Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 12/3696 dirigida a Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General de Infraestructuras
ANTECEDENTES
Esta Institución abrió en su día de oficio la presente queja al tener conocimiento, a través de los medios de comunicación, del descontento ciudadano existente en la zona del Valle del Guadalhorce ante la paralización, durante años, de las obras de conclusión de la carretera entre el municipio de Coín y la Autovía A-357, entre la variante de Coín y Casapalma.
Ello había originado, siempre según estas noticias, que se constituyera una plataforma vecinal que había organizado diversos actos para trasladar a la actual Dirección General de Infraestructuras su protesta y reivindicaciones por esta situación que, al demorarse durante muchos años, propicia graves problemas de comunicación a los municipios de la zona y dificulta los viajes de los vecinos de dichas poblaciones.
En el informe que nos remitió la citada Dirección General nos daba cuenta de las características del proyecto, de las incidencias acaecidas durante el desarrollo de las obras que habían determinado modificaciones y retrasos en su ejecución y de la situación actual de la obra, que se encuentra ejecutada en un 85% aproximadamente. También se aclaraba que, aunque las previsiones de finalización de las obras lo eran durante el segundo semestre de 2012, “estas previsiones se han visto alteradas por las nuevas circunstancias económicas y las restricciones presupuestarias que han obligado a una reprogramación de las anualidades fiscalizadas para este contrato, lo que hace provisionalmente inviable la continuidad de los trabajos, por lo que se da Orden de paralización total temporal con fecha 25-4-2012, hasta que exista disponibilidad presupuestaria, sin que en estos momentos se pueda aventurar una fecha de finalización”.
CONSIDERACIONES
Lo cierto es que esta carretera resulta vital para la mejor conexión del Valle del Guadalhorce y podría solventar los graves problemas de comunicación de los municipios de la zona y las dificultades en los viajes de los vecinos de dichas poblaciones, lo que motiva la demanda ciudadana existente para su finalización.
Así las cosas, no cabe desconocer la difícil situación económica actual y las dificultades presupuestarias que afectan a las Administraciones Públicas, lo que motiva decisiones de política económica que difícilmente puede entrar a valorar esta Institución. Por ello, debemos reconocer que la paralización de las obras no constituye una actuación administrativa que implique infracción del ordenamiento jurídico o menoscabe el ejercicio de un derecho, por más que se ve frustrada una legítima aspiración de los ciudadanos en poder contar con una infraestructura que podría mejorar substancialmente la comunicación de las poblaciones de la zona.
Igualmente, el avanzado grado de ejecución del proyecto aconseja hacer los máximos esfuerzos posibles para su conclusión a fin de poder rentabilizar los fondos públicos que ya se han empleado para su construcción y aunque esta Institución comprende, reiteramos, las limitaciones presupuestarias que afectan a esa Administración y reconoce la necesidad de establecer un orden de prioridades, creemos que resulta obligado agotar cuantas posibilidades existan y que permitan la culminación del proyecto y su total ejecución.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente
RESOLUCIÓN
SUGERENCIA para que que, ante el avanzado grado de ejecución del proyecto de obra de esta carretera, cifrado aproximadamente en un 85%, la evidente mejoría que la culminación de la obra supondría para la comunicación de las poblaciones de la zona y la demanda ciudadana existente de la misma, con el fin de optimizar y rentabilizar al máximo los fondos públicos ya empleados en las obras de esta infraestructura, por parte de esa Dirección General se realicen cuantas gestiones sean precisas a fin de intentar que el próximo presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma contemple la dotación precisa para la culminación de un proyecto calificado como vital para la conexión del Valle del Guadalhorce y el impulso de su actividad económica.
José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones
0 Comentarios