Preguntamos por las actuaciones implementadas ante los últimos incendios en asentamientos en Lucena del Puerto

Hemos tenido conocimiento de los incendios que se han producido en los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto en el último mes, con el resultado de un fallecimiento en el sofocado el 24 de este mes de enero.

Unos sucesos que han puesto de manifiesto el riesgo al que se enfrentan cientos de personas que, dadas las características de las chabolas que habitan, son susceptibles de situaciones como las sucedidas, que lamentamos profundamente.

Distintas asociaciones del tercer sector, representantes de partidos políticos y medios de comunicación, han dado la voz de alarma ante los continuos incendios que se vienen produciendo año tras año. Esta Defensoría se hace eco de ello, especialmente cuando se produce una muerte, como es lo sucedido en este último.

Al parecer, el incendio del 24 de enero en el poblado Santa Catalina junto al embalse, fue consecuencia de la mala combustión de una hoguera que la persona fallecida habría fabricado para poder calentarse dentro de la propia chabola, encontrando los dispositivos trasladados, como el 112, o los bomberos, el cadáver de su morador. Una persona que informan es de Ghana y que, desconocemos a la fecha de esta petición de informe, si residía de manera permanente en este asentamientos o se había trasladado para trabajar como temporero. Tampoco tenemos noticias del alcance producido a otras chabolas del poblado.

Por su parte en el incendio acontecido el pasado 28 de diciembre, hace menos de un mes, sin lamentar fallecimientos, ardieron más de 120 chabolas en el asentamiento denominado El Sevillano o El bosque 2. Todo ello según ha trascendido a través de los medios de comunicación. Una magnitud a la que al parecer han contribuido las bombonas de butano que se encontraban en las chabolas para cocinar o incluso para calentarse.

En este caso, se evidenciaba que el incendio hubiera dejado sin techo a cientos de personas, no habiendo ofrecido ninguna solución habitacional por parte de las Administraciones, abandonándolas a su suerte y con la sola ayuda de entidades que aportan servicios básicos de primera necesidad.

Una situación que se agrava cuando afecta a mujeres solas, que según se traslada desde los medios de comunicación, vinieron con el contingente traído de origen para las campañas y que como consecuencia del engaño de las mafias no han retornado, quedando en situación de irregularidad y por lo tanto en un grave desamparo.

Denuncia “Adelante Andalucía” que la administración no tiene articulada ninguna respuesta para dar solución a estas situaciones, remitiendo al Plan de Erradicación del Chabolismo, que tras años de trabajo no consigue tener sus frutos, especialmente en ese término municipal.

Hemos de tener en cuenta que hablamos de personas que llegan para trabajar en el campo y que prácticamente todas ellas tiene tajo en las distintas campañas agrícolas, no encontrando otras soluciones habitacionales que no sean las chabolas disponibles en los distintos poblados.

Como conoce, esta Institución viene trabajando durante años con su Ayuntamiento, y resto de administraciones con competencia en la erradicación de estos asentamientos, para profundizar sobre las actuaciones que se vienen llevando a cabo para facilitar a quienes residen de forma continuada en estos poblados el acceso a unos recursos residenciales acordes a sus necesidades socioeconómicas.

Un Plan de Trabajo, que en coordinación con el Defensor del Pueblo de España, viene recabando información sobre los avances y dificultades que impiden implementar las medidas más adecuadas para esta finalidad.

En concreto, en el contexto de la queja de oficio 24/4639, se solicitaba a su Ayuntamiento esta información. Ante el retraso para facilitarla, el pasado mes de diciembre se desplazó un equipo técnico a su municipio para mantener una reunión con usted, en la que se le trasladaba la importancia en el informe solicitado, dado que era necesario poner de manifiesto los desafíos a que se enfrenta esa corporación y la capacidad de gestión que tiene para llegar a buen fin.

Tras la visita antes mencionada, recientemente se ha recibido informe donde nos trasladan datos referidos al censo que se está realizando, con número de personas residentes en los 19 asentamientos, y características generales de las mismas, desconociendo la fecha de referencia de esa información y si el mismo está completo.

También incluyen los escasos y discontinuos recursos humanos de los que disponen y los equipamientos que se han ejecutado, así como los que han solicitado, al amparo de las líneas de financiación de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.

Se ha informado de las dificultades que tienen para acometer estas actuaciones, y que las mismas las han puesto en conocimiento del resto de administraciones con competencia en esta realidad, deduciendo que se refiere a la Diputación Provincial y Junta de Andalucía.

En concreto y en relación a los sucesos antes mencionados, en su informe nos trasladan las características de los asentamientos donde se han producido estos incendios, Santa Isabel, El Bosque y entendemos que también El Sevillano.

Así, en el Asentamiento de Santa Isabel residen de manera permanente 13 personas, casi todas ellas de larga duración. Desconocemos la permanencia de la persona fallecida y si en su caso, si la misma estaba empadronada en su municipio.

