Preguntamos por la situación de los órganos judiciales de la provincia de Huelva

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Nos informan de las medidas previstas para la dotación de personal en los órganos judiciales de Huelva.

03/06/2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Las quejas dirigidas por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior. Entre esta variedad de supuestos, la amplitud de los problemas que se relatan exige una priorización a la hora de destacar aquellos casos que, por la entidad del asunto planteado o por la frecuencia a la hora de implicar a órganos judiciales concretos, despiertan una especial atención y suscitan la consecuente necesidad de procurar una respuesta prioritaria.

Esta nota de especial singularidad en los problemas judiciales se aprecia, ahora, con motivo de repetidas quejas que se tramitan en relación con la situación de los órganos judiciales de la provincia de Huelva. Las dificultades de esta demarcación han generado numerosas peticiones para reforzar los órganos judiciales adscritos a esta provincia. De hecho, los antecedentes que obran en esta Institución exponen otras quejas promovidas desde el propio Defensor del Pueblo Andaluz para impulsar la debida dotación de recursos judiciales en esta provincia.

Así citamos la queja 14/5607 sobre Situación de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Palma del Condado (Huelva); la queja 16/1442, relativa a Dilaciones y graves retrasos en el funcionamiento de los Juzgados de lo Social de Huelva; queja 16/1919 sobre Carencias de personal para atender el Registro Civil de Ayamonte (Huelva); o la queja 17/2424 sobre Expedientes de incapacitación de personas mayores en las provincias de Huelva y Sevilla.

Por fin, tras años de espera se ha acordado la dotación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia nº 9 para Huelva (Real Decreto 256/2019, de 12 de abril (BOE de 13 de Abril). Esta necesaria medida ha ratificado todos los argumentos que, desde hace años, concluían en la obligada presencia de un nuevo juzgado para Huelva.

Sin embargo, no es menos cierto que la medida venía siendo ratificada durante años entre las previsiones de creación de nuevos órganos para Andalucía y no podemos deducir que se haya precipitado de manera repentina entre las planificaciones gestionadas por los responsables de Justicia en el ámbito autonómico. Y sólo podemos añadir, tras la felicitación por este nuevo Juzgado, la inmediata necesidad de perseverar en este proceso que complemente y dote a la provincia de las necesidades que tiene sobradamente acreditadas.

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de las demandas elaboradas desde todas las instancias judiciales y operadores jurídicos. Y así se expone que “El comunicado, hecho público desde el Colegio de Abogados este lunes, está firmado por el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón; el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores; la secretaria coordinadora provincial, Aurora Marín; el juez decano de Huelva, José Manuel Borrero; el decano del Colegio de Abogados, Fernando Vergel; y del Colegio de Procuradores, Inmaculada García; así como la presidente del Colegio de Graduados Sociales, María Isabel González, para los que urgen inversiones en los partidos judiciales de la provincia de Huelva, debido a la situación en la que están los juzgados de lo social en la capital y los juzgados en Ayamonte, La Palma del Condado y Moguer”.

Estas reivindicaciones encuentran a su vez amparo y argumentos de apoyo de indudable solvencia. De hecho, la reciente Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2018 recoge en su apartado III Necesidades judiciales, los órganos que son demandados para la provincia occidental. En concreto se solicita formalmente por el TSJA “como propuesta de mínimos” las siguientes unidades:

• Una plaza de Magistrado para el orden civil.

• Una plaza judicial para Primera Instancia

• Una plaza judicial para Juzgado de Familia

• Una plaza judicial para Ayamonte.

• Una plaza judicial para La Palma del Condado

• Una plaza judicial para Moguer

• Una plaza judicial para Juzgado de lo Social.

