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ANTECEDENTES

El reclamante denunciaba que se había demolido una rampa de acceso a un edificio de viviendas en Torre del Mar, anejo de Vélez-Málaga (Málaga), situada en los terrenos comunes del edificio y, por tanto, de propiedad de la comunidad de propietarios, por parte de una inmobiliaria para construir una escalera de acceso a su local. En concreto, el interesado indicaba textualmente lo siguiente:

“El que suscribe es propietario de un apartamento en el Edificio ... de Torre del Mar en Málaga, cuyo edificio disponía de su rampa para acceso para personas con discapacidad.

En el año 2000, el propietario del local colindante, vecino de la misma Comunidad, realiza varias obras sin licencia municipal, es denunciado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios, y la Gerencia Municipal de Urbanismo le abre un expediente de protección de la legalidad urbanística.

En Abril de 2003, continúa realizando obras sin licencia consistente en demolición de la rampa y la construcción de una escalera de acceso a su local en la planta sótano. Con estas obras consigue que el local que tenía el acceso desde el garaje de la planta sótano, ahora lo tenga desde la calle, alterando la descripción registral y aumentando el valor de dicho local por este nuevo acceso en perjuicio de las personas con discapacidad que ahora no disponen de este acceso.

Estas últimas obras fueron denunciadas por el presentador de este escrito, ya que el Presidente que había en esa fecha no lo hizo.

El 23-04-04, (1 año más tarde), después de presentar varios escritos a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vélez Málaga, éste informa de que las obras realizadas no son legalizables y ordena la demolición de la escalera y restitución de la rampa de acceso.

Mes y medio más tarde, el mismo Organismo “cambia de opinión” y considera que las obras pueden ser legalizadas ordenando la Suspensión de la Orden de Demolición dictada en la resolución anterior.

Ante esta Resolución, se presenta Recursos de Reposición que nuevamente Resuelve desestimando dicho Recurso, por lo que puede entenderse que se ponía fin a la vía Administrativa.

Agotada la vía administrativa, el 22-11-04 se presenta Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Málaga contra la Resolución, iniciando así el Procedimiento Contencioso Administrativo.

Una vez admitido a trámite este recurso, y después de 4 años, el 30-12-08, este Juzgado dicta Sentencia en el que Inadmite el recurso interpuesto, en base a que no reúne los requisitos legales para ser resuelto por esta vía, recomendando sea resuelto por vía administrativa”.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento, éste nos indica que en el curso de los expedientes de licencia de primera ocupación y de alteración de la calificación jurídica de bienes municipales, se resolverá acerca de la legalización de las obras o de su demolición, por lo que interesamos que nos mantuviera informados de la decisión que se adoptara. Aunque en diversas ocasiones hemos interesado una mayor eficacia e impulso en los respectivos expedientes de regularización o restitución de las obras en el marco del expediente de licencia de primera ocupación y del expediente de alteración de calificación jurídica, la cuestión seguía sin resolverse.

En su último informe, el Ayuntamiento nos dio cuenta de las gestiones que, en relación al parecer con este asunto, se están llevando a cabo por los Departamentos municipales de Contratación y de Patrimonio. Parece ser que estas gestiones podrían resultar precisas para valorar la procedencia de conceder la licencia de primera ocupación del inmueble. Sin embargo, el objeto de la larga tramitación de este expediente de queja, comenzada en el año 2009, no es otro sino la disconformidad del reclamante con la demolición de rampa de acceso al edificio de ese municipio.

En tal sentido, el propio interesado ha dejado claras las siguientes consideraciones:

“1) Que el argumento recurrido en la queja no es la licencia municipal de primera ocupación, ni la legalización de las obras de demolición de la rampa, ni la desafectación de una porción de vial público, sino, simplemente, la restitución de la rampa demolida ilegalmente por el propietario del local.

2) Que dicha restitución se suspendió como consecuencia del Informe de la Técnica Municipal, que consideraba legalizables las obras de demolición de la rampa, porque existía otro acceso por la puerta auxiliar del garaje.

