Visita a San Fernando (Cádiz)

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplazó a San Fernando el martes 24 de febrero de 2026 y Chiclana de la Frontera el miércoles 25 de febrero de 2026, para atender presencialmente a la ciudadanía. También se mantuvo una reunión con los profesionales de los servicios sociales comunitarios. En esta visita partició el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en un encuentro con las asociaciones de ambas ciudades el miércoles 25 en Chiclana de la Frontera.

En esta localidad la atención presencial se ofreció en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León, ubicado en la calle Real número 83.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

SALUD

Atendemos la necesidad de poder contar con el copago para productos tan costosos como una silla eléctrica, para mitigar una enfermedad y poder acceder a algo tan esencial como salir de casa.

También acuden a nuestro emplazamiento temporal en San Fernando, vecinos de Camposoto trasladando el retraso en la puesta en en marcha del Centro de Salud prometido.

VIVIENDA

Ponen de manifiesto el problema sobre la falta de viviendas públicas en el municipio, estando ahora precisamente en su recta final la construcción de unas 81 viviendas de alquiler social.

En relación a esto mismo nos plantean una serie de circunstancias especiales que deben ser valoradas para poder acceder a una vivienda de protección oficial.

Planteándose junto a lo expuesto situaciones de falta de recurso habitacional ante situaciones de especial vulnerabilidad.

DISCAPACIDAD

Una vez más constatamos los problemas que la ciudadanía de este y otros municipios de Andalucía se encuentran para acceder a la valoración de su discapacidad y del acceso al Plan Individual de Atención que tiene como finalidad determinar las modalidades de ayuda, los servicios y las pretensiones económicas que le corresponden a una persona con dependencia, siempre en función de su grado de necesidad y de su situación personal.

Es el caso de una persona que sufre un sustancial deterioro de su salud y el retraso en la respuesta a su solicitud de revisión de grado para intentar acceder a un recurso adecuado a su situación.

A esto se suma el relato de más vecinos sobre las dilaciones que sufren sus familiares tras la solicitud de la dependencia.

EDUCACIÓN

En este ámbito, nos trasladan la necesidad de la construcción de un nuevo centro escolar por encontrarse el actual en muy mal estado de conservación, suponiendo un peligro para el alumnado.

URBANISMO

Solicitan nuestra intervención ante posibles inundaciones de sus viviendas por no haberse realizado trabajos de mantenimiento por las empresas concesionarias.

Otro vecino de San Fernando denunciaba que no había sido satisfecha su petición de información al Ayuntamiento por una cuestión de obra pública de Urbanismo, necesaria ésta para aportarla en dos procedimientos judiciales.

ADMINISTRACIONES ECONÓMICAS

A un vecino le imputan el pago de unas tasas de basura sobre un inmueble que no es suyo, no teniendo propiedad alguna en el referido municipio.

ASESORAMOS

Acude al centro de congresos y exposiciones donde atendemos en esta visita a la ciudadanía, exponiendo la necesidad de que le asesoremos e informemos la forma de solicitar una incapacidad permanente

REUNIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE SAN FERNANDO Y CHICLANA DE LA FRONTERA

Se mantiene la reunión con los profesionales de atención a la ciudadanía de los servicios sociales de San Fernando y Chiclana de la Frontera de forma conjunta, en el Centro de Servicios Sociales de Chiclana de la Frontera. A la reunión asisten personal de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del defensor del Pueblo Andaluz (OIAC), junto a personal de los Servicios Sociales Comunitarios de San Fernando y Chiclana de la Frontera.

Desde la Oficina de Información y Atención Ciudadana se presentan y explican las funciones de la Defensoría, así como las competencias y ámbitos de intervención, y el equipo de trabajo que compone la Institución. Compartiendo además el papel fundamental que para el dPA desempeña el personal de servicios sociales centrándose en el desempeño profesional para el desarrollo y garantía de los derechos que se promueven y defienden desde la Institución, siendo la puerta abierta a la ciudadanía y de los primeros contactos con la Administración que tienen las personas.

Se explican además los principales objetivos en los que se sustentan las visitas de la OIAC: el acercamiento al territorio para escuchar directamente a la ciudadanía, el contacto con el movimiento asociativo para promover el conocimiento de la realidad social, conociendo así sus proyectos y las buenas prácticas; y la reunión con el personal de servicios sociales dado que son conocedores/as de forma directa de la problemática social más cercana, siendo la puerta de entrada al sistema de protección social de la ciudadanía.

Se expone que desde la Defensoría existe un especial interés en conocer la situación actual de los servicios sociales de la zona, en particular en lo relativo a su dotación, la gestión de los recursos humanos y el funcionamiento de los centros, entre otros aspectos organizativos. Asimismo, indica que las visitas a las distintas comarcas y la celebración de estas reuniones tienen también como finalidad facilitar que los servicios sociales conozcan las posibilidades de colaboración y apoyo que el dPA puede ofrecer tanto a ellos como a la ciudadanía.

Tras la citada introducción se da paso al equipo de los servicios sociales para que expongan su trabajo diario y trasladen sus principales demandas, que se recogen en los siguiente grandes temas:

Dependencia:

• • Colapso general del sistema de ayuda a domicilio (es de titularidad municipal en ambos municipios): se detallan problemas como la falta de personal estructural para poder dar el servicio que se necesita, el horario del servicio debe ser impuesto por la falta de auxiliares sin que se adapte a los/as usuarios, el precio-hora del servicio no es adecuado; el sobrecoste de la municipalización del servicio que genera desigualdad en los municipios, etc. El personal de servicios sociales concluye en la necesidad de revisar el sistema del servicio de ayuda a domicilio por no ser sostenible ni tener capacidad para atender la demanda actua

• • Falta de acreditaciones oficiales para auxiliares de ayuda a domicilio. Esto afecta especialmente a un servicio feminizado, con sueldos no acordes al trabajo realizado y con formación pero sin acreditación oficial.

• • Imposibilidad para atender todos los Planes de Atención Individualizados (PIA) para ayuda a domicilio de los/as usuarios/as. Las trabajadores sociales relatan que tienen una avalancha de solicitudes que atender a las que no tienen capacidad de dar respuesta teniendo retrasos de más de 3 meses.

• • Elevadas listas de espera pata acceder a los recursos de ayuda a domicilio y atención residencial. No hay plazas en ningún centro.

• • Falta de efectividad de la normativa para la simplificación del procedimiento de la dependencia. El personal de servicios sociales especializado en este asunto relata el incremento de solicitudes de PIA que tienen pendientes de realizar puesto que aunque las valoraciones de las personas dependientes son más ágiles, no disponen de recursos para dar salida a la cantidad de PIA a resolver, de forma que la demora lo único que ha hecho ha sido pasar de un sitio (administración autonómica) a otro (administración local). Afirman: “No se han acortado los plazos, se han alargado”.

• • Emisión de resoluciones de PIA sin recurso efectivo reconocido (“preresolución”). Se prolonga en el tiempo su asignación, recayendo de nuevo la atención en servicios sociales.

• • Sin acceso a información de calidad en materia de dependencia para trasladar a la población. Afirman: “Todo el mundo viene a servicios sociales porque nadie nos atiende a nosotros. Sufrimos una presión constante de gente quejándose a la que apenas podemos decirles nada. Solo tenemos a un persona de contacto en la Agencia de la Dependencia con quien coordinarnos y no da para más.”

• • No se respeta el orden de prelación al que se aluden en las resoluciones de PIA con reconocimiento del servicio de ayuda a domicilio, sino que se van asignando a las personas dependientes como mejor encaje con el servicio que dispongan, según trasladan.

Mayores:

• • Necesidad de acompañamiento digital en personas mayores.

• • Falta de personal para acompañamiento diario y continuo a este colectivo, así como falta de recursos y proyectos específicos en esa población mayor.

• • Dificultad de acceso a recursos en el municipio de Chiclana debido a la falta de horarios en transporte urbano.

