La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz inicia actuaciones para interesarse por la ejecución de obras hidraulicas en la cuenca del Guadalquivir a fin de evitar las situaciones de riesgo y siniestro que cíclicamente se producen.
Año tras año vemos que, con ocasión de las lluvias torrenciales, de manera ocasional pero con carácter reiterado, tienen lugar en nuestra Comunidad Autónoma y que es mas que previsible continúen en un futuro, que se producen importantes desbordamientos de los cauces de ríos y arroyos, generando daños de diferente consideración y situaciones de riesgo para la población. Sin duda, consciente de la gravedad del problema y de sus efectos en personas y bienes, la Administración Autonómica dispone una serie de previsiones de elaboración de proyectos y ejecución de obras a fin de prevenir, evitar y, en todo caso, minimizar las consecuencias de tales hechos. La mayoría de esas infraestructuras fueron incluidas en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, aprobado mediante Decreto 189/2002, de 2 de Julio, en cuya aprobación estuvo muy interesada esta Institución, llevando a cabo un seguimiento del expediente durante años.
Pues bien, recientemente, se han vuelto a producir importantes inundaciones y, desde luego, ha existido un riesgo de que los efectos de estas fueran muy graves al verse afectadas importantes poblaciones de nuestra Comunidad Autónoma. Esta Institución no desconoce los efectos que la crisis económica está teniendo de un lado, en la recaudación de ingresos para las arcas publicas, y de otro en la necesidad de atender tanta y tanta demanda de la sociedad para que se tutelen sus derechos sociales. Tampoco podemos obviar que el problema que hoy traemos a colación posee una naturaleza histórica y estructural y se ha venido planteando de manera reiterada durante los pasados años de "abundancia económica" sin que la respuesta mereciera la atención que necesita por parte de los poderes públicos.
Es mas, de manera impune se ha estado construyendo, a veces al margen del derecho, y otras muchas bajo el paraguas de los planes urbanísticos aprobados por los ayuntamientos y la propia Comunidad Autónoma en terrenos inundables o que presentaban un riesgo histórico de inundación, sin que tales planes hubieran sido rechazados, ni las obras ilegales, en su caso, paralizadas y sin que se haya ejecutado las obras de defensas e infraestructuras para evitar los riesgos generados por cauces naturales o por la construcción indebida en zonas inundables o de afección de estos.
Así las cosas, tras las recientes lluvias producidas en los meses de Febrero y Marzo del presente año el problema parece que está lejos de resolverse al no llevarse a término, en los plazos previstos las infraestructuras necesarias para evitar estas situaciones.
Justamente por todo ello, esta Institución ha abierto de oficio dos actuaciones en las que nos hemos dirigido tanto a la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua, como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con objeto de conocer las previsiones que existen sobre ejecución de distintas infraestructuras que entendemos que, de haber sido ejecutadas en los plazos previstos, hubieran evitado o paliado los problemas a los que venimos haciendo referencia.
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