3) Este acceso nunca podrá ser considerado como acceso homologado de personas con movilidad reducida, por la imposibilidad una barandilla o antepecho a todo lo largo de su recorrido porque inutilizaría el garaje del edificio”.

CONSIDERACIONES

Lo que el interesado y esta Institución vienen demandado es un pronunciamiento municipal sobre esta cuestión, al margen de lo que se decida sobre la concesión de la licencia de primera ocupación vinculada a otras cuestiones ajenas al motivo de su queja. En tal sentido, conviene remitirse a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que obliga a los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas a adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar o eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Todo ello, con la finalidad de evitar nuevos retrasos en dictar la resolución que proceda ante la reclamación formulada por el interesado.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar el artículo 41.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RECOMENDACIÓN de que, dadas las dilaciones que se observan en la tramitación de este expediente de queja y a fin de conocer si finalmente quedan o no subsanados los incumplimientos que, según el interesado, se han producido respecto de la normativa de accesibilidad en este caso, se emita un pronunciamiento técnico que permita determinar si el acceso a través de la puerta auxiliar del garaje se atendría a las especificaciones que recoge el Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y, de no ser así, si se descarta la posibilidad de legalizar la demolición de la rampa antes existente ante la posible carencia de otro acceso alternativo y conforme a la normativa citada al garaje del inmueble.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

El interesado nos exponía en su escrito de queja que había construido, con las oportunas licencias urbanísticas (licencia de obras y licencia de primera utilización), amparadas en un proyecto visado por el Colegio de Arquitectos correspondiente, un edificio de dos viviendas y dos locales comerciales en el término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz) de acuerdo con el PGOU aprobado en 1991. Al parecer y debido a que estas licencias fueron concedidas indebidamente, según la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, se le había ordenado judicialmente la demolición de estas obras, imponiéndole una pena de 6 meses de prisión y una sanción económica que, debido a su grave situación, le llevó a que le embargaran un local comercial.

Debido a la situación en la que se encontraba, había presentado una reclamación patrimonial ante el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que aún no había sido resuelta, a pesar de que el Servicio Provincial de Recaudación había iniciado ya el procedimiento de embargo de sus bienes, por lo que temía que una vez que se embargara y se subastara la finca, el daño sería de imposible reparación.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento, éste nos comunicó que iba a revisar de oficio la licencia de obras concedida al interesado, añadiendo, respecto de la posible indemnización, que no podía adelantar cuándo se concretaría, por cuanto el Servicio Municipal no puede, ante su elevado volumen y complejidad, resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial en los plazos legalmente establecidos.

CONSIDERACIONES

Del contenido de los informes remitidos, se desprende la innegable complejidad del asunto y la posible concurrencia de responsabilidad en los perjuicios que el reclamante ha sufrido, cuyo grado de atribución a las distintas partes implicadas en el asunto habrá de determinarse en el expediente de responsabilidad patrimonial instruido por ese Ayuntamiento a instancias del interesado.

Dicho lo cual, no cabe negar que ese Ayuntamiento concedió una licencia de obras de forma irregular y, posteriormente, de primera ocupación (como acredita la propia resolución municipal por la que se acuerda la revisión de oficio de la licencia de obras concedida al reclamante) que, a pesar del requerimiento formulado al mismo para la aportación del preceptivo informe favorable de la Administración Cultural, en base a los principios de buena fe y confianza legítima, generó una innegable apariencia de legalidad de tales licencias y pudo coadyuvar al comienzo y conclusión de las obras de construcción de la que iba a constituir su vivienda familiar.

En tal sentido y como ese mismo Ayuntamiento señala, el artículo 35, d) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, dispone que dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de la anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades.

Para el reclamante resulta urgente la percepción de la posible indemnización que, por este asunto, le corresponda, puesto que se encuentra en una difícil situación económica como consecuencia de todos estos hechos.

