Un edificio en ruinas necesita obras e instamos al Ayuntamiento a garantizar la seguridad de los inmuebles colindantes

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Utrera a nuestra petición de que, mediante la adopción de las actuaciones que procedieran al amparo de la legislación urbanística, ya sea mediante orden de obras a la propiedad del inmueble o mediante su ejecución subsidiaria por parte municipal, el solar abandonado junto a la vivienda del reclamante pase a encontrarse en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y cercado de forma que se evite la acumulación de basuras y residuos en el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se lleven a cabo por ejecución subsidiaria las obras necesarias de forma que, después de estos años, sea atendida la pretensión del afectado sin más demoras.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de julio de 2018 interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La petición de ese informe no ha sido atendida, por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en dos ocasiones dicha petición con fechas 29 de agosto y 8 de octubre de 2018 (se remiten copias de los documentos citados). Tampoco hemos recibido su respuesta pese al contacto telefónico que, a los anteriores efectos, personal de esta Institución mantuvo con funcionario de ese Ayuntamiento el pasado 11 de diciembre de 2018.

Esta Institución debe manifestar de manera expresa la deficiente atención que ha prestado a las labores de investigación. Debemos señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.

Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.

El afectado nos exponía que, junto a su vivienda, hay un solar abandonado y que la empresa propietaria entró en concurso de acreedores, ya no existe, por lo que no consta ningún propietario y el solar se encuentra en un limbo legal, hasta que se resuelva en los juzgados. Añadía que lleva desde el año 2010 presentando diversos escritos, uno o dos por año solicitando a ese Ayuntamiento el cierre del solar y, sobre todo, la limpieza y el desbroce de las hierbas que, en época estival, se convierten en pastos secos de casi dos metros de altura, con el consiguiente riesgo de incendio y con el temor de que se propaguen las llamas a las viviendas colindantes.

Se le anunció en 2014 que, en caso de incumplimiento de una orden de ejecución emitida por este asunto, las obras serían realizadas mediante ejecución subsidiaria por los Servicios Técnicos Municipales, pero el caso es que no se ha llevado a cabo la misma. Su temor se vio incrementado cuando, en junio del 2017 sobre las 05: 30 de la madrugada, se produjo un incendio en el solar y gracias a la intervención de los bomberos no hubo que lamentar desgracias mayores.

Por todas estas razones, en nuestra petición de informe a ese Ayuntamiento, le interesábamos que, mediante la adopción de las actuaciones que procedieran al amparo de la legislación urbanística, ya sea mediante orden de obras a la propiedad del inmueble o mediante su ejecución subsidiaria por parte de ese Ayuntamiento, el solar pase a encontrarse en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y cercado de forma que se evite la acumulación de basuras y residuos en el mismo.

No hemos obtenido respuesta alguna por parte de ese Ayuntamiento a nuestros sucesivos requerimientos.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. - El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3 del deber legal de observar el artículo 155 y 158 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establecen que los propietarios de los terrenos tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato y otorga a los municipios la posibilidad de ordenar la ejecución de las obras necesarias para ello y, en su caso, de ejecutarlas de forma subsidiaria.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, con objeto de salvaguardar la seguridad y salubridad del solar, se lleven a cabo por ejecución subsidiaria las obras necesarias a tal efecto, de forma que, después de estos años, sea atendida la pretensión del afectado sin más demoras.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz