Nos interesamos por la gestión de incentivos del Plan MOVES III (mejora energética del transporte en Andalucía), tras recibir quejas ciudadanas

Mediante Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, publicada en BOJA núm. 133, de 13 de julio de 2021, se convocaron los incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril (Programa MOVES III).

Su finalidad no es otra que el impulso a la descarbonización y eficiencia del sector del transporte, avanzando hacia una movilidad cero emisiones, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.

Por ello, el programa MOVES III contempla dos tipos de incentivos: la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible y la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Dicha convocatoria establecía que el plazo de presentación de las solicitudes de incentivos comenzaría el día 20 de septiembre de 2021, finalizando el día 31 de diciembre de 2023 o bien, con anterioridad, mediante resolución expresa de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía.

El interés de la ciudadanía por acceder a estos incentivos ha supuesto la presentación masiva de solicitudes concentrada en un mismo y muy corto periodo de tiempo, superando la evolución normal de petición de ayudas que venía gestionando la Agencia Andaluza de la Energía, tal como nos confirman en uno de los informes remitidos a esta Institución con ocasión de la tramitación de una queja individual por falta de pago de la ayuda.

Lógicamente, esta presentación masiva de solicitudes ha tenido como consecuencia el retraso en la resolución de concesión de incentivos a las personas que los han solicitado, así como en el pago de los mismos desde la presentación de la necesaria cuenta justificativa.

En este sentido venimos recibiendo quejas ciudadanas relacionadas con ambas situaciones, bien la falta de una resolución administrativa de concesión o bien la falta de pago del incentivo concedido.

A modo de ejemplo podemos citar algunas quejas tramitadas en las que hemos observado esta situación.

Así, en la queja 22/7469 podíamos conocer que la solicitud formulada con fecha 18/10/2021 fue resuelta con fecha 7/06/2022 y que, presentada la oportuna cuenta justificativa, con fecha 27/07/2022, siete meses después se encontraba pendiente de análisis.

En la queja 23/2894 transcurrían nueve meses desde la presentación de solicitud a la resolución de concesión (del 23/11/2021 al 26/08/2022) y otros nueve meses después tampoco se había iniciado el análisis de la cuenta justificativa presentada con fecha 19/09/2022.

La queja 23/4446 se admitía a trámite porque la solicitud presentada con fecha 7/06/2022 aún se encontraba en trámite, según la información que constaba en la plataforma de tramitación a fecha 31/05/2023.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se ha estimado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo.

En el curso de esta actuación nos hemos dirigido a la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Industria, Energía y Minas), como organismo encargado de la tramitación de este tipo de ayudas.

Nos interesa conocer el número de solicitudes presentadas en el programa MOVES III, plazo medio para su resolución y número de ellas que se encontrarían pendientes de resolución, con identificación de la fecha de presentación de solicitud.

Asimismo nos interesa conocer el número de solicitudes de ayuda concedidas dentro del Plan MOVES III con cuenta justificativa presentada y completada pendiente de análisis, en su caso, para proceder al pago.

Igualmente queremos conocer las medidas que, según informan, están adoptando para agilizar la tramitación de expedientes y proceder al pago de los incentivos con la mayor rapidez posible.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

Asimismo, de forma indirecta, a través de la finalidad perseguida con el programa, el derecho a un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable previsto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Igualmente se encuentra implicado el derecho a una buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.