Al respecto, se nos indica que el expediente de responsabilidad patrimonial se encuentra aún en fase de instrucción, no pudiendo anunciarse una fecha de resolución dado el elevado número de expedientes de ese tipo que se tramitan y su complejidad. No obstante, la demora en dicha resolución ocasiona nuevos perjuicios a los que ya se han podido ocasionar, siendo así que la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa, en caso de entenderse desestimada por silencio la pretensión formulada, podría derivar en nuevos gastos añadidos a los que el reclamante ha debido afrontar.

En tal sentido, conviene remitirse a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que obliga a los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas a adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar o eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar el artículo 41.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RECOMENDACIÓN de que -dado que se nos comunica que resulta inviable para ese Ayuntamiento, dado su elevado volumen y complejidad, resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial en los plazos legalmente establecidos-, por parte de esa Alcaldía, se realicen las actuaciones precisas para dotar al Servicio Municipal competente de los medios personales y materiales precisos, para resolver esta grave deficiencia que viene a ocasionar un nuevo perjuicio a unos administrados que, precisamente, están demandando el reconocimiento de responsabilidad patrimonial por otras posibles actuaciones irregulares de esa Corporación Municipal. Se debe dotar al Servicio correspondiente de los medios necesarios para cumplir las funciones que tiene encomendadas en los plazos legalmente establecidos y para una mejor garantía de los derechos de la ciudadanía.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

El reclamante venía denunciando ante el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada) que el propietario del inmueble colindante a su vivienda, había procedido al levantamiento de un muro y un cerramiento que, siempre según el interesado, no se atenía al planeamiento urbanístico municipal, además de los perjuicios que ello le ocasionaba. Estas denuncias no habían tenido respuesta y el Ayuntamiento, a su juicio, estaba actuando pasivamente ante esta posible infracción urbanística.

Tras las diferentes actuaciones que hemos realizado con el Ayuntamiento, conocimos que éste había requerido al denunciado a que ajustara las obras al planeamiento, por lo que hemos continuando nuestras actuaciones con objeto de conocer la ejecución de tales obras por parte del denunciado, pues aunque el Ayuntamiento nos comunicó que había procedido a legalizar las obras realizadas por lo que ya se atenían al planeamiento, el interesado discrepaba de ello pues entendía que no se respetaban las determinaciones urbanísticas respecto de la medianería en cuanto a su altura.

Posteriormente, el Ayuntamiento nos comunicó que había ordenado al promotor de las obras denunciadas que procediera a la reposición de la realidad física alterada en el plazo de un mes, por lo que continuamos nuestras actuaciones con objeto de constatar que la legalidad urbanística quedara restaurada, por lo que interesamos que nos mantuvieran informados de los sucesivos trámites realizados en el citado expediente, señalando el número de multas coercitivas impuestas en caso de persistir el incumplimiento del obligado, así como si se efectuaba el pago de las mismas, o si el Ayuntamiento optaba por la ejecución subsidiaria de lo ordenado, pues el interesado seguía indicándonos las gravísimas molestias que la situación le suponía y el estado de desesperación en que se encontraba.

Durante la tramitación del expediente, el Ayuntamiento intentó, en diversas ocasiones, un acuerdo entre las partes con objeto de minimizar el perjuicio que ocasionaría su actuación a alguna de ellas y para ello el propio Concejal de Urbanismo conversó con las dos partes, conversaciones que resultaron infructuosas pues la propuesta del infractor (derribo del muro realizado sobre la medianera y su cambio por lamas horizontales que dejaran pasar la luz y el aire de forma natural) fue rechazada por el interesado en la queja.

En su último escrito, el Ayuntamiento nos daba cuenta de las infructuosas gestiones que, para alcanzar una solución acordada en torno a este asunto, había llevado a cabo. Se manifestaba que estaba dificultando la solución de este caso la ausencia de una ordenanza de aplicación que permita dar respuesta a casos, como éste, que presentan una ambigüedad normativa

CONSIDERACIONES

A la vista de ello, recordamos que venimos tramitando este expediente de queja desde el año 2008 siendo innumerables los escritos que, en relación con este asunto, hemos intercambiado con ese Ayuntamiento sin que se haya llegado a una solución del mismo a pesar de las gestiones que, nos consta, se han llevado a cabo por responsables municipales.

