Mediamos ante los cortes de luz en Atarfe

Se dirigía a esta Defensoría la Alcaldesa de Atarfe, por un número significativo de vecinos de dicha localidad que llevan sufriendo cortes de luz a diario. Entre la población afectada hay personas mayores y electro dependientes que están viendo vulnerado un suministro básico que tienen contratado. De la información recibida se deduce que la situación es compleja y hemos conocido la necesidad de intervención de las Fuerzas de Seguridad, en la medida que existen situaciones de enganches de luz irregulares.

La Alcaldesa nos muestra su desesperación para poder afrontar la situación.

Admitimos a trámite la queja y decidimos gestionar este asunto con un enfoque mediador, en el que se celebró una reunión entre las distintas partes afectadas.

En la primera reunión, la Alcaldesa de Atarfe inició su exposición con un relato humano sobre el impacto de los cortes en las familias que cumplen con sus obligaciones contractuales. El problema no es la falta de pago de los ciudadanos responsables, sino la sobrecarga de la red provocada por enganches ilegales vinculados, en gran medida, al cultivo de marihuana.

La regidora recordó un episodio crítico en julio del año pasado, cuando la intervención de la Guardia Civil derivó en agresiones a los agentes, lo que obligó a Endesa a retirar tendido eléctrico por motivos de seguridad, afectando a toda la población. No obstante, destacó que gracias a la colaboración iniciada en octubre de 2024, la situación ha mejorado sensiblemente.

El análisis municipal se centró en el barrio del “Barranco” (426 personas empadronadas), distinguiendo dos realidades:

- Zona Uno (Calles Álvaro Bazán y transversales): Se considera un caso de éxito parcial. Endesa ha instalado el cableado y los contadores, logrando la regularización de 23 viviendas. Solo queda un alta pendiente.

- Zona Dos (Barranco de la Ermita/Campo de Fútbol Viejo): Es el punto crítico actual. Existen 27 viviendas con problemas. Diez son casas prefabricadas (Junta-Ayuntamiento) que, pese a tener el contador aprobado, esperan la acometida de Endesa. Otras trece viviendas ya tienen el módulo instalado pero siguen sin suministro. La Alcaldesa expresó su temor a que estos vecinos, tras el esfuerzo económico por adaptar sus instalaciones a la normativa, vuelvan a la ilegalidad si la burocracia de la eléctrica no se agiliza.

Como nota positiva, se resaltó la figura de un vecino electricista que actúa como mediador pedagógico, ayudando a sus vecinos a cumplimentar trámites, lo que genera una confianza que la administración a veces no logra por sí sola.

El representante de Endesa fue tajante: la infraestructura eléctrica de Atarfe tiene potencia suficiente para la población legalmente contratada. El problema es el fraude masivo, que genera una sobrecarga tal que pone en riesgo la seguridad industrial y física de las personas. Los equipos están "sobredimensionados", pero el consumo desmedido de las plantaciones de marihuana agota cualquier margen técnico.

Endesa confirmó su disposición a ser flexible y facilitar bonos sociales o ayudas, pero reiteró que, mientras existan enganches ilegales para cultivos, es técnicamente imposible evitar que los fusibles salten para prevenir incendios o electrocuciones.

Por su parte, la Guardia Civil aportó datos que confirman la correlación entre el delito y los cortes de luz. Desde octubre de 2024, se han intervenido 9.500 plantas de marihuana, realizado 75 detenciones y 45 denuncias por defraudación de fluido eléctrico. Cada vez que se realiza una operación policial de gran escala, la estabilidad de la red eléctrica se recupera de forma inmediata, lo que demuestra que el origen del fallo no es el mantenimiento de la red, sino su uso delictivo.

Tanto el Subdelegado del Gobierno como el Delegado de Energía pusieron en valor el modelo de "El Darro" (Sierra Norte), donde la mediación de la Defensoría ya logró avances significativos. Se propuso como medida técnica la sectorización de los transformadores. Esta estrategia permitiría que, cuando se produzca una sobrecarga por fraude en una calle específica, el corte afecte solo a ese tramo y no a barrios enteros, protegiendo así a los ciudadanos que sí tienen contrato.

El Delegado de Energía subrayó que manipular el cableado es un peligro público y recordó una multa reciente de 10.000 euros a un vecino por esta causa. La solución, según los representantes autonómicos y estatales, debe pasar por una mayor implicación de la Fiscalía, ya que las fuerzas de seguridad a menudo encuentran trabas judiciales para entrar en domicilios donde se sospecha que hay cultivos, pero no hay una orden de registro inmediata.

El técnico de la Diputación de Granada ofreció la experiencia de los servicios de intervención social. La propuesta no es solo castigar el fraude, sino educar al ciudadano. Muchos vecinos enganchados para "consumo rutinario" (no delictivo) podrían regularizarse si reciben la información adecuada sobre subvenciones o el bono social. La Diputación se comprometió a formar a los equipos locales para que esta labor de acompañamiento sea efectiva.

El mediador de la Defensoría cerró la sesión constatando que existe un consenso total en que el problema es técnico, pero su solución es transversal. No basta con arreglar cables si no se erradica el cultivo y no se integra socialmente a la población vulnerable.

Los acuerdos finales para la Mesa de Trabajo Social incluyen:

- Censo y Estudio Socioeconómico: Elaborar un registro real de las viviendas afectadas para conocer quién no paga porque no puede y quién no paga porque delinque.

- Liderazgo Municipal: Apoyar a la Alcaldesa para que siga encabezando la prevención y la interlocución con los vecinos.

- Ampliación Institucional: Invitar formalmente a la Delegación Territorial de Inclusión Social y Familias para abordar el problema desde la raíz de la exclusión.

- Monitorización: Implementar sistemas de control que permitan a Endesa actuar sin necesidad de desplazar técnicos a zonas de riesgo de forma constante.

Tiempo después, se celebró una segunda reunión. El encuentro marcó el inicio de una fase de intervención que complementa las mesas técnicas ya existentes. El punto de partida será la elaboración de un censo y un estudio socioeconómico de las familias afectadas. Este diagnóstico permitirá diseñar estrategias de acompañamiento lideradas por la Alcaldía, con el apoyo de la Delegación de Inclusión Social, para educar a la población en el consumo responsable y facilitar la regularización de sus contratos.

El Ayuntamiento identificó un grupo de 15 viviendas en situación de bloqueo que, a pesar de haber iniciado los trámites, continúan sin suministro. Para desbloquear esta situación, se alcanzaron los siguientes compromisos:

- Instalación en bloque: Endesa realizará la conexión de estas 15 viviendas de manera simultánea y coordinada para agilizar el proceso.

- Apoyo económico: Se facilitará la contratación mediante el bono social. El Ayuntamiento, por su parte, gestionará el abono de los derechos de acometida pendientes de cinco familias.

- Flexibilidad técnica: Se acordó revisar el uso de trenzado aéreo en lugar de subterráneo, con el fin de eliminar barreras técnicas que retrasaban la obra.

La mediación subrayó la necesidad de una comunicación directa entre el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno y Endesa. Esta cooperación es vital para:

- Garantizar la seguridad: Mantener la colaboración con la Guardia Civil para erradicar el fraude y el cultivo de marihuana, causas principales de las sobrecargas.

- Atención a la vulnerabilidad: Identificar casos críticos que requieran ayudas específicas, como el acceso al Ingreso Mínimo Vital o recursos de inclusión social.