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El Defensor del Pueblo Andaluz ha suspendido sus actuaciones al conocer que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha remitido a la Fiscalía la documentación relativa a la discrepancia por las certificaciones de finalización de obras de dos sectores de “Parque Victoria”, así como el inicio del procedimiento de declaración de lesividad del acta de recepción de obras de estos sectores.

Esta Institución abrió la presente actuación de oficio cuando, a través de los medios de comunicación, tuvimos conocimiento de que diversas zonas del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, como Parque Victoria, Garcés o Pinar, se encontraban invadidas por la suciedad, con parcelas en un lamentable estado de abandono, con maleza y escombros, farolas rotas, etc., debido, siempre según estas noticias -que se hacían eco de las manifestaciones de los vecinos de estas zonas-, a que el Ayuntamiento no prestaba servicios de ningún tipo alegando que se trataba de zonas que aún no se habían recepcionado, dándose la circunstancia de que se trata de promociones sin concluir, desarrolladas por el sistema de compensación, y en las que nadie quiere asumir la presidencia de la Junta de Compensación e impulsar las actuaciones precisas para concluir las obras de urbanización.

Tras las diferentes actuaciones que hemos venido realizando en la queja ante el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, hemos conocido que había iniciado diversos expedientes por el mal estado de conservación de determinadas calles del sector “Finca Garcés” y para el desbroce y acondicionamiento de zonas verdes de tránsito y acerado, medianas y zonas ajardinadas del sector de “Parque Victoria”, así como para la ejecución de un vial de acceso a un sector de “Finca Garcés”. Respecto a estos expedientes, se nos ha informado:

- Respecto al mal estado de conservación de las calles de “Finca Garcés”, después de dictar una orden de ejecución y, ante su incumplimiento, disponer la ejecución subsidiaria de la misma. Finalmente se habían ejecutado estas obras.

- En cuanto a la ejecución del vial de acceso, éste ya se había construido tras ejecutar, el Ayuntamiento, el aval correspondiente prestado por la promotora incumplidora.

- En cuanto a las obras de urbanización de dos sectores de la zona de “Parque Victoria”, en la que residen unos dos mil vecinos, en un primer momento no se nos aclararon las razones por las que, en su día, se permitió la ocupación de estas viviendas cuando, al parecer, las obras de urbanización no se habían concluido.

Ante el incumplimiento, por parte de la Junta de Compensación, de la obligación de ejecución de obras y actuaciones comprendidas en al acta, el Ayuntamiento inició el procedimiento de revisión de oficio de la recepción de las obras de estos sectores. Finalmente, el Ayuntamiento remitió a la Fiscalía la documentación relativa a la discrepancia entre lo certificado por técnicos particulares y documentación que desmiente dicho certificado, a fin de evaluar la existencia o no de un posible delito. También acordó el pleno municipal instar procedimiento para declarar la lesividad de la mencionada acta de recepción e interponer recurso de lesividad ante los Juzgados Contencioso-Administrativos de Málaga.

En este sentido y dado que, entendimos, que el fondo de la cuestión por la que abrimos esta actuación de oficio se encontraba pendiente de una resolución judicial, de acuerdo con lo establecido en el art. 17.2 de nuestra Ley reguladora, procedimos a suspender nuestras actuaciones.

Se ha hecho pública la circunstancia de falta de recursos económicos por la que atraviesa el Centro Santa Ángela de la Cruz sito en Salteras, cuya actividad es la de la atención a personas sordociegas.

El referido centro se inauguró hace dos años, el 26 de octubre de 2010, por iniciativa de la asociación Apascide, que congrega a familiares y afectados por sordoceguera.

Se trata del único centro existente de estas características, razón por la cual la mayoría de sus plazas se encuentran concertadas por las administraciones competentes de diferentes CCAA (Andalucía, Castilla la Mancha y Madrid).

La razón de los problemas económicos que atraviesa y que ponen en riesgo la pervivencia del centro, se encuentra en el impago por las administraciones contratantes de las respectivas plazas concertadas.

Centrándonos en la andaluza, a fecha de la presente adeudaba las mensualidades de julio a septiembre, lo que provocó la protesta y reivindicación pública de los afectados.

Se acuerda por ello iniciar la tramitación de queja de oficio, interesando informe a la Consejería de Salud y Bienestar Social

El Defensor del Pueblo Andaluz ha cerrado la actuación de oficio que abrió en su día al conocer que se estaban vertiendo al arroyo del Partido, que desemboca en la Marisma de Doñana, alrededor de 5 millones de litros de agua sin depurar, provenientes de los vertidos de los municipios onubenses de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado, al conocer que las estaciones depuradoras están ya en funcionamiento, al haberse terminado las obras en Julio de 2013.

En su día, esta Institución abrió actuación de oficio al conocer, por los medios de comunicación, que desde los municipios de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado, situados en el entorno del Parque Nacional de Doñana, se vierten al arroyo del Partido, que desemboca en la Marisma de Doñana, alrededor de 5 millones de litros de agua sin depurar.

Según señalaban dichas fuentes informativas, los vertidos de estas aguas residuales provenientes de hogares y de industrias localizadas en dichos municipios se producían como consecuencia de que aún no estaban en funcionamiento las correspondientes instalaciones depuradoras.

A la vista del contenido de los informes que hemos recabado de los citados Ayuntamientos, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lamentamos, en primer lugar, los extraordinarios retrasos que se han producido en la ejecución de las obras, derivados tanto de las modificaciones del proyecto original, como de las vicisitudes burocráticas que han afectado a la gestión y tramitación del expediente de contratación con motivo del doble traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma y, posteriormente, de esta última a la titular originaria en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma.

No obstante ello, y aun considerando que las administraciones competentes no han actuado con la eficiencia deseable, pues no debemos olvidar que, cualquiera que hayan sido las circunstancias, el contrato con la empresa adjudicataria se formalizó el 14 de Septiembre de 2006 teniendo previsto un periodo de ejecución de 26 meses, lo cierto es que las obras han finalizado en 2013 y, según se desprende del informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a partir de Julio iba a comenzar la puesta en funcionamiento de las depuradoras.

De acuerdo con esto último, hemos dado por concluidas nuestras actuaciones al entender que, en principio, el asunto por el abrimos esta actuación de oficio ha quedado resuelto.