Nos informan del estado de cumplimiento de la Ley de Memoria democrática en la provincia de Cádiz

En relación con el expediente de queja recibido en esta Institución referente a la falta de cumplimiento y control de diferentes acuerdos relacionados con la Memoria Histórica en la Diputación Provincial de Cádiz, Ayuntamiento de villamartín y Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Con respecto a la Diputación Provincial de Cádiz, con fecha 20 de junio de 2018, se adoptó por mayoría promover la creación de un Banco de ADN de restos exhumados y familiares de las victimas de la guerra civil, acordando establecer un Convenio Específico de Colaboración con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz. Así con fecha 13-10-2020 fue solicitado permiso de la Junta de Andalucía en relación a distintas actuaciones en varios municipios de la provincia sin que a la fechase conozca su ejecución.

Tras la solicitud de informe la Diputación nos traslada la existencia del convenio marco firmado en 2016 entre las Consejerías de Cultura y de Salud de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para analizar las muestras que se le envían desde cualquier punto de Andalucía, así como de las reuniones previas entre la Diputación y la Universidad de Cádiz en 2018, que se dilataron por un cambio del Rectorado y equipo de Gobierno de la Diputación en el año 2019, y la pandemia por el Covid-19 en el año 2020, no llegándose a firmar el convenio.

También que se estaba tramitando un contrato menor por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática para llevar a cabo la recogida de ADN de muestras de familiares de víctimas de la represión franquista, habiendo sido atendidas todas las peticiones de recogidas de muestras de ADN y derivadas a la Universidad de Granada.

Se informa de la solicitud de autorización a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en 25 municipios de la provincia, de cara a facilitar las tareas de indagación, localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, dichas intervenciones fueron autorizadas a través de la Orden de 24 de abril de 2021 (BOJA núm. 81, de 30 de abril de 2021).

De esta forma, una vez autorizada, se pueden programar diferentes intervenciones sin tener que recurrir a solicitar la autorización de una en una, acortando de este modo los plazos. Posteriormente, se han planificado intervenciones cada año, así como se facilita que se pueda intervenir con fondos de otras administraciones como la FEMP a través de los Ayuntamientos.

Así del listado de 25 localidades (Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Olvera, San José del Valle, San Pablo del Buceite, San Roque, Sanlùcar de Barrameda, Tarifa, Trebujena, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Villamartín) se están llevando actuaciones en 9 de ellas (Alcalá del Valle, Bornos, Castellar de la Frontera, Espera, Grazalema-Benamahoma, Jimena de la Frontera, San Roque, Tarifa y Trebujena). Igualmente se están llevando a cabo actuaciones, que fueron ya autorizadas previamente en Prado del Rey, El Puerto de Santa María y La Linea de la Concepción.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villamartín nos comunica que ha procedido a solicitar una subvención a la FEMP para realizar el proyecto de localización, exhumación y estudio antropológico de victimas de la dictadura franquista en el Cementerio de Villamartin, y concluida dicha actuación realizará los trámites necesarios para reconocer mediante placas los nombres de los represaliados y declarar como lugar de Memoria Histórica la fosa común del Cementerio Municipal.

De la misma forma, se informa que ni en el callejero ni en el nomenclátor de la localidad, existen elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la dictadura, y que los logos y emblemas ubicados en algunas viviendas o bloques de viviendas no suponen una exaltación directa de la sublevación de 1936, ni de Ia guerra civil ni tampoco de la represión franquista, si no que se trata del logotipo del Organismo estatal que promocionó entonces la construcción de las viviendas, que en todo caso están situadas en viviendas particulares por lo que habría que contar con la autorización de los propietarios.

Por último, por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico traslada que las concretas actuaciones en la provincia de Cádiz han sido autorizadas mediante la Orden de 24 de abril de 2021 en respuesta a las peticiones efectuadas por la Diputación que será quien determine las fechas de su ejecución (tal y como hemos referido en el inicio del presente escrito).

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto se encuentra en vías de solución, si bien respecto a la existencia de los logos y emblemas ubicados en algunas viviendas o bloques de la localidad se le ha trasladado al Ayuntamiento que en otras Corporaciones municipales les han ofrecido a los propietarios la retirada sin costes de dichas placas y símbolos.

Con la información aportada procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en su expediente de queja, sin perjuicio de que pasado un tiempo prudencial se realice un seguimiento sobre la evolución de estas actuaciones.