Sin embargo, es lo cierto que, con fecha 15 de Febrero de 2010, por la Alcaldía de ese Ayuntamiento se dictó la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada en el plazo de un mes al infractor. Desde entonces, lo que venimos demandando es que nos informe de la ejecución de dicha Resolución a fin de poder dar por concluida nuestra intervención en este asunto. Lo cierto es que tal Resolución no se ha ejecutado, ignoramos si se han impuesto y cobrado multas coercitivas para ello al infractor y, aunque sabemos que se ha solicitado la legalización de lo construido, lo cierto es que ese Ayuntamiento no se pronuncia al respecto aludiendo a una ambigüedad normativa que no aclara.

No obstante, al respecto, conviene recordar que el artículo 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que, en ningún caso, podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. Lo que no lleva a estimar que no resultan de recibo las dilaciones que presenta la tramitación municipal de este asunto y nos obliga a recordar, asimismo, la responsabilidad que el artículo 41.1 de la misma Ley atribuye a los titulares de las unidades administrativas y al personal al servicio de las Administraciones Públicas de, en lo que se refiere a los asuntos a su cargo, remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar toda anormalidad en la tramitación de lo procedimientos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar lo previsto en los artículos 41.1 y 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RECOMENDACIÓN de que, sin nuevas demoras, ese Ayuntamiento se pronuncie de forma expresa sobre la solicitud de legalización de las obras sin licencia denunciadas por el reclamante y, en caso de no sea posible tal legalización, que se lleven a cabo las actuaciones que procedan para que, dadas las dilaciones que se han producido en este asunto, se ejecute de forma subsidiaria la Resolución de esa Alcaldía de fecha 15 de Febrero de 2010, reponiendo la realidad física alterada, si ello no se lleva a cabo voluntariamente por el infractor en el plazo indicado por ese Ayuntamiento.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

Recientemente se reunían el Defensor del Pueblo Andaluz y representantes de las Defensorías universitarias de las Universidades públicas de Andalucía.

Dicha reunión no tenía otro objeto que poner en común problemas que se están detectando en las distintas Universidades y proponer soluciones a los mismos a través de una actuación cuyo ámbito pudiera exceder del de cada una de las Universidades por afectar a decisiones de órganos no universitarios.

Uno de los temas destacados fue la problemática surgida por la inexistencia de un criterio común entre las Universidades andaluzas para la acreditación del nivel B1 como requisito de acceso al Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

Así, pudimos conocer que esta disparidad de criterios entre las distintas Universidades que conforman el Distrito Único Andaluz estaba provocando situaciones de claro agravio comparativo entre los aspirantes a cursar este Máster en función de la Universidad elegida para ello.

El principal motivo de discrepancia se centra en la acreditación del nivel  B1 en el caso de titulados en Filología o en Traducción e Interpretación. La práctica totalidad de las Universidades andaluzas consideran suficiente a efectos de dicha acreditación la expedición de un certificado por parte del  correspondiente Instituto de Idiomas o Centro Superior de Lenguas Modernas señalando la equivalencia de los estudios cursados para obtener dicha titulación con el nivel idiomático requerido. Sin embargo, la Universidad de Granada no expide dicho certificado, ni acepta los expedidos por las demás Universidades.

CONSIDERACIONES

Esta decisión de la Universidad de Granada comporta un trato diferente para sus licenciados en Filología o Traducción e Interpretación que se ven obligados a superar una prueba de acreditación que organiza dicha Universidad o aportar alguna otra titulación equivalente para poder acceder al  Máster en dicha Universidad. Además comporta la exclusión del Máster de aquellos alumnos procedentes de otras Universidades andaluzas que han elegido Granada como segunda opción y presentan las certificaciones expedidas por sus respectivos Institutos de Idiomas o Centros Superiores de Lenguas Modernas.

Ante esta situación, resulta evidente la necesidad de adoptar un criterio homogéneo para toda Andalucía en cuanto a la posibilidad de homologación de estudios oficiales que, en principio, presuponen un determinado dominio de lenguas extranjeras como Filología o Interpretación y Traducción, a través de los procedimientos adecuados que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

La autonomía universitaria de que gozan las Universidades creemos que debe ser coherente con el sistema unitario de acceso a las titulaciones oficiales diseñado en Andalucía, para no generar situaciones de agravio comparativo entre los sistemas “reales” de acceso arbitrados por cada Universidad que pudieran afectar al derecho, recogido en el artículo 46.2.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, a la igualdad de oportunidades y no discriminación de los estudiantes en el ingreso en los centros y en el ejercicio de sus derechos académicos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Institución ha estimado oportuno iniciar de oficio expediente de queja, de conformidad con el  art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz,  y dirigir a esa Comisión, de acuerdo con la posibilidad contemplada en el art.  29 de la citada Ley, la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA: Que la Comisión de Distrito Único Andaluz establezca un único criterio, válido en todas las Universidades públicas de Andalucía, para la acreditación del nivel B1 a efectos de acceso al Máster Universitario de Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

1. La presente queja se inicia tras recibirse escrito de un vecino de Cartaya y residente en el pueblo costero de El Rompido, denunciando las consecuencias ambientales derivadas de la fiesta organizada en el paseo marítimo de dicho pueblo el día 14 de mayo de 2011 por parte del Ayuntamiento de Cartaya, bajo la denominación de "Bicheando".

Según exponía el denunciante, dicha fiesta, a la que asistieron cientos de jóvenes venidos de todos los puntos de la provincia, degeneró en un macro- botellón que se extendió por todo el paseo marítimo del pueblo, por la playa aledaña al mismo e incluso por diversas zonas ajardinadas y residenciales, provocando toda suerte de problemas y perjuicios a los vecinos que hubieron de soportar los ruidos, suciedades y micciones de los asistentes que no dudaron en ocupar las entradas de las viviendas y zonas comunes de los edificios para consumir bebidas o hacer sus necesidades.

El promotor de la queja centraba su protesta en el hecho de que no se hubiera dispuesto por el Ayuntamiento de Cartaya un dispositivo que evitara que las ingentes cantidades de de residuos provocadas por los asistentes al evento -bolsas de plástico, botellas, restos de comida, etc.- acabaran esparciéndose más allá del propio paseo marítimo y de las zonas urbanas, para acabar en la playa y en la propia Ría, pese a que la zona es un paraje natural protegido.

A este respecto, mostraba su indignación por el hecho de que no existiera ningún dispositivo de limpieza dispuesto por el Ayuntamiento para recoger los residuos al terminar la fiesta, sino que se permitió que la zona permaneciera completamente llena de residuos durante toda la noche del día 14 y buena parte de la mañana del día 15, lo que propició que, al subir la marea, gran parte de los residuos que ocupaban la playa terminaran adentrándose en la Ría, contaminando la misma.

Se denunciaba también por el interesado la insuficiencia de los servicios higiénicos instalados por el Ayuntamiento que determinaron que muchos de los asistentes realizaran sus necesidades en la propia playa y en las zonas de marisma aledañas donde tiene su refugio un gran número de cangrejos y otras especies marinas.

Por todo lo anterior, el denunciante requería la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz a fin de que se depurasen las responsabilidades por las molestias y los daños ecológicos derivados de este evento y se adoptasen medidas para que los mismos no volvieran a repetirse en años sucesivos.

2. Admitida a trámite la queja se solicitaron los preceptivos informes al Ayuntamiento de Cartaya y a la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente.

3. Recibido informe del Ayuntamiento de Cartaya, el mismo consiste únicamente en copia de un informe evacuado por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Cartaya (EMV-CARTAYA) en el que se detallan los dispositivos de limpieza puestos en marcha con ocasión de la celebración del evento “Bicheando”.