• • Necesidad de trabajo preventivo para minimizar las situaciones de dependencia: educación y apoyo emocional y cognitivo.

Infancia-Asolescencia-Educación:

• • Falta estructural de personal en los equipos de menores, en especial de profesionales de psicología y educación social. Recalcan que las intervenciones en absentismo se paralizan ante la falta de educadores/as. Afirman: “Tenemos que hacer malabares emocionales y técnicos como profesionales, cambiando dinámicas, protocolos, innovando porque no disponemos de personal suficiente”. “Estamos sobrepasadas, los informes que elaboramos cambian las vidas de los menores y las familias, y es muy complicado trabajar así. Esto ya no es vocación, es más. Luchamos con un constante sentimiento de quiero y no puedo”.

• • Insuficiente dotación presupuestaria para los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF), llevando más de 25 años con el mismo presupuesto, teniendo que cubrir el resto desde los ayuntamientos.

• • Pocos recursos en materia de prevención destinados a infancia y adolescencia.

• • Mayor casuística de problemáticas que afecta a menores. Señalan que, desde la pandemia, a los ETF cada vez les están llegando con más frecuencia situaciones graves y negligencias que afectan a menores: casos complejos de acoso escolar, separaciones matrimoniales con grave afectación a menores, situaciones de violencia intrafamiliar y de género, pérdida de control parental en los entornos digitales, entre otros. Refieren que se encuentran con niños/as muy dañados y en situaciones muy vulnerables.Incremento de los casos de retiradas de menores a las familias. Disponen que en el caso de San Fernando, atendiendo a las memorias técnicas, están a la cabeza como municipio en toda Andalucía en el número de familias atendidas, teniendo un mayor volumen, casuística y gravedad en relación a los problemas de menores.

• • Incremento de los casos de retiradas de menores a las familias. Disponen que en el caso de San Fernando, atendiendo a las memorias técnicas, están a la cabeza como municipio en toda Andalucía en el número de familias atendidas, teniendo un mayor volumen, casuística y gravedad en relación a los problemas de menores.

• • Adolescentes como grandes olvidados en los recursos del Sistema de Protección de Menores (SPM). Manifiestan que no disponen de alternativas de familias por su edad, solo disponiendo como opción los centros de protección. A nivel preventivo hay poco desarrollo para este colectivo y en formatos poco atractivos, existiendo mucha presencia de trastornos de salud mental en la adolescencia. Concluyen con que los servicios que ofrece la administración pública son “adultocentristas”.

• • Conclusiones desde el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, a través de su coordinadora en servicios sociales, se nos trasladó en calidad de portavoz de esos niños/as y adolescentes las siguientes cuestiones a modo de manifiesto de convivencia:​

  •    - Se sienten muy vulnerables (sobre todo en contextos digitales) y con muchos problemas de salud mental.

  •    - Reclaman espacios donde sentirse seguros/as, creación de talleres de gestión emocional y del estrés. Están muy preocupados por el consumo de vapers. 

  •    - Solicitan un profesorado más formado y clases más prácticas.​

Vivienda:

• • Escasez de recursos de vivienda, con la particularidad de lo diseminado del territorio de Chiclana de la Frontera. Señalan que la falta de acceso a una vivienda es el detonante a que se disparen más indicadores de vulnerabilidad en una persona o unidad familiar. Esto se contrapone a que sí existe una cierta cobertura de ayudas económicas, pero consideran insuficientes si no puede cubrirse a demanda de vivienda tan importante que hay.

• • Principal problema en el ámbito de las personas sin hogar. Desde los equipos de San Fernando, refieren que disponen de un sistema de triaje donde el principal problema que detectan es la falta de vivienda, así como el acceso a un alquiler acorde con los ingresos. Consideran que los recursos habitacionales son la base que puede descontrolar todo lo demás si falta.

Discapacidad:

• • Retraso excesivo en las valoraciones por el Centro de Valoración y Orientación (CVO) de Cádiz.

• • Falta de acceso de las personas con discapacidad a los/as profesionales. Resaltan que cada vez se realizan más valoraciones telefónicas, que no se están valorando casos de movilidad reducida aunque estén prescritas en informes médicos.

