Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia | Octubre 2020
2.10. Personas migrantes
2.10.1. Introducción
Tras la declaración del estado de alarma y la imposición de medidas que restringían la movilidad y el desarrollo de la actividad diaria para evitar la propagación de la COVID-19, esta Defensoría ha estado alerta frente a la situación de los temporeros migrantes que residen en los asentamientos de la provincia de Huelva y Almería. Igualmente, también hemos estado atentos a la llegada de personas migrantes a nuestras costas andaluzas en pateras y al seguimiento de las medidas de seguridad e higiene establecidas por el Gobierno de la Nación.
2.10.2. Situación de los asentamientos de temporeros migrantes
Esta Defensoría ha estado muy preocupada por la situación de los temporeros migrantes que residen en los asentamientos de la provincia de Huelva y Almería. Una población que, si bien se convirtió en esencial como mano de obra para trabajar en el campo, el cual debía de suministrar de alimentos a la población confinada, mantenía unas condiciones dífíciles en los asentamientos chabolistas, donde no podían ni tan siquiera observar las condiciones de higiene mínimas para evitar los contagios.
Es por ello que, a los efectos de conocer la situación en la que se encontraba esta población, desde el área de migraciones de esta Defensoría se ha mantenido un estrecho contacto con los responsables de administraciones y del tercer sector, para conocer los recursos con los que se contaba para atender a estos trabajadores migrantes.
Así, el 3 de abril, como continuidad de las conversaciones del Defensor del Pueblo andaluz con los responsables de las Delegaciones de Gobierno de Huelva y Almería, así como con la Delegada del Gobierno en Andalucía, se publicó en la página web de esta Defensoría un comunicado, solicitando “que se facilite el acceso a suministros básicos para la supervivencia e higiene de la población que vive en condiciones de extrema precariedad”, cuyo contenido se reproduce:
Dicha intervención coordinada urgente entre las administraciones públicas -local, autonómica y nacional- en los núcleos de asentamientos irregulares, venía condicionada por “la situación de vulnerabilidad de su población y ante las medidas de contención del virus que contempla el cierre de comercios y actividades no esenciales mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación por la COVID-19.
Para el Defensor andaluz dicha intervención, atendiendo a lo más urgente durante esta emergencia sanitaria, debe contemplar un paquete de medidas en relación al acceso a unos suministros básicos, la garantía de seguridad e higiene para los desplazamientos esenciales y un servicio de información permanente en su idioma, para las acciones que se van adoptando para la contención del virus y el cumplimiento de las normas.
Estas medidas de contención han acentuado las condiciones precarias en las que viven estas personas. El Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado que resultan imposible de cumplir cuando no se tienen garantizados derechos básicos como el acceso al agua o a los alimentos en estos asentamientos, así como desplazarse para trabajar en las zonas agrícolas, pero sin disponer de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad.
Es por ello que ha pedido la actuación urgente de todas las administraciones, cada una desde el ámbito de sus competencias, así como también del empresariado y de las entidades sociales que vienen trabajando en estos núcleos, para implementar estas medidas.
El titular de la Institución andaluza considera fundamental contar con el apoyo profesional de las entidades sociales que trabajan con estos núcleos de asentamientos para articular estas medidas, dada su cercanía y conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta población y de las necesidades más urgentes que precisan para poder garantizar su salud e higiene durante el periodo de confinamiento del país. Ello, garantizando igualmente esta labor con las medidas adecuadas para su protección.
Singularmente, el Defensor pide la implicación de los Ayuntamientos donde se ubican estos asentamientos para que estas medidas se adopten con las garantías suficientes. A tal efecto, hace un llamamiento también a la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) para que facilite esta coordinación con los municipios.
En la misma línea, pide al Gobierno de Andalucía su implicación en la coordinación de estos recursos y puesta en marcha de las medidas que sean necesarias.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha contado en todo momento con la colaboración de las Subdelegaciones del Gobierno en Almería y Huelva para conocer la situación concreta de estos asentamientos que concentran a un importante volumen de población en situaciones de riesgo. Y les ha manifestado la urgencia de poner en marcha estas medidas básicas, dada la precariedad de este colectivo y las dificultades con las que se encuentran para poder cumplir con las normas promulgadas. Ambas Subdelegaciones han transmitido al Defensor su voluntad de asumir este compromiso dentro de sus competencias con la mayor celeridad posible.
Finalmente, el Defensor andaluz también trasladará esta preocupación al Defensor del Pueblo de España, dentro del ámbito de sus competencias y de colaboración entre ambas instituciones, para que valore elevar al Ministerio competente la necesidad de intervenir con los recursos necesarios para implementar dichas medidas”.
Por su parte, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en marzo se publicó un documento técnico de recomendaciones de actuación de los servicios sociales ante la crisis por COVID-19, en asentamientos segregados y barrios altamente vulnerables. Entre ellas:
Cáritas Regional de Andalucía, conocedora de la situación de los asentamientos en las provincias de Huelva y Almería y de la posición de esta Defensoría, solicitó nuestra intervención en el expediente de queja 20/3299. Nos traslada que “con la situación de emergencia provocada por la COVID-19 y la obligación de confinamiento de toda la población, la situación de esos núcleos se agrava por días ante la falta de acceso a recursos básicos como agua y electricidad. Además se hace cada vez más difícil el acceso a alimentación, pues estos asentamientos como el Defensor conoce se encuentran alejados de los núcleos poblacionales”.
Continua trasladándonos que a pesar de las recomendaciones técnicas dictadas por la Secretaría de Estado para este colectivo, “a día de hoy, tres semanas después de decretar el Estado de Alarma, estas personas siguen en similares situaciones, si bien algunos ayuntamientos están facilitando camiones con agua algún día de la semana (provincia de Huelva), sigue sin haber coordinado acción humanitaria y sanitaria alguna en referencia a kits de agua potable, alimentos y sanitarios, así como de la intervención de las Administraciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la UME y Protección Civil, junto con la colaboración de las entidades sociales de referencia”.
Por su parte el sindicato CGT de Almería, mediante la queja remitida 20/3222, se manifestaba en similares términos que Cáritas con respecto a los asentamientos en dicha provincia donde, manifestaban que no se estaban cumpliendo las medidas diseñadas por la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, registrando un informe con la situación de los asentamientos de los inmigrantes en la provincia de Almería.
En junio recibimos escritos de personal sanitario desplazado a los asentamientos de temporeros de Huelva, para la práctica de test rápidos, (queja 20/4053) que denunciaban las condiciones en las que se encontraban estas personas, solicitando nuestra intervención.
Ante las situaciones trasladadas, desde el Defensor del Pueblo Andaluz solicitamos informes tanto a la Subdelegación de Gobierno de Almería y Huelva como a los Ayuntamientos afectados, recibiendo los correspondientes informes en los que se detallaban las medidas adoptadas. A modo de ejemplo se reseñan una síntesis de la Subdelegación de Huelva y el Ayuntamiento de Lepe:
La Subdelegación de Huelva nos traslada, además de las subvenciones y ayudas para paliar la situación de los asentamientos, que “...se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
1. Acciones de manera coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Nacional y Guardia Civil, una actuación diaria de reparto de alimentos, bines de primera necesidad y para la infancia, control permanente de posibles aglomeraciones de persona y mantenimiento de la normalidad.
2. Desarrollo de las tareas en estrecha colaboración con las ONG conocedoras de estos espacios. Una de las acciones con mayor colaboración ha sido la distribución de mascarillas, priorizando los lugares con mayor vulnerabilidad (asentamientos), etc.”.
3. Trabajo coordinado con todas las alcaldías de la provincia, asegurando que se dispusieran de puntos suficientes de agua potable y corriente en todos estos lugares en los que existen asentamientos, verificando su correcto uso”.
Por su parte el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) nos da cuenta de que, “por parte del voluntariado se han repartido folletos informando de la COVID-19, de las medidas de restricción y de las medidas de prevención en diversos idiomas...También se han colocado carteles informativos fijos en lugares cercanos a los asentamientos perfectamente visibles. Igualmente, le informo que por parte de esta Alcaldía se les ha hecho llegar una serie de Recomendaciones sobre los horarios de las tiendas de 24 horas, así como los locutorios, recordando las medidas de seguridad a mantener, pues la apertura de este tipo de tiendas, cuyos propietarios son inmigrantes, hacía que durante la noche acudieran a comprar. Todas estas medidas, que reitero le fueron comunicadas en tres ocasiones, han sido insuficientes, pues como se les informó, se produce un reiterado incumplimiento imposible de controlar con los medios municipales”.