Del contenido expositivo del mencionado informe merecen ser destacados los siguientes datos:

– Se constata que el operativo de limpieza no pudo realizar actuación alguna durante la noche del evento (14 de mayo), al parecer por la masiva afluencia de público y la prolongación de la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

– El día siguiente (15 de mayo) se inició la operación de limpieza de las zonas urbanas a las 7:00 h. de la mañana, no pudiéndose acometer la limpieza de la zona de playa hasta las 13 h., prologándose estas labores de limpieza y recogida de residuos en la playa hasta las 17 h.

– Hasta el lunes 16 de mayo no culminó la labor de limpieza minuciosa de la playa con la ayuda de un tractor y maquinaria de limpieza de playas.

4. Recibido informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva en el mismo dicho organismo se limita a reseñar el carácter estrictamente municipal del acto festivo organizado, así como a recalcar que los residuos producidos con ocasión del mismo deben ser considerados residuos urbanos por lo que su gestión y tratamiento es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Cartaya.

El informe concluye señalando que “al parecer, se produjo una rápida recogida de los residuos generados en dicho evento”.

5. Traslados los informes recibidos a la persona promotora de la queja a los efectos de la formulación de alegaciones, por parte del mismo se ratifica plenamente y en todos sus extremos la denuncia formulada, resaltando las graves molestias derivadas del evento y la contaminación habida en el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido como consecuencia del retraso en la retirada de los residuos depositados en la playa. Aportando diversa documentación gráfica acreditativa de los extremos denunciados.

Asimismo, el promotor de la queja insiste en pedir la adopción de medidas efectivas para impedir que los hechos denunciados se repitan en 2012.

CONSIDERACIONES

1. De las molestias, riesgos y perjuicios derivados de los hechos denunciados.

La denuncia presentada por el promotor de la queja en relación con los hechos producidos durante la celebración del evento denominado “Bicheando” se centra fundamentalmente en las graves consecuencias para los residentes en la localidad y para el paraje natural protegido derivadas de lo que parece ser una inadecuada previsión por parte del Ayuntamiento de Cartaya sobre la afluencia de personas que podía generar la celebración de este acontecimiento festivo, pese a que la experiencia habida en años precedentes apuntaba a un continuado incremento en la asistencia de público procedente de distintos puntos de la provincia e incluso de fuera de la misma.

Para la determinación de cuales fueron dichas consecuencias, debemos partir del contenido del escrito de denuncia recibido y de la documentación gráfica aportada por el promotor de la queja, puesto que los informes recabados de las Administraciones interpeladas en absoluto desmienten o desvirtúan los hechos denunciados en los mismos.

Así, como primera consecuencia de esta aparente falta de previsión sobre el número de asistentes al evento, debe reseñarse una inadecuada planificación de los servicios públicos y los dispositivos destinados a garantizar la seguridad, la limpieza y la higiene durante el evento festivo, que resultaron ser notoriamente insuficientes para el cometido fijado, viéndose desbordados por la afluencia masiva de personas, lo que dio lugar a situaciones de riesgo para la integridad de personas y bienes.

En efecto, la documentación gráfica aportada permite comprobar la incapacidad física del recinto acotado para celebrar el evento en orden a acoger a la ingente cantidad de público congregado finalmente en el mismo, lo que parece haber sido causa determinante de la ocupación por los asistentes de los espacios residenciales privados próximos al lugar de celebración, dando lugar a deterioros y daños en dichos bienes y a la producción de innegables molestias y perjuicios a propietarios y residentes.

Asimismo, la falta de previsión parece especialmente notoria en relación con los equipamientos dispuestos para la recogida de basuras y residuos que pudieran generarse durante el evento. Así, puede apreciarse en los documentos gráficos aportados al expediente como los contenedores instalados para la recogida de basuras y residuos se encontraban totalmente saturados al poco de comenzar la celebración, lo que vendría a explicar que gran cantidad de residuos y basuras aparecieran esparcidos al finalizar el mismo por las inmediaciones de estos contenedores, diseminados por la práctica totalidad del espacio de celebración y la playa aledaña y acumulados en las terrazas y soportales de las viviendas y espacios residenciales más próximos.

