Pedimos al Ayuntamiento que inscriba en el Padrón a la persona y a su familia, además de reconocer otros documentos como válidos para su acreditación

Nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento de Utrera en relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado, referente a la situación de Doña (...), vecina de Utrera, la cual nos expone una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en particular para obtener una resolución expresa y favorable a la modificación de sus datos en el Padrón de Habitantes.

Un acto administrativo que le concede el ejercicio de unos derechos y obligaciones adquiridos con la vecindad administrativa, así como los previstos en la Constitución española respecto a la asistencia sanitaria, a la educación y elección del centro escolar para su hijo, entre otros.

Una vez analizada la documentación e información aportada al expediente de queja y analizada la solicitud de inscripción o modificación en el Padrón de Habitantes, según modelo disponible en la página web del Ayuntamiento (https://sede.utrera.org), así como con la normativa que resulta de aplicación al caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el art. 29 de la Ley 9/1983 de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, formular la siguiente Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero: Con fecha 22 de marzo de 2022 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Doña (...), a través de la cual nos expone que el Ayuntamiento de Utrera no ha practicado la modificación padronal por cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes por no aportar la documentación que le fue requerida, lo que le conlleva no poder ejercer muchos derechos.

Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente en base a los referidos antecedentes en cuanto a los requisitos y documentación exigidos para practicar la modificación en el Padrón Municipal de Habitantes, conviene realizar a su Ayuntamiento las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero.- El Padrón como medio de prueba de residencia.

El artículo 16 de la LRBRL en su apartado primero dispone:

“El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.“

Así el Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto del Código Civil en su artículo 40 dispone:

“Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil. “

En relación a la inscripción en el padrón municipal, el artículo 17.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, establece lo siguiente:

«Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad.»

Pues bien, sobre estos fundamentos normativos, queda acreditado que la interesada que reside en el municipio de Utrera, quiere actualizar su domicilio que se encuentra en (...), siendo obligación de la Administración realizar dicho acto de modificación en la inscripción para actualizar su Padrón a la realidad existente de Doña(...) y su familia.

Segundo.- El procedimiento administrativo del empadronamiento.

Si bien, los principios generales y disposiciones de común aplicación contenidos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge para los procedimientos iniciados a instancia de parte los siguientes trámites, siendo de aplicación al procedimiento del objeto de la queja:

“Artículo 66:

1.-Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

4.- Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.

Artículo 68:

1.- Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. “

Analizada la normativa y la praxis del procedimiento por el ayuntamiento, mirando desde una óptica superficial se observa que no se ha cumplido con todos los cauces formales en su tramitación, dado que el Ayuntamiento a fecha de hoy no ha dictado resolución expresa que archive el procedimiento por entenderlo desistido.

Desde esta Institución en su labor supervisora, nos adentramos aún más en la problemática que el asunto genera a esta familia, pues su solicitud no se archiva por no acompañar los documentos preceptivos, observando que el modelo normalizado de inscripción/modificación en el Padrón de Habitantes (documento adjunto a la Resolución) que el Ayuntamiento de Utrera dispone, exige exclusivamente como medio de acreditación del uso de la vivienda:

“-Contrato o escritura de compraventa.

-Contrato de arrendamiento en vigor acompañado del último recibo de alquiler.

-En caso de autorización de persona empadronada: título acreditativo de la posesión efectiva de la vivienda (propiedad, alquiler...) a nombre de la misma. Cuando se cumplimenten o presenten autorizaciones se acompañarán fotocopias de los documentos de identidad de los autorizantes .”

En la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actuaciones del padrón municipal, el apartado 2.3 dispone:

“Documentación acreditativa del domicilio de residencia.

El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar donde residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio ni por los derechos que podrían derivarse de una certificación acreditativa de aquel hecho”.

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el art.17.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde dice que los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos éstos concuerden con la realidad.

Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento en el art. 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para exigir la aportación de documentos a sus vecinos tienen como única finalidad comprobar la veracidad de los datos consignados, como textualmente señala el propio artículo.

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.

Y, en concreto la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite al vecino “el título que legitime la ocupación de la vivienda no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.

Para ello este título puede ser:

• Título de propiedad (escritura, contrato de compraventa, nota del registro, comprobación de bases de datos municipales donde conste dicha propiedad, etc.).

• Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del último recibo de alquiler.

El Ayuntamiento tiene la potestad de aceptar otros documentos, hechas las comprobaciones que considere oportunas (suministros de luz, agua, etc.).

Asimismo, el gestor municipal podrá comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón”.

En conclusión, como se deduce de la Resolución de 17 de febrero de 2020 de referencia, el Ayuntamiento de Utrera puede aceptar otros documentos distintos a los requeridos en relación a la vivienda y realizar las comprobaciones que estime oportunas para verificar el domicilio de Doña (...) y su familia, no teniendo que ser la documentación exigida por el mismo tan reglada y rigurosa como refleja el requerimiento de subsanación de documentación formalizado por la administración.

Uno de ellos puede ser el informe por la Policía Local que refleje la ocupación actual de la vivienda por una persona. La constatación de esta realidad, no confiere ningún derecho ni expectativa de derecho sobre la vivienda en la que reside, que al ser de titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, requerirá de la regularización de esta Agencia, en el caso de que proceda conforme a la normativa de aplicación.

La evidencia de que la Sra. (...) reside en la vivienda donde solicita ser empadronada, sólo acredita su lugar de residencia a los efectos del Padrón.

La entidad local dispone del poder para ejercer su potestad de una forma flexible y discrecional sin incurrir en arbitrariedad alguna para facilitar el cumplimiento de la obligación legal al ciudadano, al amparo de la normativa aplicable y todo ello a los efectos de facilitar al solicitante de la modificación de los datos de su inscripción en el padrón municipal los derechos que le asisten en su municipio.

Igualmente debemos mencionar, que la citada Resolución dispone en su punto 1.13 que si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la resolución estimando o desestimando la solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los efectos empadronado en ese municipio (artículo 24 de la Ley 39/2015), desde la fecha de su solicitud.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el art. 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN 1. - para que tramiten la modificación de los datos en la inscripción de la interesada Doña (...) y su familia, aplicando el silencio positivo por haber transcurrido tres meses desde la solicitud de empadronamiento. Todo ello conforme al punto 1.13 de la Resolución de 17 de febrero de 2020 que recoge que “Si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la resolución estimando o desestimando la solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los efectos empadronado en ese municipio (artículo 24 de la Ley 39/2015), desde la fecha de su solicitud”

RECOMENDACIÓN 2. - para que en aquellos casos donde no se pueda aportar el título de propiedad o contrato vigente de arrendamiento, siguiendo las indicaciones de la Resolución de referencia y en consonancia con el apartado 2.3 que trata de la “Documentación acreditativa del domicilio de residencia”, soliciten, en el caso de no haberla presentado, otra documentación (suministros de luz, agua, etc.).

Pudiendo comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente los solicitantes habitan en el domicilio indicado en su solicitud de empadronamiento o modificación y en caso afirmativo procedan a efectuar el cambio de domicilio en el Padrón, así como apliquen los efectos del silencio administrativo positivo si procede a los efectos oportunos.

Una recomendación que deberá ser tenida en cuenta en el expediente de Doña (...) y su familia, en el caso en el que no proceda la recomendación 1.

RECOMENDACIÓN 3. - para que se incluyan en los modelos y solicitudes normalizados para la inscripción y/o modificación en el Padrón de habitantes la posibilidad de aportar otra documentación de los solicitantes (suministros de luz, agua, etc.), así como instar la comprobación por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que acredite realmente que las personas solicitantes habitan en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo o practicar la modificación en el Padrón.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz