Nos informan de las actuaciones hechas para atender a la población migrante tras los últimos incendios en asentamientos e insistimos en más coordinación

En el expediente de referencia nos interesábamos por la gestión que se había realizado desde el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) y el conocimiento que tenían de los sucesos acaecidos en los asentamientos chabolistas de su municipio. En concreto el relacionado con el fallecimiento producido el 24 de este mes de enero y al incendio del 28 de diciembre del pasado año 2024 en el que afortunadamente no se habían registrado víctimas mortales.

Con respecto al fallecimiento ocurrido el 24 de enero en el asentamiento “El embalse”, nos indican que esta persona no se encontraba incluida en el censo que tienen elaborado para aportar al programa de erradicación de asentamientos chabolistas. Tampoco les consta que haya sido usuario de los servicios sociales comunitarios.

Nos indican que tras interesarse directamente por los trámites del cadáver, no han podido conocer quién se ha hecho cargo de los mismos, al no obtener información al respecto del único familiar que conocen. No consta en su informe otras indagaciones encaminadas a conocer esta situación.

Por lo que respecta al incendio del 28 de diciembre producido en el asentamiento “Sevillana Sur” nos traslada que afectó a 117 chabolas y 60 personas, que al parecer utilizaban las chabolas durante la campaña, aunque no puede precisar su número dado que “en el momento de la catástrofe no se registraron a las personas que solicitaban ayuda humanitaria”. Una ausencia de datos de los que disponen que no está en consonancia con los que entendemos han recogido las “las Entidades Sociales” que nos dice han coordinado.

Nos informan igualmente que las personas afectadas, bien volvieron a construir nuevamente chabolas en otros lugares o bien se alojaron con conocidos.

Respecto a la falta de seguridad que dicen tener en el municipio argumentando que la “delincuencia, robos, peleas y actos vandálicos, han aumentado considerablemente”, a lo que se ha de “sumar la reducción de efectivos de la Guardia Civil en la zona y la escasa plantilla de Policía Local”, entendemos que cuenta con datos de referencia que constan en la Subdelegación de Gobierno y que han informado sobre la falta de efectivos para su valoración.

Nos trasladan en su informe la desesperanza que le produce al equipo de gobierno enfrentarse a un problema que les sobrepasa como equipo de gestión, dado el escaso presupuesto de su ayuntamiento les impide atender las demandas que van surgiendo. Una situación que les lleva a necesitar la colaboración e implicación de otras administraciones para abordar la eliminación de los asentamientos mediante alternativas residenciales.

Una cuestión de la que somos conocedores y que hemos puesto de manifiesto en los distintos informes anuales que se envían al Parlamento Andaluz, así como al resto de administraciones implicadas en esta realidad.

Respecto al albergue que tienen ya terminado, nos trasladan las dificultades que tienen para su puesta en funcionamiento y que están proyectando la construcción de otro de similares características con unas 100 plazas más que contribuya a facilitar la apertura de ambos en su conjunto.

Es por ello que, habiendo argumentado esta situación con anterioridad en la queja de oficio 24/4639 y compartido con los responsables municipales en las reuniones que hemos mantenido en el municipio, nos hemos dirigido a la Dirección General de Políticas Migratorias a los efectos de que nos traslade, entre otras cuestiones, si junto a los Ayuntamientos han analizado las dificultades para poner en funcionamiento los equipamientos ya construidos, y en su caso, qué soluciones pueden aportar para que puedan ponerse en carga los mismo.

Respecto a las competencias de la administración local para abordar las necesidades de las personas migrantes que se han instalado en su término municipal, no compartimos que desde el ayuntamiento se limiten a colaborar a través de ”un compromiso”, dado que, sin perjuicio del auxilio que se requiera de la Diputación Provincial, así como de la Junta de Andalucía, tienen competencias relacionadas con la gestión de los servicios públicos municipales que afectan a quienes residen en su municipio.

Es por ello, que se les insta para solicitar la colaboración de todas las administraciones que considere, incluyendo la Estatal, para diagnosticar, planificar y ejecutar aquellas actuaciones que estén orientadas a eliminar la cronificación de los asentamientos mediante soluciones residenciales que de respuesta al sector económico de su municipio, en el que han de participar igualmente los empresarios que requieren de esta mano de obra.

Actuaciones como las ya ejecutadas al amparo de subvenciones de la Junta de Andalucía, como es el equipamiento ya construido y el que nos han indicado están planificando otras que se ofrezcan más posibilidades de gestión. . En todo caso, esta cuestión será abordada en el contexto de la queja de oficio antes mencionada.

Tras lo expuesto, tomamos nota de las aportaciones y procedemos a incorporar los datos aportados sobre las dificultades para la eliminación de los asentamientos a la queja antes citada 24/4639 para su análisis completo, una vez se recabe el resto de información de los órganos requeridos.

Al respecto de la situación del municipio, donde nos consta que residen un porcentaje muy elevado de personas migrantes le hemos sugerimos que soliciten la colaboración de las Administraciones y Tercer Sector para implementar programas interculturales, además de seguir reivindicando la prestación de unos servicios públicos que den respuesta a sus habitantes, dado que de lo contrario se contribuirá a generar agravios que pueden perjudicar la pacífica convivencia entre vecinos y vecinas. Unas colaboraciones que serán valoradas por esta Defensoría tal y como viene haciéndolo hasta la fecha.

Tras lo expuesto procedemos al cierre de esta actuación de oficio, una vez que hemos tomado conocimiento de lo expuesto por el Ayuntamiento respecto a las medidas que tienen a su disposición para atender las situaciones de urgencia en los asentamientos migrantes, como son los incendios, y las dificultades a las que se encuentran para abordar esta problemática, estando siendo analizadas por esta Defensoría en la actuación de oficio 24/4639.

Respecto a la información de los trámites del sepelio de la persona fallecida, entendemos que es una competencia no atribuida a ese ayuntamiento y habiéndose interesado por los mismos, aún sin información al respecto, no procede pronunciamiento de esta Defensoría al respecto.