueron realojados en el Albergue Municipal, a la espera de vivienda adaptada. Se estaba en contacto continuo con Emvisesa para dicha finalidad. También se valoró técnicamente la posibilidad de tramitar una ayuda económica por importe máximo que ayudase a pagar la deuda de autónomo de su pareja, hecho que implicaría la recuperación de su pensión mensual, y tener más facilidad para encontrar mientras tanto un piso de alquiler.

Ante las intervenciones llevadas a cabo por los Servicios Sociales procediendo conforme al protocolo de actuación previsto en intervenciones con problemáticas habitacionales, consideramos que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.