Preguntamos por la gestión de las ayudas del alquiler y la rehabilitación destinadas a personas vulnerables

La necesidad de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma afecta a un buen número de personas con indicadores de vulnerabilidad, cada vez más cronificada. Suelen ser personas, con poca formación o carente de ella, con trabajos muy precarios y discontinuos o procedentes de la economía sumergida, que junto a los recursos que proceden de prestaciones económicas no contributivas como es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta Mínima de Inserción (RMISA) o la Prestación No Contributiva (PNC), garantizan, al menos, la cobertura de sus necesidades básicas.

Así nos lo traslada la ciudadanía en las numerosas quejas recibidas en las que nos manifiestan las dificultades que tienen para subsistir en su día a día quienes no disponen de recursos suficientes para acudir al mercado privado.

Situaciones todas ellas que se puso de manifiesto en el Informe Anual 2023, que esta Defensoría eleva al Parlamento de Andalucía. Se recogía en esta dación de cuentas que “La mayor parte de los sectores excluidos se emplea en puestos de trabajo «normalizados», aunque no por ello de calidad”.

El derecho a la vivienda se ha convertido en este último año en un clamor popular, y por lo tanto en el centro de la agenda política y social. Tal y como recoge el reciente informe del Banco de España, el crecimiento demográfico, la compraventa por extranjeros, junto al “limitado crecimiento de la oferta de vivienda nueva” parece haber “contribuido a sostener el aumento de los precios”, habiendo incidido también el fácil acceso al crédito hipotecario, junto a la capacidad de compra de muchos hogares que se ha visto mejorada en los últimos años.

Estas tendencias no solo han afectado a la vivienda en propiedad, sino que también han arrastrado el mercado de la vivienda en alquiler, donde la demanda se sitúa por encima de la oferta, que a su vez se ha visto condicionada por la proliferación de otros usos, como el turismo, que han venido a aumentar los ingresos de los propietarios y a su vez ha reducido el número de viviendas en alquiler para uso residencial, principalmente en las grandes ciudades y aquellos municipios con un valor patrimonio que atrae gran número de personas.

Una realidad que tiene sus efectos en quienes demandan acceder a una vivienda teniendo que dedicar un mayor esfuerzo, tanto para la adquisición como para el alquiler, y que impide a quienes tienen recursos muy escasos tan solo planteárselo. Tal y como se indica en este informe este “sobresfuerzo” llega a alcanzar más del 40% de los ingresos familiares, dado que al precio del alquiler hay que añadir el de los suministros básicos como el agua o la electricidad, estando muy por encima de los referentes de la media europea, que se encuentran entorno al 27%.

Ante una demanda que supera la oferta de vivienda asequible, cada vez es más frecuente recibir quejas en las que nos trasladan las dificultades que tienen estas personas para acceder a una vivienda. La falta de respaldo familiar para alquilar en el mercado privado además de no disponer de avales que garanticen a los propietarios el pago de las rentas, abocan a estas personas a recurrir a nuevas situaciones como el alquiler de habitaciones, cada vez más frecuente. Una situación que no solo afecta a quienes no tienen cargas familiares, sino que también se incluyen a mujeres con hijos e incluso a unidades familiares completas que se ven abocadas a convivir con otras, generándose conflictos que inciden de una manera muy negativa en los menores.

Es significativo que muchas de estas personas suelen ser familias que provienen de desahucios, tanto hipotecarios como por impago del alquiler. La falta de recursos para hacer frente a las obligaciones bancarias, así como a las rentas mensuales, junto a las dificultades para acceder al escaso parque público, lleva a la desesperanza, sin saber qué hacer, ni a quién acudir.

Son situaciones que requieren un conjunto de medidas de distinta índole, a corto, medio y largo plazo, que faciliten el acceso a un recurso residencial adecuado a las necesidades vitales de una persona. Hasta tanto no se disponga de un parque residencial que equilibre la oferta y la demanda, las convocatorias de subvención para el alquiler a personas vulnerables y jóvenes se convierten en recursos necesarios para responder a los precios de la vivienda que están muy por encima de la capacidad económica de estas personas.