Salud:

• • Falta de recursos de acompañamiento y seguimiento en salud mental.

• • Presencia frecuente de casos de mayor complejidad en servicios sociales: personas con síndrome de Diógenes, sin apoyo del entorno familiar, con enfermedad mental, etc.

Población Migrante:

• • Imposibilidad de acceso al servicio de traducción ofrecido por la Junta de Andalucía al estar únicamente limitada su función a asuntos sanitarios, no sociales.

Relaciones con otras administraciones:

• • Reiteradas consultas sobre trámites de otras administraciones (discapacidad, dependencia, RMISA) por falta de información de éstas, que genera más sobrecarga en los servicios sociales.

• • Descoordinación en las citas telefónicas para valoración de la dependencia. Aluden a que estas llamadas por teléfono se realizan por una empresa externa con sede en Sevilla, que no tiene en cuenta los posibles cambios de dirección o números de contacto de las personas dependientes, rebotando de nuevo la atención a la población en servicios sociales. Relatan a que cuando había dos procedimientos, existía una coordinación directa con el personal valorador, pero con el actual sistema, muchas cuestiones se quedan en el aire y no finalizan, pasando a la siguiente persona en la lista. También manifiestan que se asignan recursos que no son idóneos, que no se aplican bien los copagos, etc.

• • Inaccesibilidad a los programas informáticos de la dependencia. Denuncian la falta de instrucciones y directrices de cuestiones que cambian y desde la administración autonómica nos les comunican nada. Insiste en que: “Desde el servicio de dependencia a nivel autonómico, nos están utilizando como meras recogedoras de solicitudes y eso supone un trato indigno. Los servicios sociales somos muy importantes en el trámite de la dependencia y nos han relegado a una posición invisible. Si tuviéramos que hacer un símil con la amistad, podríamos decir que la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos siempre hemos ido de la mano, y ahora, sin saber porqué, nos hemos distanciado y no podemos hacer nada. Reivindicamos que los servicios sociales asuman de nuevo el papel que tenían al principio, porque somos la puerta de entrada de la población. La dependencia no es un servicio, es un sistema en sí”.

• • Dilaciones en la intervención del SPM. Trasladan que desde los servicios sociales se remiten situaciones de desamparo muy graves pidiendo adoptar medidas urgentes sin que se intervenga con prioridad. Insisten en que no hay familias, ni plazas en los centros ni personal técnico para asumir el trabajo, existiendo demoras de más de un año para la toma de medidas de protección.

• • Falta de coordinación con las figuras de fiscales de protección de menores, sobre todo en casos de violencia sexual. Solicitan que se agilicen los trámites, que no haya diferencias entre medidas civiles y penales. Afirman: “Soportamos las carencias de la administración, asumimos funciones que deberían tener los juzgados, puesto que deberían estar dotados por sus propios equipos”.

• • Retraso en resolver prestaciones básicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

• • Falta de seguimiento de los equipos de servicios sociales para la percepción del IMV sin acompañamiento de una inserción sociolaboral. Se expone que hay mucha población perceptora del IMV en la zona, encontrándose con una gran dificultad para trabajar la inserción laboral. Muchas personas se muestras indecisas para aceptar un empleo, que además en la zona de Cádiz suele ser de carácter temporal, porque luego con el cruce de datos, pueden recibir requerimientos de devolución de ingresos indebidos.

• • Impulso de las comisiones de coordinación entre municipios.

Desempeño de la profesión:

• • Falta de continuidad en los equipos de trabajo. A pesar de la dotación actual del programa ERACIS, que cuenta con 8 profesionales, tiene fin de contrato el año que viene generando motivación y preocupación en el personal y la ciudadanía.

• • Excesiva burocratización a la hora de justificar los proyectos de intervención.

• • Dificultades en el acceso de la administración electrónica, que está dejando atrás a las personas vulnerables. Exponen que determinado sector de la población no sabe cómo pedir cita previa con las administraciones, ni obtener certificaciones, acompañamiento que acaba recayendo en el personal de servicios sociales.