Por lo que se refiere a los servicios higiénicos y sanitarios, cabe señalar que los escasos urinarios portátiles instalados se mostraron, al parecer, claramente insuficientes para atender las necesidades fisiológicas de los asistentes, como lo demuestran las fotografías que revelan el estado de deterioro de dichas instalaciones al terminar el evento y la gran cantidad de orines y micciones existentes en sus alrededores y en las zonas privadas de las viviendas aledañas al recinto. Asimismo, debe resaltarse el hecho de que bastantes asistentes utilizaran la playa y la zona de la Ria como urinario público ante la saturación de los sanitarios instalados.

Por lo que se refiere a la seguridad de las personas asistentes al evento festivo, únicamente podemos reseñar, a falta de otra información fehaciente, las referencias del promotor de la queja a las numerosas reyertas y peleas habidas en el recinto y a la notoria falta de presencia policial en el mismo, lo que determinó una sensación de inseguridad y miedo entre los residentes en la zona y entre los propios jóvenes asistentes al evento. Estas afirmaciones no han sido refutadas en los informes recibidos por lo que debemos dar veracidad a las mismas.

En la documentación gráfica aportada al expediente se observa como algunos asistentes al evento, en claro estado de intoxicación etílica, se dirigen hacia el mar atravesando para ello la zona fangosa de la Ria donde anidan cangrejos y otras especies, con total ignorancia de los riesgos derivados de tan dificultosa travesía y sin que exista dispositivo alguno de seguridad para disuadirles, debiendo finalmente ser rescatados por personal del puerto deportivo próximo en evitación de posibles ahogamientos por agotamiento.

En ningún momento se aprecia la presencia en el recinto donde se celebra el evento de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, ni dispositivos de policía local o seguridad privada.

2. De las afecciones al medio natural protegido.

De la documentación acopiada en el expediente de queja se constata las graves consecuencias derivadas de la falta de previsión municipal en relación con la celebración de este acontecimiento festivo para el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido.

En efecto, como el propio informe municipal reconoce el dispositivo de limpieza previsto no pudo iniciar su labor hasta la mañana siguiente a la celebración del evento por la masiva afluencia de público y la prolongación de la fiesta hasta altas horas de la madrugada, lo que determinó que los numerosos residuos y basuras generados permanecieran en la zona urbana y en la playa colindante sin ser recogidos durante un importante número de horas.

Pero además, debe resaltarse el hecho de que las labores de limpieza no se acometieron en la zona de playa y en la Ria aledañas al espacio urbano hasta las 13 horas del día siguiente a la celebración. A estos efectos, y como demuestran las fotografías aportadas, la acumulación de basuras y residuos en la zona de playa y Ria en la madrugada del día del evento era de tal magnitud que resulta difícil distinguir la zona de arena al estar en gran medida cubierta por restos de plásticos, botellas y otros residuos y basuras.

Al no acometerse las labores de limpieza con la inmediatez requerida, y como consecuencia del juego de las mareas, gran parte de estas basuras y residuos acabaron adentrándose en el espacio natural protegido de la Ria de el Rompido, contaminando el mismo.

A este respecto, resultan muy ilustrativas las fotografías en las que se aprecia como flotan en la Ria los residuos y basuras en la mañana del día siguiente a la celebración del acontecimiento lúdico y como algunos de ellos se han depositado en las zonas donde anidan los cangrejos y otras especies protegidas.

3. Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, el artículo 133.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía señala que la Administración autonómica debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Con carácter básico, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

Asimismo, en sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

4. De los deberes y obligaciones que recaen sobre las Administraciones Públicas implicadas en función de su ámbito competencial.

Entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma fijados por el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su art. 10, se incluye en su apartado 7º «la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente».

Asimismo, en el art. 28 de la norma Estatutaria se señala que «todas las personas tiene derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlos para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes».

