Una madre víctima de violencia de género consigue un alquiler social de vivienda con una entidad bancaria

Consigue un alquiler social de vivienda con entidad bancaria.

La interesada señalaba en su escrito que le había sido notificada resolución por la que se le apercibía del lanzamiento de su vivienda habitual. El procedimiento de ejecución hipotecaria y el lanzamiento decretado había sido instado por el Banco de Sabadell S.A. y lo conocía el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Sevilla.

Era madre de dos hijos menores de edad, desempleada que no cobraba prestación ni pensión pública de clase alguna y víctima de violencia de género. En definitiva, la unidad familiar que componía con sus hijos se encontraba en riesgo de exclusión social, lo cual había acreditado además mediante Informe emitido por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes.

En el presente caso podía ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que establece la suspensión de los lanzamientos hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de dicha Ley cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en dicho artículo.

En cuanto a los supuestos de especial vulnerabilidad, destacamos la posible concurrencia de tres de los previstos en la Ley: unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, unidad familiar en la que existe una víctima de violencia de género, constituyendo la vivienda objeto de lanzamiento su domicilio habitual y unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentra en situación de desempleo y ha agotado las prestaciones por desempleo.

Finalmente destacaba que con fecha 1 de marzo de 2016 el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias suscribieron Convenio de Colaboración, al que se había adherido el Ayuntamiento de Sevilla, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.

Dicho convenio, entre otras cuestiones, promueve la articulación de medidas para que haya una comunicación efectiva entre el órgano jurisdiccional que conoce el caso, la Consejería competente en materia de Vivienda, para la inclusión de los afectados en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y los servicios sociales de la entidad local adherida, para que éstos analicen la situación y, en su caso, se adopten las medidas encaminadas a asegurar la actuación de los servicios sociales.

En consecuencia, admitimos la queja trámite y solicitamos informe a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla. También nos dirigimos al Juzgado de 1ª Instancia nº 20 de Sevilla dándole traslado de lo anterior por si no le había sido aportado por la parte ejecutada y estimaba tomarla en consideración en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Al mismo tiempo, dirigimos escrito a la Dirección Territorial del Banco Sabadell en Sevilla a fin de ponerle de manifiesto las circunstancias descritas, solicitándole que se tomasen en consideración, a efectos de la valoración de un posible acuerdo con la interesada que frenase el lanzamiento y le permitiera la continuidad en su vivienda mediante un contrato de alquiler social con esa entidad bancaria como propietaria del inmueble.

Desde la gestora que tiene contratada el Banco de Sabadell para la gestión de su patrimonio inmobiliario contactaron con la Institución y nos comunicaron que Banco de Sabadell había decidido en este caso paralizar el lanzamiento y realizar un estudio para propuesta de alquiler social en la vivienda en la que residía la promotora de la queja con su familia.

Finalmente fue posible que la interesada y la entidad bancaria alcanzaran un acuerdo de alquiler social, por lo que concluimos nuestras actuaciones al haberse solucionado la queja.