Se alcanza un acuerdo con la propiedad para que la familia pueda permanecer en la vivienda otros 4 años

El interesado exponía que residía en su vivienda desde 1999 con su esposa y su hija. Tanto él como su mujer tenían reconocida la incapacidad permanente total desde los años 2018 y 2017 respectivamente. Refería que en octubre de 2019, se enteraron que se iba a subastar su vivienda, sin que les hubieran notificado nada.

Se reunieron con personal de la entidad bancaria y la inmobiliaria y les expusieron las circunstancias médicas que habían sufrido y que les habían impedido hacer frente al elevado endeudamiento que arrastraban con préstamos concedidos para pagar la hipoteca. Por ello, solicitaron un alquiler social en su misma vivienda.

Admitida la queja a trámite, solicitamos del Ayuntamiento de Dos Hermanas que nos informara sobre la intervención realizada desde los servicios sociales con la referida familia, en orden a paliar, en la medida de lo posible las dificultades que padecía; si desde el ayuntamiento se había iniciado algún tipo de intervención con la entidad bancaria a fin de llegar a un acuerdo; y sobre la situación de exclusión social en la que parecía encontrarse la unidad familiar.

También nos pusimos en contacto con la entidad financiera, a pesar de que al ser una empresa privada, en principio, quedaría excluida de nuestro ámbito de supervisión. Apelamos a su colaboración para con esta Institución a la vista de la solicitud de ayuda que se nos había formulado y le pusimos de manifiesto las circunstancias personales y económicas de la persona interesada solicitando que se tomaran en consideración, pudiéndose de esta forma, dar una solución al grave problema habitacional que afectaba a la familia y estudiaran la posibilidad de mantenerla en régimen de arrendamiento por un amplio período de tiempo, poniendo como límite el plazo máximo previsto en la vigente ley de arrendamientos urbanos, así como si se había valorado la posibilidad de que pudiera acogerse al Código de Buenas Prácticas.

Desde la entidad financiera referían que el caso había tenido un seguimiento especial desde hacía más de dos años a través del gestor de recuperaciones de la Dirección de Zona, con tratamiento personalizado y continuas reuniones, ofreciéndoles soluciones acordes a su situación que no aceptaron.

A principios de año 2019 y posteriormente en el mes de septiembre se les informó que no podían acceder al alquiler social por no cumplir los criterios de vulnerabilidad y tener ingresos suficientes para acceder sin problema al mercado libre, y que podían realizar la entrega voluntaria para evitar el proceso judicial.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas nos informaron que tanto el interesado como su familia no habían sido usuarios de los servicios sociales, por lo que se desconocía la situación socio-económica del mismo y su unidad familiar, no pudiendo valorar si se encontraba o no en exclusión social, así como realizar cualquier tipo de intervención.

Posteriormente, sin embargo, se nos informó que con la mediación del Ayuntamiento de Dos Hermanas se alcanzó un acuerdo con la propiedad para que la familia pudiera permanecer en la vivienda otros cuatro años.

En consecuencia, puesto que el asunto por el que el interesado acudió a esta Institución se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.