Retiran una antena de telefonía ilegal

Tras la resolución formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz en este expediente de queja, con motivo del retraso de la Gerencia de Urbanismo de Málaga en el ejercicio de sus competencias de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada en el caso de una antena de telefonía ilegal, dicho Organismo nos respondió que se iba a proceder, sin esperar a la imposición de las multas coercitivas previstas como posibilidad en la Ley, a la ejecución subsidiaria de la retirada, incluyendo la solicitud judicial de autorización de entrada en domicilio, aunque finalmente, según hemos conocido por la promotora de la queja, el titular de la antena irregular, ha procedido a su retirada. Con todo ello, hemos entendido que nuestra Resolución ha sido aceptada y que por parte de la Gerencia de Urbanismo de Málaga se llevaron a cabo las medidas apropiadas para su efectivo cumplimiento.

Tras formular resolución (ENLACE A LA RESOLUCIÓN) a la Concejalía de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, la respuesta nos llegó a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del citado Ayuntamiento de la que entendimos que se había aceptado nuestra resolución por cuanto se han activado los mecanismos administrativos para, materialmente, dar cumplimiento a la resolución del problema de la interesada y, en consecuencia, iban a proceder a la ejecución subsidiaria de la retirada, a costa del titular de la instalación ilegal, sin necesidad de esperar a la imposición de las 12 multas coercitivas a que se refiere el artículo 183.1 de la LOUA, para lo cual se dieron las instrucciones oportunas.

En este sentido, en un último contacto telefónico que hicimos con la Gerencia sobre este asunto, nos informaron que estaban realizando un especial seguimiento de este asunto y que, en el mismo, habida cuenta que el titular de la instalación irregular no había autorizado la entrada en su domicilio para su retirada (una vez que le fue notificada la resolución por la que se le requería para el acceso a la vivienda y poder dar cumplimiento a la orden de demolición), se veían obligados a requerir autorización judicial de entrada para poder llevar a cabo las labores de retirada de manera forzosa.

Con ello, entendimos que la resolución no sólo había sido formalmente aceptada sino que, además, se habían adoptado los oportunos acuerdos para cumplirla materialmente.

Finalmente, la propia interesada en la queja nos trasladó, días después, que el dueño de la instalación ilegal procedió directamente a su retirada, con lo que se solucionó el problema, dando por finalizada nuestra intervención en el mismo.