Persisten las ludotecas que funcionan como centros de Educación infantil sin reunir los requisitos para ello.

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Se vuelve ahora a poner de manifiesto un problema que también pudiéramos decir que era “tradicional”, si bien, como explicaremos, a estas alturas debería estar resuelto sin que, como se verá, definitivamente lo esté.

Nos referimos con ello al funcionamiento de determinados espacios o instalaciones en los que, bajo la cobertura de una simple licencia municipal de actividad, se viene prestando el servicio de atención socioeducativa.

Esta cuestión fue objeto de tratamiento en varios de los Informes Anuales de la década del 2000 y, en concreto, de una manera muy pormenorizada en los correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009, a los que nos remitimos para evitar reiteraciones.

Pues bien, tras la aprobación del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el se regulan dichos requisitos, tan sólo cabe la posibilidad de que sean los centros autorizados por la Administración educativa, independientemente de su titularidad pública o privada, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales establecidos legalmente, los que pueden impartir o prestar el servicio educativo y asistencial a los menores de 0 a 3 años. Por ello, según decíamos en nuestro Informe de 2009, la polémica sobre la diversidad de recursos existentes hasta ese momento quedaba del todo zanjada, correspondiendo entonces a la hoy Consejería Educación, Cultura y Deporte el ejercicio de las competencias de control e inspección para, o bien que se adapten a la normativa aplicable a las escuelas infantiles y centros de Educación infantil, o bien proceder al cierre y clausura de los establecimientos que no cumplan con dicha normativa.

Y si hasta ahora podía parecer improductiva la remisión que hemos hecho de todos los antecedentes con los que contábamos en esta Institución sobre la controvertida coexistencia de la escuelas y centros de Educación infantil con otros centros que presumiblemente prestan también el mismo servicio de atención socioeducativa, cobra del todo su sentido para poder entender fácilmente la cuestión que se nos expuso en la queja 12/5394, la que analizaremos a continuación, que, si bien fue iniciada en el ejercicio anterior, se concluyó en 2013.

A pesar de que establecida con absoluta claridad qué requisitos han de cumplir los centros que pretendan prestar el servicio de atención socioeducativa desde la aprobación del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, así como la competencia en la autorización y control de su funcionamiento, hoy por hoy, como decíamos al principio del presente epígrafe, todavía el problema no ha sido definitivamente resuelto.

Prueba de ello es que la interesada en el expediente de queja aludido, comparecía ante esta Institución, en su propio nombre y como Presidenta de la Asociación de Padres y Centros de Educación Infantil de Alcalá de Guadaira (Sevilla), exponiéndonos la preocupación del colectivo al que representaba por la existencia de numerosos centros que se dedicaban a prestar el servicio de atención socioeducativa sin las preceptivas autorizaciones administrativas, no sólo por el riesgo que ello entraña para el cuidado de los menores por parte de personal no cualificado –según manifestaba-, sino porque tampoco cumplían con los demás requisitos legales que sí le son exigidos a los centros públicos y de convenio en los que se presta dicho servicio.

En concreto, señalaba hasta doce de estos centros en los que se había constatado fehacientemente el ejercicio de la actividad fuera de la regulación específica, señalando que tenían conocimiento de que existían otros que se encontraban en la misma situación. Además, nos informaba también de que, a pesar de haberse dirigido de igual manera, desde hacía ya meses, a la entonces Consejería de Educación y a su Delegación Provincial en Sevilla, a la Dirección General de Planificación y Centros y a los Servicios de Inspección y Coordinación de Planificación, respectivamente, del Ayuntamiento, no habían recibido, en su criterio, la respuesta adecuada y, por ello, solicitaba la colaboración de esta Institución.

En respuesta a una primera solicitud de información a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla, resumidamente, nos indicó que recibido escrito de la interesada, por parte del Servicio de Inspección Educativa se había girado la correspondiente visita a todos los centros implicados. De este modo, constatada la realidad de los hechos que se habían denunciado, en aplicación del protocolo correspondiente, se había informado a los respectivos titulares de la necesidad del inicio de expediente de autorización administrativa, según lo establecido en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general, y según el artículo 10 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación infantil. Así mismo, en los casos en los que había correspondido, se había notificado la necesidad del cierre del establecimiento en tanto no cumplieran con la normativa preceptiva, habiéndose informado de tal notificación al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para que, en el marco de sus competencias, llevara a cabo las acciones que procedieran, debiendo informar de ello a la Delegación Territorial actuante y al Servicio de Inspección.

Sin embargo, una vez traslado dicho informe a la compareciente, nos fue remitido un escrito en el que, esencialmente, nos ponía en conocimiento de que, a pesar de las actuaciones llevadas a cabo por parte del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial, aquellos centros que habían sido objeto de inspección no solo seguían en funcionamiento, sino que estaban ofertando plazas para el próximo curso 2013-14. Como documentación acreditativa de sus afirmaciones, adjuntaba un amplio dossier fotográfico, además de fotocopia de hojas de inscripción e información detallada sobre plazos de matriculación y tarifas facilitadas por los centros en cuestión.

Ello nos obligó a solicitar nuevamente la colaboración del organismo territorial, requiriéndole a efectos de que nos informaran, concretamente, si se ha tenido conocimiento de las circunstancias alegadas por la interesada y, en su caso, medidas que se hubieran adoptado al efecto.

También consideramos oportuno dirigirnos al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira al que, tras exponerle todos los antecedentes del asunto y las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Institución, le señalamos que, según habíamos sido informados por parte de la Delegación Territorial, la Corporación municipal había sido informada de las actuaciones de inspección que se habían realizado y del resultado obtenido para que, en el marco de sus competencias, llevara a cabo las acciones que procedieran, debiendo informar al Servicio de Inspección Educativa.

