Mantienen la diabetes y otros enfermedades como causas de exclusión en una convocatoria de empleo público en Almería. Lo investigamos

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Ayuntamiento de Almería no tiene competencia para la adaptación del cuadro de exclusiones médicas a las modificaciones introducidas por el Gobierno para el ingreso de policías locales.

17-04-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Por noticias aparecidas en medios de comunicación hemos tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Almería ha realizado recientemente una convocatoria de 60 plazas de Policía Local para su provisión como funcionarios de carrera.

Según se indica en noticia de prensa, en la convocatoria correspondiente se contempla, en el apartado de exclusiones, la diabetes y otras enfermedades y procesos patológicos que han sido eliminadas como causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público, publicada en el BOE núm. 44, de 20 de febrero de 2019, mediante Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero.

A este respecto, hay que tener en cuenta que la Constitución Española, en su art. 14, consagra el principio de igualdad prohibiendo cualquier tipo de discriminación que pueda producirse por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Asimismo, nuestro texto constitucional reconoce, en su art. 23.2, el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y que dicho acceso a la función pública se realice de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. A la vez, en su art. 9.2, compromete a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

En este contexto, los poderes públicos deben impulsar la adopción de todas las medidas necesarias para la aplicación efectiva del principio de igualdad, especialmente en aquellas áreas, como la del empleo público, en la que la igualdad entre todos los ciudadanos constituye una exigencia constitucional que debe ser garantizada en todos los procesos que hayan de desarrollarse en el ámbito público.

En este sentido, y en relación con el impedimento que la enfermedad pueda suponer para el acceso y mantenimiento del empleo, la Sentencia Tribunal Constitucional 62/2008, de 26 de mayo, ha señalado que la enfermedad puede “en determinadas circunstancias, constituir un factor de discriminación análogo a los expresamente contemplados en el artículo 14 de la Constitución, encuadrable en la cláusula genérica de las otras circunstancias o condiciones personales o sociales contemplada en el mismo”.

En la parte expositiva del mencionado Acuerdo se señala que la eliminación de las exclusiones genéricas de los procesos selectivos de posibles aspirantes con enfermedades que no impiden el normal desarrollo de las tareas encomendadas al empleo público, contribuye a avanzar en la conformación de una sociedad que proscribe cualquier discriminación, facilitando al conjunto de la ciudadanía el disfrute de todos sus derechos. Y, concluye afirmando que, a partir de la entrada en vigor del mismo, ningún ciudadano podrá ser excluido de las pruebas por un diagnóstico, sin perjuicio de que el acceso al correspondiente empleo público estará condicionado por la superación, en idénticas condiciones, de las pruebas correspondientes.

El Acuerdo, en concreto, elimina de las causas genéricas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público: el VIH, la diabetes, la celiaquía y la psoriasis, de modo que se pueda aplicar esta medida a todas las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2019, adaptándolas a la evidencia científica en el momento de la convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio de la superación de las pruebas selectivas en cada caso.

Además, prevé revisar y actualizar las restantes causas previstas en los catálogos de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público, con los mismos criterios, y compromete a los Departamentos competentes a modificar las normas reglamentarias que contemplen dichas enfermedades y otras que, en base a la revisión propuesta, no deban figurar como causa de exclusión genérica al empleo público.

Por cuanto antecede, se inicia de actuación de oficio en aplicación de lo establecido en el art.1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida al Ayuntamiento de Almería y trasladarle esta problemática a fin de esclarecer los hechos referidos que derivan de la actuación de una Administración Pública y que afectan a los derechos que se derivan para la ciudadanía de los artículos 14, 23.2 y 103.1 de la Constitución Española y del art. 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, solicitando que se nos remita información al respecto a la mayor brevedad de conformidad a lo establecido en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora.

03-06-2020 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Recibido el informe solicitado del citado Ayuntamiento y examinado el mismo, observamos que desde un punto de vista estrictamente jurídico no existe una actuación contraria a nuestro ordenamiento jurídico que pudiera imputarse al mencionado organismo, toda vez que se apunta en el informe recibido que resulta necesario para la adaptación del cuadro de exclusiones médicas a las modificaciones introducidas por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, que la Comunidad Autónoma Andaluza proceda a la modificación para su adaptación a dicho Acuerdo, de la Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, concretamente su Anexo III, que recoge el cuadro de exclusiones médicas que regirán para el ingreso en las distintas categorías de los mismos.