Respecto a la atención de las necesidades básicas, “ejerciendo la competencia municipal de atención inmediata a las personas en situación de riesgo o exclusión social (artículo 25.1.e) LBRL), indicar que por parte del Área de Servicios Sociales y con la colaboración del Servicio de Protección Civil, se han puesto en marcha mecanismos que garantizan el suministro de alimentos de primera necesidad a personas y familias especialmente vulnerables, prestando especial atención al colectivo que habita en asentamientos segregados”. Y con respecto a los suministros de agua potable, “con fecha 26 de marzo de 2020, se formalizó un contrato de emergencia para el suministro de agua potable a la población ubicada en asentamientos segregados, asegurando su recepción en los distintos asentamientos. Indicarles que el reparto del agua se realiza en estrecha colaboración con las ONG locales, cuyos miembros están siendo los encargados de gestionar este suministro”. En cuanto al suministro eléctrico, “al igual que ocurre con el suministro de agua potable, se han desarrollado acuerdos con las distintas asociaciones, que permiten su acceso a determinadas instalaciones para la recarga de dispositivos móviles. Esto es así porque, como se pone de manifiesto en el informe emitido a solicitud de esta Alcaldía, se señala que: “(...) Esta enorme dispersión física y heterogeneidad de los diferentes asentamientos hace en la práctica INVIABLE la dotación de los servicios de suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y saneamiento mediante la conexión a las diferentes redes municipales, ello por evidentes motivos de capacidad y de operatividad técnica, estimando no obstante oportuno disponer de un sistema de carácter autónomo para garantizar el suministro de agua potable, a cuyos efectos se propone la dotación móvil de suministro mediante camiones cisterna de agua procedente de la red pública municipal, garantizando con ello unas condiciones mínimas sanitarias”.
Asimismo, la Junta de Andalucía tras los rebrotes del virus en explotaciones agrícolas de otras comunidades autónomas, presentaba el 24 de julio una Guía para Prevención y Control del COVID-19 en explotaciones agrarias con temporeros, donde se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de las personas trabajadoras frente a la exposición al coronavirus SARS‐CoV‐2 en las explotaciones agrícolas que vayan a contratar a temporeros y en los alojamientos que se les proporcionen.
En la misma, tras incidir en la producción agrícola y ganadera como una actividad esencial que forma parte de la cadena de abastecimiento alimentario, cuya actividad debe garantizarse para ofrecer a la población un servicio básico y fundamental, recoge que “corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se puedan encontrar las personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias, en todos los procesos relacionados con la recogida, transporte, almacenamiento de la producción agrícola”.
“Uno de los puntos clave es que estas personas requieren de alojamientos en los territorios donde se desarrolla la campaña agraria a la que acuden, existiendo distintos escenarios, desde alojamientos ofrecidos por los propios titulares de las explotaciones a albergues municipales, residencias de emergencia, alojamientos alquilados por los propios trabajadores, etc. El titular debe estar formado en las medidas de prevención a adoptar en ellos (no camas calientes, no exceso de ocupación, etc., que suponen un importante riesgo). Sin olvidar la existencia en algunos casos de comedores y aulas de apoyo para la población infantil que los acompaña”.
Tras el levantamiento del estado de alarma, en el mes de julio un equipo técnico de esta Defensoría se trasladó a Lepe y Lucena del Puerto donde pudimos conocer de primera mano los problemas y aciertos de los dispositivos puestos en marcha para paliar los efectos de la COVID-19 en los asentamientos de temporeros.
Así, de las reuniones mantenidas con distintos colectivos del tercer sector y con responsables de los ayuntamientos de estos dos municipios, en relación con las medidas adoptadas se extrae que:
Ante esta situación, esta Defensoría ha echado en falta mecanismos de coordinación entre las administraciones y los colectivos del tercer sector, mediante los que se pueda acometer situaciones de emergencia como la ocasionada por el COVID-19 o los incendios, que también se suelen producir en estos asentamientos, sin que se tenga habilitado ningún protocolo para su atención.
2.10.3. Llegada de personas migrantes en pateras
Otra de las cuestiones que han motivado nuestra intervención han sido las quejas que tuvieron entrada como consecuencia de la llegada de las primeras pateras, tras la declaración del estado de alarma, a las costas andaluzas.
El Sindicato policial UFP, en la queja 20/4834, denunciaba las condiciones del CATE de Almería, donde los días 24, 25 y 26 de julio había sido imposible observar las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad y que la Junta de Andalucía no practicaba PCR a todos los ocupantes de las embarcaciones llegadas a las costas almerienses. “Se han detectado varios posibles casos de infección por COVID-19 durante el fin de semana, los cuales se aíslan del resto, cosa que no se hace con el resto de acompañantes de la misma patera, que se hacinan con el resto. Esto incumple el protocolo de sanidad que rige a día de hoy nuestro país, el cual determina el aislamiento de los contactos estrechos”.
Denunciaban esta situación también desde Andalucía Acoge, quienes nos trasladaban que:
“El aislamiento de muchas de las personas que han dado positivo en la prueba, y a sus contactos, no está siendo acorde a lo establecido en el protocolo, siendo que no se les traslada a ningún dispositivo habilitado por la autoridad sanitaria, sino que en muchos de los casos realizan ese aislamiento en el mismo CATE, dependencia no habilitada que no cumple con las obligaciones establecidas para los centros de aislamiento, y procediéndose, en algunos casos, a una prórroga del periodo de detención, acordada judicialmente, de dudosa legalidad.
En los distintos puntos de llegada de la costa andaluza no se están realizando pruebas PCR a todos los migrantes que llegan a costa, sino que se les realiza la prueba serológica, con mucha menos efectividad (extremo científicamente probado), y sólo se llega a realizar la prueba PCR si se ha dado positivo en la anterior.
Estos incumplimientos están suponiendo una alarma para la ciudadanía, llegando a producirse una estigmatización de los grupos de personas llegados a las costas españolas, por el aumento de positivos en COVID-19, los cuales muchos de estos contagios se producen una vez se encuentran en las instalaciones de recepción”.
Y continuaban proponiendo una serie de recomendaciones:
“A la autoridad sanitaria competente, en este caso la Junta de Andalucía, establezca las medidas necesaria para la efectividad y puesta en marcha de las medidas establecidas en el Protocolo, ponga a disposición dispositivos habilitados para la realización de la cuarentena de las personas que han dado positivo en la prueba y sus contactos, que cumplan con unas condiciones de habitabilidad dignas y cumplan así con las medidas de aislamiento que se establecidas. Velando por la individualidad de las personas contagiadas y sus contactos, así como por el cuidado de éstas mientras que se encuentren realizando la cuarentena.
A la Secretaria de Estado de Migraciones, como organismo garante del cumplimiento de las medidas establecidas en el Protocolo, dé el apoyo necesario a la autoridad sanitaria competente autonómica para que cumpla con las exigencias establecidas en este, y se establezca una adecuada atención humanitaria a las personas migrantes llegadas a costa. Siendo esta la responsable última de que las medidas establecidas en el Protocolo no se cumplan, y las consecuencias que ello acarrea”.
Esta situación provocó que distintos medios de comunicación denunciaran la puesta “en situación de calle” de quienes, una vez transcurridas 72 horas en el CATE y a pesar de haber estado en contacto estrecho con otras personas positivas en la misma patera, no se les hacía PCR, a pesar de estar previsto en el protocolo de la secretaría general de migraciones, lo que provocaba que no pudieran acceder a ningún alojamiento, ya que “se estaría poniendo en riesgo al resto de población alojada en esas dependencias”, por lo que los migrantes se quedan sin un techo y sin un lugar donde poder hacer la cuarentena.
Una situación que, tras enfrentamientos entre representantes del gobierno central y de la Junta de Andalucía, fue finalmente zanjada por el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, quien trasladó que “estos inmigrantes van a ser considerados «grupo de riesgo» y en consecuencia, serán sometidos a las PCR”.