Además de ello, también le indicamos que habíamos tenido conocimiento de un documento titulado las “Recomendaciones a los Ayuntamientos andaluces respecto al control de los establecimientos de actividades recreativas de la tipología “ludotecas y su funcionamiento como guarderías infantiles encubiertas”, elaboradas por la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y remitidas a todas las corporaciones municipales andaluzas, por lo que entendíamos que el Ayuntamiento también las habría recibido.

No obstante lo anterior, le decíamos, habíamos sido informados por parte de los afectados –información que valorábamos con las debidas cautelas- de que los centros a los que se le había dado la orden de clausurar su actividad no sólo habían continuado con su funcionamiento, sino que estaban ofertando plazas para el curso 2013-14, lo que significaría que, de ser ello cierto, tendrían la intención de seguir en funcionamiento sin haber obtenido aún las preceptivas autorizaciones.

Así pues, teniendo en cuenta todo lo anterior, y a efectos de poder conocer cuál era la situación de los centros mencionados y cuáles habían sido la actuaciones llevadas a cabo por parte de la Corporación municipal en el ejercicio de las competencias que legalmente le vienen atribuidas y, así mismo, en cumplimiento de las recomendaciones mencionadas, solicitamos la emisión del preceptivo informe.

En respuesta a nuestra solicitud, desde ambas Administraciones se nos enviaron los respectivos informes solicitados.

Desde el Organismo autonómico se nos señalaron todas las actuaciones que fueron llevadas a cabo desde el mes de diciembre de 2012 en aplicación del “Protocolo de actuación ante centros de primer ciclo de Educación infantil no autorizados”, y que se extendieron, en un primer momento, hasta el mes de febrero de 2013.

Así mismo, se nos indicaba que tras el escrito de denuncia de la interesada, de fecha 21 de febrero de 2013, todos los centros denunciados fueron nuevamente visitados por el Servicio de Inspección, levantándose las actas correspondientes y volviéndoseles a comunicar la obligación de cesar en su actividad hasta tanto no cumplieran con la preceptiva autorización administrativa. De igual modo, se envió toda la documentación al Ayuntamiento a efectos de que, en el marco de sus competencias, llevarán a cabo las acciones que pudieran proceder.

Por último, nos indican que desde el Servicio de Planificación y Escolarización se significa que, en virtud de la nueva denuncia remitida por esta Institución en junio de 2013, se continuaría con la tramitación de las actuaciones recogidas en el Protocolo anteriormente señalado.

Por su parte, el Ayuntamiento nos informó que, como consecuencia de la comunicación recibida en su día desde la Delegación Territorial competente, se habían realizado las siguientes actuaciones: remisión de oficios en el que se les daba traslado a los centros inspeccionados de las actas de inspección y de la comunicación de cierre hasta tanto no contar con las correspondientes autorizaciones administrativas; reunión con los afectados; reuniones con la Delegación Territorial; e inspección de los centros denunciados.

Así mismo, del contenido de ambos informes se deducía que uno de los centros denunciados ya estaba cerrado en el mes de junio de 2013; que tres de ellos tenían previsto su cierre, casi con total seguridad, para el mes de julio por no poder adaptarse a las exigencias legales, y que nueve estaban en proceso de regularización, por lo que, probablemente a principios del mes de noviembre, estarían en funcionamiento pero con las autorizaciones preceptivas.

De todo lo actuado, dimos traslado a la interesada, a la que le indicamos, en los últimos días del mes de noviembre de 2013, que a la vista de toda la información con la que contábamos, habíamos de concluir que por parte de las Administraciones competentes se venían realizando las actuaciones oportunas en orden a regularizar la situación de aquellos centros que bajo la cobertura de una licencia de apertura municipal para ejercer la actividad de “ludotecas”, prestaban el servicio de atención socioeducativa reservado únicamente a los centros y escuelas de Educación infantil y, por ello, considerando que el asunto por el que había acudido a esta Institución se encontraba en vías de solución, procedíamos al archivo de su expediente.

Es incuestionable que, siendo loable el interés mostrado por parte de los titulares y profesionales que regentan y prestan sus servicios, respectivamente, en las escuelas y centros de Educación infantil, en cuanto a defender el sometimiento de los mismos a la legalidad vigente con la clara intención de proteger los derechos e intereses de los menores que reciben directamente dicha atención, no podemos obviar la realidad de que en parte del interés existe un trasfondo económicos, igualmente respetable y defendible.

No se nos puede escapar el hecho de que en el contexto económico actual, al que, si bien nos gustaría, no podemos dejar de aludir continuamente, la merma en los ingresos económicos de muchas familias les hace buscar otras alternativas más económicas para cubrir las necesidades familiares, entre las que se encuentran las de dejar a sus hijos e hijas menores al cuidado de otras personas o centros durante el horario laboral o, precisamente, para poder buscar un trabajo. Es evidente que si no se tiene un familiar o persona de confianza que pueda hacerse cargo de los pequeños, la única alternativa es buscar un centro que cumpla con esta función, siendo incuestionable que si dichos centros no han asumido el incremento de coste que supone la adecuación de sus instalaciones, mobiliario y de cualificación de su personal a las exigencias legales, el servicio será ofrecido por un coste sensiblemente inferior al de una plaza en un centro que cumple con todos los requisitos legales.

No obstante, porque se ha de asegurar el bienestar de los menores, y porque el servicio de atención socioeducativa es una actividad reglada, la Administración educativa ha de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y ejercer con rigor sus competencias de inspección y supervisión de todos los centros en los que presta dicho servicio.

Tema DMA:

Educación

Materia:

EDUCACIÓN

Año del informe anual:

Jueves, 6 Noviembre, 2014

Área: