Balance del Defensor

La democracia funciona como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. Prueba de ello son las quejas y consultas que durante 2024 los andaluces y andaluzas han planteado al Defensor del Pueblo andaluz para la defensa de sus derechos. Una reivindicación social –quejas y consultas-, que constituyen el instrumento por el que Defensor conoce las preocupaciones reales y justas de las personas y trata de ofrecer su papel de protección y mediación.

Los andaluces y andaluzas se quejan por la desigualdad, por causas humanitarias como la crisis climática o la falta de vivienda, por la aplicación de la ley de dependencia, por el deterioro de los servicios sociales; por los tiempos de espera de la sanidad pública, por el silencio de las administraciones a sus demandas, por la escasa participación pública…

En 2024, el Defensor del Pueblo andaluz ha puesto el foco en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. “No cejaré en mi compromiso de reivindicar una Renta básica, un techo digno y un suministro de luz y agua garantizados como paquete básico de ciudadanía”, ha señalado con motivo del 40º aniversario de la Institución.

Entre las prioridades en este ejercicio, el Defensor ha subrayado la labor para garantizar los derechos de las personas con discapacidad; la atención a las personas mayores; la protección y promoción los derechos de los niños, niñas y jóvenes como Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía desde hace 25 años; la vigilancia de los derechos de las personas migrantes ante el odio o la discriminación, y la consecución de la igualdad de la mujer. También la protección de un entorno sostenible; la defensa de una educación inclusiva y de calidad; el fortalecimiento de la sanidad pública; la respuesta ágil de una justicia sin demoras; la cultura de paz, la participación y la mediación, y la lucha contra la despoblación.

Este 2024 nos ha mostrado cómo una realidad aparentemente perfecta se desmorona ante el relato de derechos ya consolidados que se incumplen reiteradamente en casos reales, testimonios duros de personas anónimas o entidades sociales. A continuación se pueden ver una muestra de estos testimonios.

“Llevo más de tres años para que reconozcan la dependencia a mi madre de 94 años, con Alzheimer y en una silla de ruedas: ¿A qué están esperando, a que se muera para aprobarla? ¿Cuánto tiempo creen que le queda a mi madre de vida?”

“No sé donde ir, no puedo ir debajo de un puente con mi hijo y mi marido. Tengo dinero para alquilar, pero no me alquilan, ¿cómo pueden pedirme tanto?”

“Estoy desesperada, es la cuarta vez que solicito una cita en mi centro de salud, y me la dan para dentro de un mes y medio. Me dicen que vaya en persona. He ido en varias ocasiones a las siete de la mañana y hay una cola inmensa y cuando me llega el turno ya no quedan citas. Tengo 80 años y nunca me había pasado esto.”

“Somos tres hermanos con ELA, dos de ellos ya fallecidos, yo con 49 años, sin ayuda ¿me pasará a mí lo mismo

“Frente a las grandes declaraciones, los hechos; frente al relato, el dato: la situación de mi madre y sus 25 meses de espera, más lo que le quede. Ante la evidencia no cabe ampararse en lógicas organizacionales ni burocráticas. Se impone el derecho de los administrados, la exigencia de protección del Estado Social a las personas vulnerables y el recurso a las vías de denuncia del mal funcionamiento de los servicios públicos”.

La salud, la dependencia y la vivienda han protagonizado las reclamaciones en el Defensor del Pueblo andaluz durante 2024, así como los asuntos relacionados con las personas que trabajan en el sector público y seguidas de los retrasos en la valoración de la discapacidad y la gestión de las prestaciones sociales (Renta Mínima de Inserción Social; Ingreso Mínimo Vital o pensiones no contributivas). También han sido muy recurrentes las demandas sobre educación, infancia y adolescencia, problemas de consumo y sobre el medio ambiente.

De igual manera ha acontecido con las consultas, donde hay que reseñar que casi un 10% de las consultas recibidas en 2024 tienen como principal motivo el problema con que los andaluces y andaluzas se encuentran para poder disfrutar del derecho a la vivienda digna. Estas están relacionadas con la gestión y tramitación de las ayudas a la vivienda (ayudas al alquiler, bono joven, ayudas para la compra…), falta de posibilidad de acceso a viviendas sociales adecuadas a los salarios que perciben, desahucio de viviendas y con la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible.

Un amplio elenco de derecho internacional, europeo y español reconoce el derecho a la vivienda entre sus principios rectores. A través del desarrollo legislativo, políticas y jurisprudencia, se busca garantizar que la vivienda no sea solo un bien económico, sino un derecho fundamental para todas las personas. Sin embargo, a pesar de que ha transcurrido casi 40 años desde la entrada en vigor de nuestro texto constitucional en el que se ampara a quienes tienen más dificultades poder acceder a “una vivienda digna y adecuada”, “en condiciones asequibles”, la realidad dicta mucho de estos objetivos.

Así, en el reciente estudio realizado por el Banco de España se evidencian los “desajustes crecientes entre la oferta y la demanda de vivienda que contribuirían a explicar el dinamismo actual de los precios”.

Interesa traer a colación también algunos datos del estudio publicado en 2023 por Save the Children, referido a las dificultades de las familias para pagar la vivienda en Andalucía, un problema que afecta principalmente a hogares monoparentales y con menores. Según este estudio, en Andalucía son muchas las familias que no disponen de una vivienda adecuada, destacando las situación de hacinamiento de muchas de ellas. Unas viviendas que son más frecuentes en los barrios que están más alejados de “zonas con oportunidades económicas” y donde “el grado de cohesión y la exposición a riesgos para la salud –drogas, basura, etc.- o la seguridad –delincuencia-, inciden directamente en el bienestar y salud de sus habitantes y afectan a la movilidad social”.

La necesidad de vivienda en nuestra comunidad autónoma afecta a un buen número de personas con indicadores de vulnerabilidad, que cada vez está más cronificada, a pesar de las medidas implementadas para revertir esta situación.

Año tras año, esta Defensoría viene dando cuenta al Parlamento de Andalucía, de las dificultades de la población andaluza para acceder a un techo digno, tanto en el parque residencial privado, como en el de titularidad pública.