Por su parte, consta en el mismo informe, que en el poblado El Bosque, lugar donde al parecer se produjo el incendio que ha calcinó unas 120 chabolas en el mes de diciembre, residían a la fecha del censo 101 personas, de las cuales 17 eran mujeres, con un número considerable de personas que se desplazan a este asentamientos para las temporadas.

Por lo que respecta al asentamiento denominado El Sevillano nos trasladan que hay unas 120 chabolas, también dedicadas en gran parte a alojamiento de temporeros agrícolas. Llama la atención el gran número de mujeres que dicen residir en las chabolas de estos dos asentamientos, al parecer vinculados entre sí, que entendemos también trabajan de temporeras.

Centrándonos en estos últimos acontecimientos, y teniendo en cuenta la importancia de la implementación de medidas que den respuesta a situaciones de emergencia, como son los incendios, ya en años anteriores se tramitaron quejas relacionadas con este tipo de actuaciones, donde intervienen varias administraciones y se pone de relevancia el papel de los alcaldes, máxima autoridad de protección civil.

También hemos de poner de manifiesto, por ser relevante para esta petición de informe, que según nos trasladaba, el municipio dispone de una solución residencial ejecutada y equipada, que es la Residencia de Temporeros, ubicada en carretera Lucena-Bonares, con 36 plazas disponibles, que fue financiada a través de la línea 2 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinada a infraestructuras y equipamientos para el año 2021.

Y que la misma no está en funcionamiento dado que no encuentran ninguna entidad del tercer sector que se quiera hacerse cargo de su gestión. Desconocemos igualmente si han considerado una gestión directa desde el propio Ayuntamientos, con apoyos económicos de otras administraciones o han elevado esta cuestión, tanto a las administraciones con capacidad de apoyo financiero y de gestión, como es la Diputación Provincial o la propia Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Igualmente nos han trasladado, que en la actualidad se encuentran redactando el Plan Local de Erradicación de Asentamientos, que permitirá seguir financiando las actuaciones que contribuyan a la eliminación de estos asentamientos mediante opciones adecuadas a las necesidades de las personas residentes, no habiendo informado a esta Defensoría, si lo están redactando con recursos propios o con apoyo de Diputación Provincial u otra administración.

Y por último reseñar también del contenido de su informe que, si bien no disponen de una Plan Municipal de Vivienda y Suelo, no hay en el municipio viviendas disponibles para que las personas trabajadoras del campo, tanto estables como temporeras puedan alquilar a quienes se trabajan en las explotaciones agrícolas cercanas a Lucena del Puerto.

Una vez puesto de manifiesto lo anterior y desconociendo el número de personas desalojadas como consecuencia de estos incendios, así como las respuestas inmediatas dadas desde su Ayuntamientos, así como del resto de administraciones, consideramos relevante que nos traslade una serie de datos que nos permita valorar la idoneidad de la respuesta aportada a quienes se han visto afectados por estos incendios.

Una información que estimamos conoce al ser el alcalde del municipio de referencia, y que analizaremos teniendo en cuenta las circunstancias que nos ha trasladado que dificultan especialmente el abordaje de la eliminación de los asentamientos en su término municipal.

Una realidad, que no impide que como Alcalde y máxima autoridad en situaciones de emergencia, coordine aquellas intervenciones necesarias para que tras sofocar los incendios de referencia se ponga a las personas afectadas en el centro de atención de las actuaciones, analizando su situación y proponiendo e implementando medidas adecuadas a mejorar su situación, determinando el alcance de las mismas.

Hemos de tener en cuenta que la coordinación entre las administraciones es uno de los principios inspiradores de una buena administración, además de ser uno de los Objetivos de la Agenda 2030, en concreto del ODS 17 que pretende fortalecer alianzas que intercambien y movilicen conocimientos y capacidad financiera para conseguir otros objetivos relacionados como acabar con la pobreza y la desigualdad (ODS 1), caminando hacia un crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, a través de un trabajo decente a través de políticas públicas justas y responsables.

Por ello, en virtud del artículo 10 de Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, con la finalidad de documentar y conocer las actuaciones que se han coordinado e implementado desde el Ayuntamiento de Lucena del Puerto en relación a lo acontecido, tanto el pasado 28 de diciembre como el 24 de enero, se procede a abrir queja de oficio.

Así, ante la grave situación de las personas que residen en los asentamientos y especialmente las dificultades encontradas para dar una respuesta ante sucesos como los incendios que periódicamente arrasan chabolas, e incluso vidas, como ésta última, y, a fin de darle el trámite ordinario, de acuerdo con lo establecido en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora, se solicita información al Ayuntamiento de Lucena del Puerto, en relación a las actuaciones que las distintas administraciones han implementado en relación al incendio ocurrido el 28 de diciembre de 2024, así como a el triste l fallecimiento del 24 de enero.

Una información que será analizada en esta Defensoría y compartida con el Defensor del Pueblo de España, en aras a la coordinación establecida entra ambas Defensorías.