No debemos dejar se destacar las afirmaciones argumentadas que expresa el propio TSJA a la hora de exponer estas formales necesidades:

“La propuesta de incremento de planta que se recoge seguidamente toma como referencia la Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, cuya creación precisará, entre otros extremos, la superación del módulo en más de un 30% de media en los cinco años anteriores. Por otro lado, hemos tomado en consideración que la necesidad de ampliación de la planta judicial resulta también acuciante tras la reforma del art. 347 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que limita enormemente la posibilidad de que los Jueces de Adscripción Territorial puedan realizar funciones de refuerzo, al primarse de forma cuasi exclusiva el desempeño por los mismos de funciones de sustitución” (pág, 207).

Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos. En concreto desearíamos conocer:

• Fecha de puesta efectiva en funcionamiento de la nueva plaza identificada como Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Huelva.

• Diseño y asignación de medios personales del personal funcionario para el nuevo Juzgado.

• Actuaciones singulares realizadas desde la responsabilidad autonómica en orden a la consecución de las necesidades evaluadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Memoria de 2018 para la provincia de Huelva.

25-11-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La Consejería de Justicia e Interior ha remitido un detallado informe, en el que se repasan las medidas adoptadas para asignar personal en varios órganos judiciales de la provincia onubense. Así nos indica:

“Fecha de puesta efectiva en funcionamiento de la nueva plaza identificada como Juzgado de Primera Instancia, nº. 9 de Huelva.

La propuesta elevada por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y atendida por el Ministerio de Justicia, prevé la entrada en funcionamiento el 30 de junio de 2020.

Diseño y asignación de medios personales para el nuevo juzgado.

Se mantiene la homogeneidad con la plantilla orgánica de órganos de similar naturaleza en la provincia, por tanto la propuesta de creación de plantilla comprende los siguientes efectivos:

• Cuerpo	Efectivos
  Gestión PA	4
  Tramitación PA	5
  Auxilio Judicial	1

Por último, indicar que durante el año 2020, de acuerdo con el Real Decreto 255/ 2019, de 12 de abril, por el que se amplia la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, se dotará de dos plazas de segunda categoría a la Fiscalía Provincial de Huelva, lo que llevará aparejada la subsiguiente creación de dos puestos de Tramitación Procesal y Administrativa”.

Igualmente, se señala que se han ampliado los refuerzos en una plaza de Gestión, 17 plazas de Tramitación y 5 de Auxilio. Además en los Juzgado de violencia se han dispuesto ocho plazas de refuerzo.

Podemos resumir, por tanto, que el punto de partida de la actuación de oficio viene a coincidir con la efectiva presencia de necesidades de personal y refuerzos dentro de un contexto de dotar al territorio de Huelva con mayor número de órganos judiciales, en consonancia con las valoraciones que se han expresado en las últimas Memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Recordemos que la reciente Memoria TSJA de 2018 recoge en su apartado III Necesidades judiciales, los órganos que son demandados para la provincia occidental. En concreto se solicita formalmente por el TSJA “como propuesta de mínimos” las siguientes unidades para Huelva:

• Una plaza de Magistrado para el orden civil.

• Una plaza judicial para Primera Instancia

• Una plaza judicial para Juzgado de Familia

• Una plaza judicial para Ayamonte.

• Una plaza judicial para La Palma del Condado

• Una plaza judicial para Moguer

• Una plaza judicial para Juzgado de lo Social.

En todo caso, y a la vista de dicha información, la Consejería ha procurado atender la cobertura de las plazas a través de estos refuerzos indicados que, desde el punto de vista estricto de las necesidades de personal funcionario, procura paliar, siquiera parcialmente, dichas carencias.

Confiamos, pues, que los impulsos y las gestiones de estas necesidades acreditadas merezcan el mantenimiento de las dotaciones necesarias para estos órganos judiciales, así como para la creación de los nuevos órganos evaluados por el TSJA para la provincia de Huelva. Para ello, desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz se continuarán realizando las actuaciones de seguimiento necesarias.

Agradeciendo la colaboración de esa Consejería a lo largo de la tramitación de la presente queja, le saluda atentamente