• • Escasez de medios y personal para hacer un acompañamiento de calidad. Afirman: “Intentamos no solo dar prestaciones si no acompañar a la gente”.

• • Escasez de personal administrativo y del ámbito social. En San Fernando con el sistema de triaje que nos trasladan, refieren que consiguen atender a muchas personas, pero han detectado que lo que pretendían que fuera una primera acogida, en determinados momentos del año se ha convertido en llevar a cabo tramites administrativos por no disponer de personal especializado. Afirman: “Somos las chicas para todo. Hacemos constantes sobresfuerzos diarios, no se puede trabajar así. Atendemos las demandas de todas las administraciones, tramitamos tantas ayudas. Nos sentimos impotentes”.

• • Cambios en el Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO). Manifiestan que este servicio ha evolucionado con el paso de los años y que ahora tiene un sentido más intervencionista (“SIVO plus”). Destacan que cada vez les llegan problemas más complejos, que no son capaces de abordar o asumir toda la responsabilidad, que se plantean que necesitan apoyo, etc. Afirman: “La población que nos llega no solo demanda ayudas económicas, también necesitan apoyo emocional, y tenemos la sensación de que todo recae en servicios sociales. Necesitamos coordinarnos mejor con otros recursos. Nos enfrentamos a demandas cambiantes y a una complejidad mayor de nuestra sociedad.” 

• • Creación de espacios para el cuidado de los/as profesionales. Insisten en que “Si no estamos bien, no podemos hacer un buen trabajo.”.

Para concluir la intervención municipal, los/as responsables de los equipos de servicios sociales tanto de San Fernando y Chiclana de la Frontera intervienen al final para poner en valor del equipo humano con el que cuentan, así como para resaltar las mejoras en las instalaciones, la necesidad de creación de nuevos espacios de reunión, y el esfuerzo municipal por tratar de reforzar los equipos y conseguir empleos estables. También desde la dirección de centros de servicios sociales solicitan a la Defensoría que se trate con especial protección el contenido de los informes que se remiten al dPA de cara a la ciudadanía, porque en ocasiones genera conflictos en la atención a sus usuarios/as.

Por último, se finaliza el encuentro agradeciendo desde la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del defensor del Pueblo Andaluz el trabajo que desarrolla el personal de servicios sociales de San Fernando y Chiclana de la Frontera, mostrándoles el apoyo de la Defensoría y la posibilidad de utilizar como herramienta a la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tanto por su parte como por la ciudadanía a la que atienden. Se les traslada la utilidad de este tipo de reuniones para el acercamiento y el conocimiento de la realidad social del territorio.

ENCUENTRO CON LAS ASOCIACIONES DE SAN FERNANDO Y CHICLANA DE LA FRONTERA

El Defensor del Pueblo Andaluz mantiene un reunión en el Centro de Servicios Sociales de Chiclana de la Frontera con los representantes de diversas entidades sociales de Chiclana de la Frontera y San Fernando, dedicadas al ámbito educativo, salud, sin techo, mejora de la calidad de vida en los barrios, adicciones, lucha contra la explotación sexual, inserción sociolaboral y bienestar animal.

En el encuentro participaron la Federación Local de AMPA de Chiclana de la Frontera, Asociación La Raya del Pago del Humo, Unión Vecinal “Somos Pocos”, Asociación ARCHI, AFEMEN, UPACE San Fernando , Asociación Alzheimer San Fernando, Asociación Bienestar Animal Chiclana de la Frontera, AISE, Hogar Gerasa, Asociación Feminista “IgualMente”, Plataforma “La Cucarela”, Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación para la defensa contra la Anorexia y la Bulimia.- ADAB San Fernando y Asociación Arrabal. Arrabal-AID.

A continuación recogemos datos de interés en relación a los temas tratados en sus intervenciones:

• • Señalan la necesidad de un nuevo instituto en Chiclana de la Frontera, reclamando refuerzo de PTIS, revisión de ratios y mejoras en infraestructuras. Nos hablan de casos de aulas con hasta 9 menores NEAE y ratios excesivas.

