Queja número 19/1704
Un vecino del barrio de Las 80 Viviendas, del municipio almeriense de El Ejido, nos trasladaban que se encontraban sin luz desde que Endesa retirara el cableado de la calle. Manifestaba que habían solicitado la regularización de su situación contratando el suministro y habían pedido la ayuda al Ayuntamiento, pero no encontraban una solución que fuera, a su juicio, adecuada a su situación.
A la vista de tales hechos nos dirigimos al Ayuntamiento de El Ejido solicitando información sobre las medidas que pudieran adoptarse para la regularización del suministro de las familias afectadas para el caso de que, por su situación económica, no pudieran asumir el coste de la instalación de contadores y/o del pago de sus facturas.
Igualmente solicitamos la colaboración de Endesa para conocer las medidas que pudieran adoptarse para facilitar la regularización del suministro de las familias afectadas.
Del Ayuntamiento recibimos dos informes, uno del Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, y otro del de Servicios Sociales. Según estas respuestas, las actuaciones acometidas eran necesarias desde el punto de vista de seguridad pues habían desconectado suministros fraudulentos con fusibles en mal estado con alto riesgo de incendio. El Ayuntamiento había prestado ayuda económica a las familias más vulnerables para realizar las obras necesarias para dar de alta el suministro eléctrico, que en aquel momento estaban ya finalizadas. Quedarían pendientes de abonar unas cantidades (100 euros) para que pudieran darles de alta en el suministro eléctrico y el requisito era que todos los vecinos hubieran abonado esas cantidades. El Ayuntamiento también había informado a estas familias del Programa de Ayudas Económico Familiares y Ayudas de Emergencia Social para evitar el cese de suministro.
Por su parte Endesa nos informó que el barrio estaba compuesto de 4 edificios, para los que constaba un solo contrato por edificio, y que existía un alto riesgo debido a numerosas plantaciones de plantas estupefacientes en el interior de la mayoría de las viviendas. La actuación había sido coordinada con las Fuerzas de Seguridad del Estado, desconectándose todas las acometidas ilegales y, debido a la situación de peligrosidad y estado de las instalaciones, se cortaron también todas las centralizaciones hasta que quedasen en perfecto estado. Tratándose de viviendas sociales, era la Administración quien se estaba encargando de la regularización de instalaciones.
Después de ello, a requerimiento de aclaración de esta Institución, nos informaron de que todas las instalaciones habían quedado ejecutadas, se encontraban conectadas y estaban disponibles para contratar el suministro por las personas adjudicatarias de las viviendas. Una vez que se acometieran las altas se emitirían los derechos derivados de la misma atendiendo a la potencia requerida y su facturación por la comercializadora, por lo que desconocían de donde se derivaba la cantidad que los vecinos indicaban que les reclamaba la distribuidora.
A la vista de estas respuestas entendimos que el problema estaba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.
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