El desfase entre el precio del alquiler y los recursos económicos de las familias es una de las causas que impide poder alquilar una vivienda en el mercado privado.

En otras ocasiones nos informan de las dificultades para mantener el alquiler de una vivienda, siendo de vital importancia las ayudas al alquiler para jóvenes familias vulnerables. Una medida que no siempre soluciona esta problemática dado que se excede del plazo previsto en las convocatorias. Estas convocatorias, que tienen como destinatarios a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no han contribuido a los fines previstos, viéndose las personas solicitantes sin expectativas para cubrir sus necesidades de vivienda durante años.

La escasa oferta de vivienda protegida conlleva que no se preste atención a la gestión de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. En paralelo, la gestión del Parque Público conlleva situaciones que requieren de unos recursos adecuados al número de viviendas que se gestionan y a la complejidad de las mismas. Equipos multidisciplinares que en coordinación con otros servicios públicos puedan ofrecer la mejor gestión posible a quienes son adjudicatarios de viviendas de este parque público. Y todo ello, requiere una financiación adecuada.

Desde la experiencia institucional propia, hemos de hacer hincapié en que las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo Andaluz durante el año 2024 han puesto a esta Institución en una situación de esfuerzo inédito, bajo el peso de un incremento desorbitado e inusitado, que ha ido en aumento a medida que la anualidad avanzaba y en progresión constante.

En las actuaciones realizadas ha tenido un impacto relevante la entrada en vigor del nuevo Decreto-ley 3/2024 que ha implantado en Andalucía nuevas bases procedimentales para el reconocimiento de la situación de dependencia y la efectividad del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, enmarcado dentro de los criterios y compromisos abordados ampliamente en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en cuyo seno se analizaron y planificaron las medidas pertinentes para la reducción de las listas de espera. En esta Institución somos conscientes de que una reforma estructural era precisa y de que para sacarla adelante es inevitable aceptar sacrificios.

Los tiempos de respuesta para la valoración siguen siendo no inferiores a la anualidad y en numerosos casos resultan excesivos: en provincias como las de Sevilla, Cádiz, Granada y Córdoba encontramos tiempos de incluso dos años, con solicitudes pendientes que datan de 2022, no atendidas o atendidas en 202, frente a la exigencia de este derecho subjetivo en seis meses.

En lo alusivo a las revisiones de grado hemos experimentado un fenómeno hasta ahora desconocido, que se concreta en la práctica equiparación entre el número de quejas fundadas en la dilación en la valoración inicial del grado de dependencia y las que se suscitan en torno a la revisión de la situación solicitada a instancia de parte por el empeoramiento.

Todo ello, en conjunción, supone un verdadero desequilibrio del Sistema y agrava un momento de tránsito de por sí inestable, hasta el punto de que las revisiones de grado acumulan las mayores demoras, aunque no en todas las provincias por igual.

Mención especial dedicamos también a las dilaciones en las valoración de la discapacidad y en cómo frustran los derechos de las personas con discapacidad. Unos derechos que no pueden ser invocados mientras tanto no se les haya reconocido el grado de discapacidad, dejando a estas personas en un limbo jurídico.

Durante el último año, como en los precedentes, hemos seguido enfrentando desafíos como la sobrecarga del sistema de atención primaria, las interminables listas de espera o la falta de facultativos/as de determinadas especialidades, en particular en algunas áreas sanitarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA).

La protección de la salud es un pilar fundamental del Estado del Bienestar y un derecho esencial de la ciudadanía, de ahí que en este ejercicio 2024, a raiz de las quejas recibidas, hemos atendido: las dificultades que enfrenta la atención primaria; la casuística variada que ofrece la atención especializada, como la que resulta de la falta de especialistas en neurología, la atención a enfermedades raras o la reproducción humana asistida; la atención temprana; la salud mental en general y, en particular, la falta de profesionales clínicos para atender a los menores de edad; los tiempos de respuesta asistencial; el transporte sanitario; el control de la incapacidad temporal; la aplicación de políticas de salud que afectan directamente a las mujeres, como ocurre con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la humanización de la atención perinatal en Andalucía; la atención sanitaria a personas transexuales, en particular las demoras que acumulan las cirugías de reasignación genital; la actuación y coordinación sanitaria ante agresiones sexuales; y, por último, las quejas relativas a mala praxis asistencial.

Desde el del Defensor Pueblo Andaluz seguimos con atención y desvelo la implementación de estas políticas, poniendo el foco en las quejas de la ciudadanía para impulsar mejoras en el Sistema Sanitario Público Andaluz.

En muchos de los informes que analizan la pobreza en España y en Andalucía se constata cómo se cronifica la situación de quienes se encuentran ya excluidas, elevándose también el número de personas en riesgo de exclusión. En ocasiones provocado por la ineficacia de las políticas públicas destinadas a paliar las circunstancias que causan estos desequilibrios.

A final de 2024 se presentaba el XIV Informe denominado “El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los Indicadores de la Agenda 2030. 2015-2023”. Un informe elaborado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), una organización comprometida con la erradicación de la pobreza y la exclusión social, que apuesta por el cambio de las políticas públicas.

Es obligado un leve repaso de algunos de los indicadores recogidos en el mencionado informe, que inicia su análisis exponiendo que, “como en años anteriores, Andalucía registra unas tasas elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, siempre superiores a las medias a nivel nacional, lo que la lleva a ocupar el puesto más elevado de todas las comunidades autónomas en cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión: Arope, tasa de riesgo de pobreza, pobreza severa y carencia material y social severa”.

Como ya poníamos de manifiesto en años anteriores, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha garantizado a las familias en situaciones de pobreza o riesgo de exclusión social unos ingresos que les permiten hacer frente a las necesidades básicas, pudiendo ser compatible con otros ingresos procedentes de las rentas de trabajo o de las actividades económicas por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. Siendo ésta una prestación de la Seguridad Social, las quejas que se reciben son remitidas al Defensor del Pueblo de España para su tramitación, recibiéndose la correspondiente información de estos expedientes, al amparo de la colaboración legal existente en ambas defensorías.

En Andalucía contamos con la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Rmisa), donde la mayor parte de las quejas que se reciben en esta Defensoría, están referidas a los importantes retrasos en la resolución, a la que en ocasiones hay que sumar el tiempo de demora de los recursos de alzada. Unos meses que también se suelen ver precedidos por las propias dilaciones en resolver el IMV, que es requisito indispensable para la solicitud de Rmisa.

Tras haber puesto de manifiesto la importancia que tiene para la población andaluza más vulnerable que las prestaciones sean resueltas en el plazo establecido, consideramos que hay otras que, aún no teniendo el carácter de las anteriores, contribuyen a mejorar sus necesidades básicas. Hablamos de aquellas que han provocado un buen número de protestas, tanto de particulares como de entidades del Tercer Sector, como ha podido ser la denominada tarjeta monedero o el Bono Carestía.

En lo referido a la denominada tarjeta monedero, incluso antes de ser convocada, concilió la crítica, sobre todo de entidades y asociaciones de vecinos/as que temían que se quedaran atrás personas que hasta la fecha necesitaban apoyo para sus necesidades básicas. Durante el año 2024, de forma transitoria, la gestión de este programa, que se financia a cargo de fondos europeos, ha sido asumida directamente por el Ministerio de Derechos Sociales, a través de una subvención concedida a la entidad Cruz Roja Española. A partir de 2025, el programa será gestionado en su totalidad por las comunidades y ciudades autónomas.

Entre los principales problemas que ha conocido esta Defensoría en relación a esta medida, podemos encontrar el retraso en su implementación, una cuestión que dificultaba el trabajo de los Servicios Sociales Comunitarios dado que en el mes de mayo en algunas provincias no se disponía de información.

Otra de las condiciones cuestionadas era que la tarjeta estuviese destinada solo a unidades familiares con menores, dejando atrás a personas mayores con las mismas necesidades, así como la ausencia de supermercados autorizados en algunos municipios, impidiendo a las personas beneficiarias el acceso a este recurso económico.

Otra de las ayudas puntuales destinadas a población con recursos escasos es el Bono Carestía. Tras su convocatoria, se recibieron quejas en las que se ponía de manifiesto que las solicitudes pudieran presentarse solo a través de medios electrónicos, lo que condicionó que personas que carecen de los medios y/o conocimientos necesarios para su tramitación pudieran acceder a este recurso.

En cuanto al Bono Joven, ha sido incesante la entrada de escritos en los que nos ponían de manifiesto que tras casi dos años desde sus solicitudes, seguían sin resolverse o sin abonarse los recibos del alquiler presentados. Esto ha propiciado que en este año 2024 se dictara resolución en la queja de oficio donde recomendamos a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda una serie de medidas encaminadas a resolver la convocatoria en el plazo recogido en la misma, con independencia de los órganos de gestión responsables de cada fase de tramitación, así como otras que permitieran evitar situaciones de desigualdad entre la población destinataria, revisando también los criterios para ofrecer a la población una mejor información y transparencia.

Por último, seguimos recibiendo numerosas quejas relacionadas con los retrasos en la tramitación de ayudas y subvenciones o con la falta de resolución de las incidencias de tramitación habidas en las mismas. Especial relevancia han adquirido dos tipos de ayudas relacionadas con los procesos de transición energética y financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Es el caso de las ayudas para el fomento del autoconsumo y el denominado Plan Moves orientado a fomentar la movilidad eléctrica.

Como ocurre con otros programas de incentivos como el bono alquiler joven o el bono carestía, estas demoras nos obligan a insistir en la necesidad de una reflexión sobre las capacidades de la Administración, con su estructura y forma de funcionamiento habitual, para gestionar este tipo de programas caracterizados por el elevado número de solicitudes y el escaso plazo para gestionarlos y resolverlos.

Del mismo modo desde esta Institución seguimos recomendando a las administraciones que realicen reformas estructurales y procedimentales para dotarse de los medios necesarios que les permita garantizar la resolución oportuna de expedientes conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente. Destacamos la importancia de esta clave, fundamental para resolver tantos retrasos y dilaciones en tantas materias importantes para lograr una administración cercana, ágil y veraz.

Por ello reiteramos la urgente necesidad de un nuevo planteamiento que evite que sigan produciéndose estos retrasos y dilaciones en la gestión de los procedimientos, abogando por la simplificación de los procedimientos y la automatización de los mismos como forma prioritaria de gestión.

Por todo ello, esta Institución viene asumiendo como un compromiso con la ciudadanía el tratar de garantizar que el progreso que supone la transformación digital sea una realidad para toda la sociedad. Que nadie se quede atrás en este camino. Que la transición digital sea una transición justa.

La incorporación de personas migrantes a nuestr comunidad ha hecho de Andalucía una sociedad multicultural, que si bien aporta valores que han de ser compartidos, también se enfrenta a desafíos que deberán ser gestionados. Tanto es así que a través de las quejas recibidas en este 2024 hemos podido conocer las principales dificultades para la inclusión social a las que se enfretan estas personas.

Muchas de ellas, referidas a situaciones que deben ser analizadas por el Defensor del Pueblo de España, por estar referidas a administraciones de ámbito estatal. Pero también quejas referidas a competencias de organismos de la comunidad autónoma, como son las dificultades para acceder a una vivienda, o a la situación de quienes viven en infraviviendas o chabolas en los asentamientos de Huelva y Almería.

Nos informan también de las dilaciones y dificultades para obtener el informe de inserción para aportar a su expediente de regularizar o de las resoluciones negativas para empadronarse en el lugar donde se reside, que les impide acceder a recursos públicos y derechos que les son reconocidos por el ordenamiento español.

Pero quizá, son los casos de discriminación hacia las personas migrantes los que más llaman la atención en una sociedad avanzada, con años de convivencia y una experiencia migratoria de andaluces a otras regiones de España y del extranjero.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención hacia escenarios donde se producen medidas de retención o privación de libertad. Así, en los sucesivos informes que hemos trasladados al Parlamento Andaluz, se ha recogido el trabajo continuado en favor de los derechos y libertades que asisten a estas personas.