• • Destacan problemas en la atención sanitaria, horarios insuficientes en urgencias y especialidades, falta de médicos en determinados turnos, derivación frecuente fuera de Chiclana, especialmente al centro de “Los Gallos”, equipos de rayos inoperativos por falta de técnicos, obligando a desplazarse a Puerto Real, falta de transporte sanitario o de apoyo para personas sin recursos y derivaciones al hospital privado sin cobertura de retorno.

• • Defienden la sanidad pública y reclaman la construcción de un nuevo centro de salud en Chiclana ya que cuenta con tan sólo tres en toda la localidad lo que consideran insuficiente para la población actual y necesidad de centros de urgencia adicionales.

• • Sobre la salud mental exponen la falta de atención integral y coordinación entre el sistema sanitario y los centros penitenciarios, personas con trastornos o discapacidad que acaban en prisión sin recursos adecuados, necesidad de atención psicológica primaria no saturada , reclaman inversión para reducir la carga médica y mejorar la gestión emocional, necesidad de trabajar promoviendo la prevención, la sensibilización y la educación en salud mental y alimentaria dentro de la comunidad.

• • Denuncian funcionamiento deficiente y menores sin evaluar por parte de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, diagnósticos privados que no son aceptados, falta de personal técnico de integración social (PTIS), valoraciones de discapacidad con grandes retrasos y puntuaciones insuficientes, olvido de colectivos mayores de 18 años dentro del sistema educativo y personal insuficientemente formado.

• • Denuncia un trato discriminatorio hacia el Pago del Humo en materia de abastecimiento de agua, los vecinos deben costear con recursos propios actuaciones que en otras zonas se están cubriendo públicamente, riesgo de contaminación e insalubridad.

• • En relación a las adicciones ponen de relieve la falta de recursos humanos y económicos, saturación médica, las derivaciones al CTA tardan mes y medio, salud mental atiende únicamente trastornos graves, necesitan más apoyo público para ofrecer terapias y acompañamiento a usuarios y familias, señalan que la problemática de la droga afecta a toda la comunidad.

• • Denuncian que tras desaparecer la figura de la tutela los juzgados no están citando a las personas con discapacidad para establecer las nuevas medidas, reclaman que se priorice a personas extremadamente vulnerables, denuncian quedar fuera de subvenciones de comedores porque consideran que las personas con 99% de discapacidad y alimentación por sonda “no son vulnerables” y señalan un desvío creciente de recursos hacia la privada frente a lo concertado o público.

• • Sobre el Alzheimer, asociado a personas mayores cunado no es necesariamente así, trasladan como las familias no pueden asumir el coste de plazas privadas, obtienen plazas en centros no especializados por no ser considerados “mayores”, lo que implica peor atención y mayor coste, y dificultad para contar con recursos.

• • Nos hablan también de colonias de felinos con las que no se está cumplendo la Ley de Bienestar Animal no se está cumpliendo, nos encuentran apoyo público para centro de recogida ni servicio veterinario, piden sanciones por no esterilizar gatos, mediación, convenios y mesas de trabajo.

• • Ponen de manifiesto la lucha contra la explotación sexual y por la abolición de la prostitución en Chiclana, publicidad de prostitución en vallas, falta de actuación policial por supuesta falta de herramientas, reincidencia de anuncios sexualizados incluso en instalaciones deportivas municipales y existencia de discursos proprostitución difundidos incluso por menores pidiendo un pronunciamiento institucional y mayor apoyo.

• • La importancia de la promoción de los derechos de las todas personas en la creación de oportunidades laborales, sobre todo para aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

Tras escuchar y atender al detalle lo que nos trasladan, el Defensor les agradece la labor social que realizan, destacando la participación activa de todas las entidades y comprometiéndose a estudiar cada caso, trasladar las demandas y elaborar las actuaciones oportunas, concluyendo con las Entidades en que nos hagan llegar sus peticiones para estudiarlas.