Esta Defensoría ha estado pendiente de la tramitación de cada convocatoria de alquiler constatándose las dilaciones que se producen en las distintas provincias andaluzas en resolverlas. Así, a modo de ejemplo, hemos podido constatar en la tramitación de la queja de oficio 19/2709 que muchas de las resoluciones de las ayudas de la convocatoria de la Orden de 30 de octubre de 2018 de la entonces Consejería de Fomento y Vivienda se han dilatado más de dos años, provocando un perjuicio en quienes las necesitaban para cubrir los gastos por el alquiler de su vivienda. Igual ocurre con la convocatoria de 2022, que a la fecha de esta actuación de oficio sigue sin resolverse un buen número de solicitudes. Una situación a la que hay que sumar el retraso en la resolución o el ingreso de las cuantías aprobadas del denominado Bono Joven, tal y como también se pudo constatar en las actuaciones de oficio 22/6541 y 23/8477, que dos años después y casi coincidiendo con nuevas partidas presupuestarias para tal finalidad, solo se ha agotado el presupuesto asignado en algunas provincias. Realidades que afectan de forma desigual a quienes residen en uno u otro territorio de nuestra comunidad autónoma.

También hemos podido constatar que no son pocas las personas que residen en viviendas antiguas, mal conservadas y con necesidad de rehabilitación, unas veces de menor envergadura y otras de pequeñas cuantías. Así, nos lo trasladan en las quejas recibidas no disponer de recursos suficientes para acometer reformas en sus viviendas, sin que el ayuntamiento de referencia cuente con programas adecuados a sus necesidades y en el caso de existir alguna línea de ayuda necesitan de un proyecto técnico además de las cuantías para el abono de las tasas municipales y el impuesto asociado a las mismas, una inversión que en la mayoría de los casos supera la capacidad económica de sus propietarios.

En similares circunstancias se encuentran quienes viven cada día atrapadas en edificios plurifamiliares antiguos, sin accesibilidad, que requieren intervenciones de rehabilitación que además faciliten la movilidad. Son personas que no disponen de los recursos suficientes para las obras de adecuación, ni habilidades para gestionar una comunidad de propietarios, que es la que debe solicitar las subvenciones públicas.

Siendo por tanto la vivienda digna un derecho de una gran relevancia social que ha sido objeto de reconocimiento en organismos nacionales e internacionales a través de la distinta normativa dictada a tal efecto, y habiéndose llegado en estos últimos años a detectar carencias que requieren ser analizadas para poder revertir la situación expuesta, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se apertura una actuación de oficio dirigida, a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, organismos que tramitan las distintas convocatorias públicas de alquiler y rehabilitación antes mencionadas y conocedoras de la realidad que se describe con anterioridad, así como a los Ayuntamientos de las 8 provincias Andaluzas como vertebradores de líneas de ayudas con el mismo objetivo, con un conocimiento de primera mano de las necesidades de sus residentes.

Entre otras cuestiones, interesa conocer a esta Defensoría, las cargas de trabajo de los órganos gestores en relación a los recursos humanos disponibles, así como las fuentes de financiación y los factores que provocan, en su caso los retrasos en la tramitación de las distintas subvenciones, en el caso de que los hubiere, y las posibles soluciones.

Una actuación en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 estableciéndose en la misma que la vivienda contribuye de forma directa a aliviar la pobreza (ODS 1) garantizando que todas las personas, en particular las personas más vulnerables, tengan el mismo derecho a recursos económicos y acceso a los servicios básicos y al reducir las situaciones, exposición y vulnerabilidad a fenómenos climáticos. Tal y como se contempla en el ODS 3, relacionado con la salud y el bienestar, las viviendas con instalaciones adecuadas de calefacción, ventilación y espacio suficiente contribuyen de manera directa a la reducción de enfermedades y al bienestar físico y mental de sus ocupantes. Por su parte, en el ODS 5 sobre la Igualdad de Género, se recoge que tener un hogar seguro favorece directamente la eliminación de la violencia de género y su inclusión en la sociedad.

Es necesario poner de manifiesto que de forma indirecta, el sector de la vivienda puede contribuir al acceso al empleo y a condiciones de inclusividad laboral reduciendo las desigualdades (ODS 10), facilitando la consolidación de ciudades más inclusivas, justas y sostenibles (ODS 11) y contribuyendo a la preservación del patrimonio residencial de los pueblos y ciudades andaluzas.