Según las estadísticas publicadas por el Consejo General Judicial, en diciembre de 2023 se encontraban privadas de libertad en nuestra región 12.551 personas, siendo por tanto la Comunidad Autónoma Andaluza la que tiene la mayor población reclusa en nuestro país, contando con catorce centros penitenciarios, siete centros de inserción social (CIS) y un Hospital Psiquiátrico.

En la gestión penitenciaria concurren acciones y políticas en las que interviene la gestión de la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) y la propia Junta de Andalucía, responsable del ejercicio de competencias tan sensibles a la actividad diaria de la vida en cada una de las personas que se encuentran en prisión.

Teniendo en cuenta el ámbito competencial para abordar el tratamiento de las personas privadas de libertad, consideramos de suma importancia la coordinación entre las administraciones responsables de la implementación de las distintas políticas públicas que redunden en quienes se encuentran en prisión y han de prepararse para reinsertarse en la sociedad. También hemos podido constatar la relevancia del Tercer Sector, que comprometido con mejorar las condiciones de vida y la defensa de los derechos de estas personas, prestan sus servicios en los distintos establecimientos penitenciarios a través de la financiación pública de las distintas administraciones.

Son muchos los testimonios que llegan a esta Defensoría de mujeres, víctimas de violencia que relatan las dificultades a las que se enfrentan, con secuelas que les impiden llevar una vida plena tras hechos de semejante magnitud. En 2024 han fallecido 10 mujeres por violencia de género, un número intolerable.

El relato de las víctimas nos acerca a sus problemas, y las aleja de ser consideradas un número más de mujeres que perdieron la vida en Andalucía. Tras estos testimonios en los que se pone en evidencia situaciones de desigualdad que deben ser superadas, tiene una especial relevancia las acciones públicas encaminadas a construir sociedades abiertas e integradoras, respetando los derechos de ambos sexos. Y es que nos inquietan los verdaderos motivos que esconden los silencios de otras muchas mujeres que sufren esta situacion, por si pudieran llevar aparejados sentimientos de culpa de la víctima o vergüenza, producto una vez más, de la violencia machista que revictimiza a las mujeres; y que se suele detectar cuando las consecuencias son irreversibles.

Precisamente en materia de igualdad de género, el Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado la importancia de la igualdad real, porque la sociedad no puede progresar bien con la desigualdad, y en este sentido los más vulnerables son las mujeres y las niñas”, con casi un 60% el número de quejas y consultas que presentan las mujeres en la Institución, una tendencia que ha variado en las dos últimas décadas.

Los servicios públicos constituyen una garantía para la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Contar con empleadas y empleados públicos profesionalizados y suficientes supone una condición necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población, para promover el crecimiento económico, para avanzar en el estado del bienestar, para consolidar las instituciones públicas y para promover la cohesión territorial y social.

Estos servicios públicos tienen que realizarse en condiciones adecuadas para garantizar los derechos de la ciudadanía y, sobre todo, tener en cuenta el lado humanista y ético de la digitalización, poniendo a la persona en el centro, de forma que permita avanzar a la sociedad. Para conquistar el derecho a una buena Administración -reconocido en nuestra Constitución a través del artículo 103-, es imprescindible situar el punto de partida en las condiciones laborales en las que se encuentran las personas que a diario desempeñan las funciones anejas a estos servicios, como son el personal sanitario, docente, de los servicios de Justicia, de la Administración general de la Junta de Andalucía o del ámbito local.

Esta Institución supervisa a las administraciones públicas, así como también centra su acción tuteladora en los denominados servicios económicos de interés general, incluyendo entre los mismos a los servicios energéticos; de suministro de agua; financieros; de telecomunicaciones; postales y de transporte.

Nuestra intervención ante este tipo de entidades que prestan servicios de interés general -con independencia de que se trate de empresas privadas- tiene su base en la habilitación reglamentaria que permite a la Institución la búsqueda de fórmulas de acuerdo y conciliación en relación a los conflictos que nos plantea la ciudadanía.

Esta función también se encuentra expresamente recogida en los Principios sobre la protección y la promoción de la institución del Defensor del Pueblo (Principios de Venecia), al establecer que el mandato de esta Institución abarcará todos los servicios públicos y de interés general ofrecidos a los ciudadanos, ya sea por parte del Estado, de los municipios, de los organismos estatales o por entidades privadas.

Como novedad regulatoria a destacar, el año pasado se incorporó una medida en favor de las personas electrodependientes, de modo que esta circunstancia permite incrementar los límites de renta que se establecen para tener derecho al mismo.

No obstante se deja a posterior desarrollo reglamentario, por parte del Ministerio de Sanidad, la definición de las condiciones de acceso, el procedimiento y certificación de la situación de electrodependencia, así como el catálogo de enfermedades que determinan la electrodependencia.

Nos parece insuficiente esta regulación, ya que no ha incorporado a las personas electrodependientes como colectivo específico que tiene derecho al bono social. Esta medida les permitiría compensar, en cualquier caso, el excesivo gasto de energía eléctrica que supone la dependencia de determinadas máquinas para su cuidado en el ámbito domiciliario.

Prueba de ello son los datos que ofrecía la Encuesta sobre Condiciones de Vida del INE (febrero de 2024), señalando que en 2023 el 20,7% de la población nacional no podía mantener su vivienda con una temperatura adecuada. Por ello reclamamos que, del mismo modo, se impulsen iniciativas públicas con implantación territorial suficiente que permitan abordar situaciones de pobreza energética o pobreza hídrica, favoreciendo estudios de intervención integral en viviendas y orientando a las personas vulnerables en el acceso a los recursos disponibles en favor de la ciudadanía.

Por tanto, el acceso a los servicios de interés general está íntimamente ligado con el contenido de algunos de los derechos cuya protección tenemos encomendada, como el derecho a la salud; a una vivienda digna; al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, y al disfrute de los recursos naturales.

En el ámbito de la sostenibilidad y el medio ambiente hay determinadas cuestiones que son recurrentes en esta Institución y se repiten inexorablemente de un año para otro, como es el caso de las quejas por problemas de contaminación acústica, tanto las derivadas de actividades profesionales -especialmente la hostelería- e industriales, como las originadas en el seno de las relaciones de convivencia vecinal.

Otras no suelen ser objeto de la presentación de un número significativo de quejas ante esta Institución, pero tienen relevancia, como por ejemplo el conflicto producido en relación a la posible legalización de regadíos en el entorno de Doñana que, afortunadamente, ha entrado en vías de aparente solución al haberse llegado finalmente a un acuerdo entre las administraciones estatal y autonómica que, tenemos la esperanza, podría ser la base para un proceso positivo de intervención que permita de una vez por todas afrontar los importantes y graves problemas que padece el Parque Natural, especialmente por lo que se refiere a los déficits hídricos que sufre la marisma.

También nos parece relevante dejar constancia de una cuestión que aún está en ciernes, pero creemos que puede llegar a convertirse en uno de principales elementos de conflictividad ambiental en Andalucía: el resurgimiento de la actividad minera en nuestro ámbito.

Es necesario ante tal cuestión, estudiar bien sus consecuencias y el equilibrio entre la seguridad y los efectos de los vertidos de metales pesados durante tantos años a nuestros ríos, a la agricultura... y las oportunidades de empleo y desarrollo de poblaciones empobrecidas.

Otra cuestión que nos parece especialmente relevante en términos ambientales y que también presenta dificultades para su tratamiento por esta Institución es la relativa a las consecuencias derivadas de la proliferación de instalaciones de energía renovable. Un año mas han sido diversas las quejas recibidas procedentes de personas o colectivos disconformes con el lugar elegido para la ubicación de una instalación solar o fotovoltaica, o para la determinación del trazado de una línea eléctrica destinada a la evacuación de la energía obtenida por estos medios renovables.

Se entiende por movilidad sostenible el conjunto de procesos y acciones orientados a que el desplazamiento de personas y mercancías que facilitan el acceso a los bienes, servicios y relaciones se realicen con el menor impacto ambiental posible, contribuyendo a, y a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica.

Por su parte, la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad, hombres y mujeres, puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Nos siguen llegando quejas por la carencia o escasez de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, uso indebido de tarjetas de autorización o retirada improcedente de las mismas, etc. También el problemático acceso de las personas con discapacidad a los transportes públicos da lugar a que cada año se presenten denuncias sobre la carencia de vehículos adaptados para personas usuarias de sillas de ruedas o disconformidad con la frecuencia y horario de estos vehículos, cuando no el deficiente funcionamiento de las plataformas de los autobuses que posibilitan la subida de las sillas de ruedas.

En materia de planeamiento urbanístico destacamos aquellas que reclaman el cumplimiento de los procesos de participación ciudadana y, en concreto, la falta de respuesta de la administración en los trámites de consulta ciudadana.

Consideramos que la disciplina preventiva es tan recomendable o más que la punitiva y a este respecto, nos parece determinante potenciar la figura de los planes de inspección autonómicos y municipales.

Por todo ello, se ha incoado una queja de oficio, encaminada a plantear a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a las 8 Diputaciones Provinciales Andaluzas, y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, su parecer, respecto a la conveniencia de la realización de un único inventario del suelo rústico de Andalucía o, en su defecto, uno por cada una de las ocho provincias andaluzas.

Asimismo, en materia de Turismo debemos destacar la progresiva relevancia que van adquiriendo las quejas relacionadas con el sector de las viviendas de uso turístico, especialmente tras la aprobación de normativas específicas de aplicación, tanto de ámbito autonómico como local.

En cuanto a la percepción por parte de la ciudadanía de una prestación de servicios con eficacia, celeridad y calidad, escasos han sido los avances en cuanto a un acceso a una justicia más rápida, ágil y eficaz. La tendencia continúa suponiendo un aumento en la judicialización de los conflictos, y una sobreutilización de los procesos judiciales, que desembocan en una situación de saturación y colapso de los Juzgados y Tribunales.

Con el Real Decreto-ley 6/2023 se aprobaron medidas que contenían la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Digital, quedando aún pendientes las medidas que contemplaba la Ley de Eficiencia Organizativa, y que en fase de elaboración del presente Informe -ya a comienzo de 2025- ha quedado solventada con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La aprobación de dicha norma va a suponer una reordenación de la planta judicial de gran calado y envergadura, con la supresión de los juzgados unipersonales sustituidos por los Tribunales de Instancia, la creación de las Oficinas Municipales de Justicia, así como potencia en algunos supuestos la obligación de acudir a los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (MASC).

Desde la perspectiva de nuestro ámbito competencial consideramos necesario perfeccionar la gestión de los medios personales y materiales, que vengan a contribuir a una transformación de la Administración de Justicia, y a un cambio radical en la percepción de la misma por parte de la ciudadanía.

Esta Defensoría renueva en el presente informe su compromiso con los valores de la Memoria Histórica y Democrática que vienen establecidos por las leyes estatal y autonómica que los regulan, Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Dichos expedientes hacen referencia a cuestiones de importancia que preocupan a la ciudadanía, como son la eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, las actividades relacionadas con la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, y los lugares y senderos de memoria democrática, entre otras cuestiones. En los últimos meses estamos comunicando a la Administración local sobre todo, que el cumplimiento de la Ley para los senderos públicos no es una opción sino una obligación de cumplir lo exigido en dicha ley.

La implementación de la cultura de paz es una fórmula de intervención de quejas que la Institución del Defensor del Pueblo andaluz, en el marco de la Constitución y el Estatuto autonómico, viene desarrollando desde hace ocho años, a través de la mediación. La mediación del Defensor del Pueblo Andaluz es una herramienta para consensuar la solución de conflictos entre ciudadanía y administraciones, procurando recomponer los desequilibrios de la relación entre las partes en conflicto, logrando la mejora del diálogo y la comprensión del problema que afecta a ambas, incrementando los niveles de participación y, sin desatender el necesario anclaje legal del posible acuerdo final, cuya clave es que les resulte satisfactorio a aquéllas.

La mediación ofrece un espacio seguro donde se puede avanzar en la comprensión a través de la explicación y aclaración de las pretensiones, mejorando las relaciones de cara al futuro. Estos asuntos resultan ejemplarizantes de cómo a través de las propuestas de diálogo sobre problemáticas complejas, que llevan estancadas mucho tiempo, incluso sancionadas, se puede lograr la cooperación de la Administración y de la ciudadanía, produciéndose la reactivación y el impulso necesario para reconducir una situación muy conflictiva hacia la normalización.

Tras ocho años de intervenciones de este Defensor en la gestión de quejas a través de mediación, podemos afirmar que el tejido social andaluz y la administraciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma gozan de una madurez democrática que se manifiesta a través de su participación directa en los procesos de diálogo y acuerdo

Desde que el Defensor del Pueblo andaluz inició el programa de visitas a las comarcas en el año 2015, ya ha realizado un total de 64 visitas a las distintas provincias y localidades andaluzas, habiendo tenido más de 1.200 visitas personales, atendido a más de 920 trabajadores sociales y escuchado a cerca de 600 asociaciones y colectivos sociales.

El diálogo y la escucha activa pertenecen a la esencia de esta Institución, que durante 2024 ha atendido 16.4000 consultas en su Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía. Es importante señalar el grado de conocimiento de la institución en toda la población de la comunidad autónoma: hemos recibido consultas desde más de 560 municipios de Andalucía.

La ciudadanía, desgraciadamente, nos hace llegar que no está contenta con la calidad de la atención recibida (tiempos de espera, lenguaje poco claro y muchas veces incomprensible, trato poco empático,…) y que, todavía más grave, no es fácil relacionarse con ella, ni electrónica ni presencialmente.

En las XXXVII Jornadas de coordinación de Defensorías del Pueblo celebradas en el 2024, y tituladas “La labor de las Defensorías en la promoción de la buena administración” se detectó la creciente existencia de una mala administración sistémica. Un problema que hunde sus raíces tanto en la forma en que las Administraciones se organizan y se coordinan, como en la deficiente asignación de recursos humanos y materiales; así como en el modo en el que están diseñados los procedimientos que deben servir para satisfacer las necesidades de las personas.

Esta ley, la primera de todas las autonomías, calcó en la práctica el texto original de su homólogo nacional, aprobado solo dos años antes, en 1981, y proclamó que su función es la de «garantizar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en relación al funcionamiento de la Administración Pública, siempre al servicio de los intereses generales que representa como consecuencia de su legitimación democrática».

Esta celebración ha permitido una reflexión oportuna y serena sobre las funciones y proyección del Defensor del Pueblo andaluz en la defensa de los derechos de la ciudadanía, basada en la Estrategia 2021-2024 elaborada por la propia Institución y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como los cambios y avances en derechos que experimenta la sociedad y los retos que quedan por afrontar. El Defensor del Pueblo andaluz ha conmemorado las cuatro décadas en defensa de los derechos de la ciudadanía, con un balance de más de 430.000 actuaciones en la defensa, protección y promoción de derechos, y la remisión de más de 15.000 resoluciones en las que ha exigido a la Administración autonómica y local el deber legal de garantizar derechos concretos; recomendado cambios normativos; y sugerido acciones encaminadas a expandir los beneficios de las leyes, siempre con un enfoque especial hacia los colectivos más vulnerables, como son la infancia, las personas mayores, las personas con otras capacidades y las mujeres que sufren violencia.

Este modelo de actuación se ha acompañado de una notable acción exterior en torno al lema No asumas como normal lo inaceptable. Con este mensaje, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido a la ciudadanía sobre el riesgo de pérdida o retroceso en el disfrute de los derechos sociales y ha alentado a utilizar esta herramienta “constitucional, parlamentaria, estatal y autonómica, y autónoma, lejos de las controversias y opciones políticas legítimas”, para la permanente reivindicación de los derechos que protegen a los ciudadanos.

Durante este aniversario, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu ha advirtido que “los derechos sociales conquistados, hoy están como dormidos y desdibujados” y enfatizando ante los poderes públicos el papel de las defensorías del pueblo como herramienta para garantizar y proteger los derechos.

Los principales hitos en el 40 aniversario fueron:

• 1 Diciembre 2023. Acto institucional del 40º aniversario.
• 8 Marzo 2024. Diálogo Día de la Igualdad de la Mujer.
• Marzo–septiembre 2024. Exposición itinerante 40º aniversario.
• 23 Abril 2024. Acto social del 40º aniversario.

Acto Institucional del 40º aniversario

El 1 de diciembre de 2023 el Defensor del Pueblo andaluz celebró el acto institucional de conmemoración del 40 aniversario, donde estuvo acompañado por las autoridades que ostentan los tres poderes en Andalucía: el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. El acto contó con la presencia de los titulares de todas las Defensorías de España, así como de un amplio elenco de la sociedad andaluza.

Diálogo Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo andaluz organizó un diálogo en la Fundación Cajasol sobre el papel de la Institución y los avances que se han producido en los derechos de las mujeres junto a la profesora titular de Derecho Romano de la Universidad de Córdoba, Carmen Jiménez Salcedo.

Exposición itinerante del 40º aniversario

El Defensor del Pueblo andaluz programó una exposición itinerante bajo el título “40 años defendiendo tus derechos”, estructurada en 15 paneles divididos en dos bloques temáticos sobre la historia de la Defensoría andaluza. El primer bloque temático expuso los hitos claves de la Institución, y el segundo recogió la labor del Defensor en la defensa de derechos, de acuerdo a su trabajo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La exposición se concibió a modo de ilustraciones creadas para la ocasión, autoría de los diseñadores Aurora Villaviejas y Arturo Redondo, y se difundió en Fundación CajaGranada y Diputación de Granada; Diputación de Córdoba; Diputación de Jaén; Torresevilla y Diputación de Sevilla.

Acto social del 40º aniversario

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, reunió en Granada a un centenar de colectivos sociales de todas las provincias andaluzas en el acto de cierre del 40 aniversario de la Institución para comprometerse de manera conjunta a conseguir una mejor defensa y despliegue de los derechos humanos y libertades, y contribuir a que se cumpla el compromiso de “no dejar a nadie atrás”.

Estos compromisos se incluyeron en un Manifiesto firmado por el Defensor del Pueblo andaluz y más de un centenar de entidades sociales y que se presentó en público en el acto.

Una de sus señas de identidad en este 40 aniversario ha sido reconocer y homenajear el papel de las entidades sociales que conforman el Tercer Sector, así como renovar un compromiso de futuro para la defensa de las personas, con especial atención a las más vulnerables.

La colaboración de las entidades sociales con la Defensoría andaluza, poniendo ojos y voz a los problemas de la ciudadanía, viene avalada por una larga trayectoria consolidada en múltiples y diferentes formas de interrelación: reuniones de trabajo periódicas, participación en foros y jornadas temáticas, convenios, menciones en sus informes anuales por la colaboración prestada, etcétera. La Defensoría andaluza está convencida de las ventajas y potencialidades de estas sinergias, que rigen uno de los principios sobre los que el defensor ha elaborado su Estrategia 2021-2024, alineada con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Es por ello que, con motivo de esta estrecha colaboración en estos 40 años, quiso reafirmar este compromiso en consecuencia con su misión, visión y valores, sostenido en alianzas eficaces con la sociedad organizada, que permitan poner en marcha nuevas dinámicas para unas relaciones justas, perdurables y equitativas en el trabajo del Tercer Sector con la Defensoría para la defensa de los derechos de las personas. Tales alianzas pueden convertirse en coaliciones para la acción orientadas a la defensa de los derechos de las personas, y, en especial para detectar y contribuir a la erradicación de las situaciones de pobreza y desigualdad.

Por ello, como Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, reconoce al tercer sector:

• Su compromiso con los derechos humanos y con los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión y participación.
• Su labor diaria frente a las situaciones de injusticia y de vulneración de derechos, con soluciones nacidas desde el compromiso y la participación social.
• Su papel de interlocutor estratégico para la Defensoría como voz cualificada y capacitada para denunciar situaciones de riesgo para los derechos y libertades de las personas, identificando las necesidades de los grupos afectados.

Y, en el marco de celebración de sus 40 años de historia como Institución garante de los derechos y libertades de las personas, reafirma su compromiso de colaboración y trabajo con el Tercer Sector, asumiendo el compromiso conjunto de:

1. Apostar por el diálogo como instrumento de transformación social
2. Colaborar de forma transparente y sincera para posibilitar que se escuchen todas las voces y propuestas de la ciudadanía.
3. Fomentar alianzas y cualquier otra forma de cooperación que contribuya a la consecución de los objetivos y retos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
4. Favorecer sinergias para conseguir una mejor defensa y despliegue de los derechos humanos y libertades, y contribuir a que se cumpla el compromiso de “no dejar a nadie atrás”.
5. Hacer frente de forma conjunta a las amenazas y riesgos que, por diversos motivos, se ciernen contra los derechos humanos y libertades.
6. Fomentar una educación orientada en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, para la igualdad, la inclusión y la convivencia.
7. Exigir a los poderes públicos que pongan a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El camino hacia una participación ciudadana más eficiente y comprometida con los asuntos públicos es irreversible para garantizar un ejercicio pleno de los derechos y obligaciones de la ciudadanía que sustente a su vez la maduración de sociedades democráticas.

Asimismo, en la celebración del 40 aniversario de la Institución, el Defensor del Pueblo andaluz, ha querido resaltar Seis causas que necesitan una mayor atención y un mayor empuje, al tiempo que distingue a personalidades ejemplares que representan la lucha y protección de estas motivaciones.

1ª causa: Protección de la infancia y adolescencia

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía considera la atención a la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como una de las misiones esenciales de esta Institución. De ahí el compromiso firme e irrevocable de seguir trabajando por esta generación y por las que vendrán.

Principalmente en la calidad e igualdad del sistema educativo, para que ningún niño se quede atrás. Una educación inclusiva e integradora con los niños y niñas con necesidades especiales, para los que no nos cansaremos de exigir recursos. Una educación libre de violencia. El acoso escolar y el ciberbullyng, lejos de las aulas.

Una sociedad que atienda a la salud mental de los niños y niñas, con prevención, detección a tiempo y tratamiento en los casos necesarios. Más que problemas de salud mental hablemos de condiciones de bienestar para estos niños y niñas.

Niños y niñas con igualdad de oportunidades en el acceso a servicios educativos, y también sanitarios, con independencia del lugar en el que vivan, sean ciudades o entornos rurales, que viva en entornos saludables, con propuestas de ocio, derecho al juego, y acceso a la cultura

Una infancia cuyos familiares tengan acceso a una vivienda con suministros básicos, luz, agua y sistema de climatización para que puedan vivir en condiciones dignas, porque, de nuevo, manifestamos nuestro compromiso por continuar la lucha para erradicar la pobreza infantil.

Con especial atención a menores con especiales condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los niños y niñas de otros países que llegan sin compañía de un adulto, entre los que destacan las víctimas de trata.

RECONOCIMIENTO a María Asunción García Bonillo, presidenta de la Asociación para la Intervención y Protección de Colectivos Dependientes Inter-Prode, y de Ignacio Gómez de Terreros, con un destacado trabajo en la Fundación Gota de Leche y el Foro Profesional por la Infancia.

2ª causa: Defensa de la salud y el bienestar

El Defensor del Pueblo andaluz urge a fortalecer nuestro sistema de salud, público y universal, porque todos nos sentimos más seguros cuando lo público está fuerte y presente, con recursos y personal suficiente para atender las necesidades de los pacientes; y con un atención primaria cercana, que escuche. Como dijo Gregorio Marañón, la silla es el avance más importante de la medicina, es decir, escuchar al otro con la atención y el tiempo necesario.

Para ello urgen tiempos de respuesta ágiles en las consultas y en las intervenciones quirúrgicas, así como recursos suficientes para la investigación que nos prevengan de nuevas enfermedades y epidemias. También más profesionales en salud mental y la atención integral a las personas de mayor edad. Conocemos las reclamaciones por una pensión digna; una ley de dependencia ágil; unas listas de esperas sanitarias más cortas; medidas ante una soledad no deseada; o una atención de organismos públicos y entidades bancarias más adaptada a sus perfiles y habilidades.

Por tanto, el Defensor del Pueblo andaluz reclama la necesidad de que la Administración invierta en una economía de cuidados.

RECONOCIMIENTO a José Ramón Molina Morón, presidente de Agrafem, la Asociación Granadina de familiares y personas con enfermedad mental

3ª causa: Trabajo a favor de los colectivos vulnerables

El Defensor del Pueblo andaluz aboga por un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad que se constituya en un verdadero sistema de protección. Un modelo integral, no solo de emergencia, preparado para prevenir cualquier eventualidad. Un sistema bien planificado que marque un itinerario bien definido hacia la inclusión.

Para el Defensor del Pueblo andaluz este sistema debe dar acogida a un techo digno y suministros básicos garantizados. Porque sin techo digno, no hay vida digna, y muchas personas necesitan de unos ingresos mínimos, como el Ingreso Vital y, subsidiariamente, la Renta Mínima.

Este sistema debe dar también una atención adecuada a las personas que necesitan una especial protección. Es el caso de personas dependientes o con discapacidad; las personas sin hogar que viven en la calle; y las personas migrantes, entre ellos, los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados. Por último, este sistema debe integrar las políticas de empleo.

RECONOCIMIENTO a la gaditana María Luisa Campos, reconocida por su papel en distintos movimientos sociales, y al jiennense Julio Millán, presidente de Edad Dorada-Mensajeros de la Paz Andalucía.

4ª causa: Sostenibilidad ambiental y el cuidado de la tierra

Posiblemente, somos la primera generación que está sufriendo con toda su virulencia el impacto del cambio climático. Sus efectos sobre la salud son evidentes: existe una relación íntima entre cambio climático y el agravamiento de las pandemias, la deforestación, las sequías… y todo ello contribuye al agravamiento de la salud mental de las personas, por el miedo y la incertidumbre, lo que ha venido a llamarse ecoansiedad.

El Defensor del Pueblo andaluz se compromete ante las generaciones presentes y futuras a luchar por la justicia climática; la conservación de nuestros espacios naturales, como Doñana y Sierra Nevada; por el uso sostenible de la agricultura y la ganadería, y el buen uso de nuestros recursos naturales, como el agua.

En este compromiso, sumamos la apuesta por una transición energética justa, que fomente la implantación de energías renovables como alternativa a los combustibles fósiles.

RECONOCIMIENTO a Francisco Casero y Ezequiel Martínez por la preocupación permanente por la ecología y la sostenibilidad de nuestro planeta y sus recursos

5ª causa: No discriminación e igualdad de trato y la lucha contra el discurso de odio

Una sociedad en igualdad no puede convivir con discriminación de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia. Una sociedad desigual no puede ser justa. El discurso del odio supone una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Luchar contra el discurso del odio es fundamental para una convivencia pacífica y el mantenimiento de los derechos humanos, así como para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Una sociedad justa no puede tolerar la discriminación por razón de sexo. Esta desigualdad tiene su efecto más estremecedor y devastador en la violencia de género. Esta infamia se multiplica cuando los asesinos matan a los hijos de la pareja para hacer daño a la mujer (violencia vicaria) o cuando los propios niños y niñas que pierden a su madre asesinada por su padre se enfrentan a una laberinto de incertidumbres, a quienes estamos pretendido ayudar con la recopilación de una serie de medidas para estos casos particulares que contribuyan a mitigar las consecuencias asociadas.

La discriminación afecta también al color de piel. Estamos presenciando la conmoción y el rechazo que están despertando estas muestras de racismo. Andalucía es una tierra acogedora, tenemos sobradas razones para ello. Pero siguen existiendo situaciones inadmisibles. Por ello seguiremos abogando por la erradicación total de los asentamientos de trabajadores inmigrantes en Huelva y Almería, y que cuenten con condiciones de dignidad como lo que son: trabajadores, no esclavos.

RECONOCIMIENTO a Adela Jiménez, presidenta de Málaga Acoge, y a Natividad Bullejos, por su papel activo en el feminismo desde los años 70 al frente de la primera organización de mujeres de Granada, en Maracena

6ª causa: Defensa de la memoria democrática y los derechos humanos como sustento de una sociedad democrática libre

Una sociedad que ni conoce ni aborda con justicia su pasado no puede ser una sociedad justa. El conocimiento de lo que ha sucedido en épocas anteriores y la condena a quienes propiciaron y se aprovecharon de la barbarie no devolverá a la vida a las víctimas ni consolará a sus familiares, pero sí las dignifica.

Encontrar los cuerpos desaparecidos en las cunetas y en las fosas comunes va a aliviar muy pocos a los supervivientes, pero sí nos va a devolver la sensación de justicia y de paz. Una democracia no pude cometer el error de conocer su historia, libre de manipulaciones.

Este último compromiso del Defensor del Pueblo andaluz incide en la recuperación de la memoria, entendida como la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas en su dignidad, para construir los cimientos de una sociedad democrática justa en la que estos acontecimientos no se puedan volver a repetir.

RECONICIMIENTO a Antonio Deza Romero, de la asociación Dejadnos llorar; Carmen Sánchez Sánchez, de la Plataforma para la comisión de la Verdad y Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica de CGT-Andalucía y coordinador de la web Todos los Nombres. Los reconocidos han recibido una estatuilla conmemorativa creada por el centro ocupacional Javier Peña de Almería.

Concluyo agradeciendo a la ciudadanía el reconocimiento y afecto que en sus comunicaciones nos transmite, y agradecer también la responsabilidad colectiva de los andaluces y andaluzas que nos encomiendan su necesidad, al comunicarnos con diligencia las novedades y resoluciones favorables de su pretensión, ya que con ello facilitan el adecuado ejercicio de las funciones por parte de esta Institución y una gestión adecuada de nuestros recursos a su servicio.

Somos conscientes del esfuerzo que las admnistraciones y sus entes públcos han de dedicar a atender las peticiones dirigidas desde esta Institución. Aunque somos firmes convencidos de que los derechos individuales han de conciliarse con el bien general colectivo, ello no deslegitima el derecho subjetivo de tantas personas privadas de acceder en tiempo al mismo, ni borra las historias personales que padecen y que generosa y sinceramente nos confían en sus relatos, ni, en fin, admite otra alternativa al Defensor del Pueblo Andaluz que la de interceder a favor de quien tiene de su lado el derecho.