Por lo que se refiere específicamente al Ayuntamiento de Cartaya debemos recordar que el art. 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce competencias propias a los municipios, entre otras, sobre las siguientes materias.

«d) Ordenación y prestación de los siguientes servicios básicos: (…) recogida y tratamiento de residuos; limpieza viaria (...)» «h. Cooperación con otras Administraciones Públicas para la promoción, defensa y protección del medio ambiente y de la salud pública».

«i. La regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en lugares de concurrencia pública».

Asimismo hemos de señalar que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a los municipios en su art. 9, entre otras, las siguientes competencias:

«6. Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.

7. Ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.

12. Promoción, defensa y protección del medio ambiente.

13. Promoción, defensa y protección de la salud pública, que incluye: c) El control preventivo, vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud.

j. El control de la salubridad de los espacios públicos, y en especial de las zonas de baño.

14. Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública».

Por lo que se refiere a la Consejería de Medio Ambiente debemos comenzar señalando que la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, señala en su artículo 18 que corresponde a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, la administración y gestión de los espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma.

A estos efectos, debemos reseñar que por imperativo de la propia Ley 2/1989, se declara como espacio natural protegido con la categoría de Paraje Natural a las Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido, encuadrándose dentro de dicho espacio natural protegido las playas y la Ría aledañas al lugar de celebración del evento denominado “Bicheando”.

Asimismo, debemos recordar que el art. 26 de la ley 2/1989 señala que las infracciones administrativas en materia de espacios naturales protegidos se clasifican en leves, graves y muy graves, considerando como infracción leve «El vertido o abandono de cualesquiera objetos o residuos sólidos fuera de los lugares señalados al efecto».

En base a lo anteriormente expuesto y de conformidad a la posibilidad contemplada en el art. 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se considera oportuno formular la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales que se imponen a las Administraciones públicas afectadas en las normas transcritas anteriormente.

RECOMENDACIÓN al Ayuntamiento de Cartaya para que adopte cuantas medidas resulten pertinentes con ocasión de la organización de eventos festivos o lúdicos en su término municipal para garantizar la prestación adecuada de los servicios de recogida y tratamiento de residuos; limpieza viaria; promoción, defensa y protección del medio ambiente; promoción, defensa y protección de la salud pública y ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública.

SUGERENCIA 1: al Ayuntamiento de Cartaya para que, en caso de organizar nuevamente el evento festivo conocido como “Bicheando” determine como espacio de celebración del mismo un recinto que reúna las condiciones necesarias de capacidad y aforo para atender debidamente al público que previsiblemente asistirá al mismo, tomando en consideración para dicha previsión la asistencia habida en los eventos de años precedentes.

SUGERENCIA 2: al Ayuntamiento de Cartaya para que, en caso de mantener la celebración del citado evento en el mismo espacio que en el año 2011, establezca unos límites adecuados de asistencia y aforo máximo, garantizando que no se produzcan ocupaciones indebidas, ni daños en los espacios privados de uso residencial próximos al mismo.

SUGERENCIA 3: al Ayuntamiento de Cartaya para que, en caso de mantener la celebración del citado evento en el mismo espacio que en el año 2011, adopte las medidas necesarias para limitar las afecciones al Paraje Natural derivadas del acceso incontrolado de los asistentes a las zonas de playa y Ria.

SUGERENCIA 4: al Ayuntamiento de Cartaya para que, en caso de mantener la celebración del citado evento en el mismo espacio que en el año 2011, establezca una limitación horaria en la duración del evento que posibilite una limpieza inmediata y adecuada de la zona evitando que los residuos y basuras generados lleguen a la zona protegida de la Ria por efecto de las mareas.

RECOMENDACIÓN a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva para que, con ocasión de la organización de eventos festivos o lúdicos en los que se prevea una importante concurrencia de público, adopte las medidas necesarias en coordinación con el Ayuntamiento de Cartaya para la adecuada protección del espacio natural protegido Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones