Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia | Octubre 2020
3.8. Avanzar hacia la igualdad real
Existe un consenso generalizado en los organismos internacionales y en otra serie de instituciones, al que nos adherimos incluyendo algunas de estas opiniones en este epígrafe, en que la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19 no ha afectado a todas las personas por igual poniendo al descubierto así mismo las desigualdades preexistentes que se han agravado, entre las que las desigualdades de género también se han hecho patentes.
Las desigualdades de género existentes, se agudizan especialmente en los grupos de población más vulnerables en las circunstancias excepcionales que ocasionan las pandemias tanto por las características propias de estas, como por algunas de las drásticas medidas que se adoptan a fin de controlar la expansión del coronavirus, tal como exponíamos en el apartado 3.5 de este Informe Extraordinario.
No obstante el impacto negativo en materia de género de este tipo de crisis requiere que los análisis que se efectúen lo sean con perspectiva de género, siendo fundamental que las medidas de desconfinamiento, transición a la nueva normalidad y prevención de futuras crisis la tengan en cuenta, no siendo solo importante efectuar el seguimiento y estudio epidemiológico de la infección por el coronavirus, sino que también es fundamental analizar los factores económicos y sociales asociados con dicha perspectiva, lo cual supone analizar el impacto diferente que tienen o pueden tener la legislación, las políticas, medidas y programas específicos de actuación en cualquier área y a todos los niveles que se adopten, para mujeres y hombres, así mismo debe poder evidenciar el beneficio que las mimas puedan tener para disminuir la desigualdad, teniendo en cuenta además la preocupación, experiencia u opinión de las mujeres y los hombres sobre ellas.
Por otra parte, la existencia de grupos vulnerables conlleva tener en cuenta factores añadidos que pueden agravarla, como la raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, la monoparentalidad, el ser o haber sido víctima de violencia de género o de trata, etc. con la finalidad, entre otras, de que las medidas que se adopten sean diferentes según las particularidades de las mujeres en especial situación de riesgo.
En opinión de la ONU el manejo de las crisis o situaciones de emergencia como la generada por el COVID-19 puede tener impactos graves en la vida de las mujeres y niñas, si no se consideran las dimensiones de género. El trabajo de cuidados, la autonomía económica, la violencia física o sexual, la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la desagregación de datos por sexo, la migración irregular, son solo algunas de las áreas de preocupación que deben ser parte de una respuesta efectiva ante la crisis sanitaria que atravesamos.
En el caso de las mujeres y las niñas, las repercusiones de la COVID-19 se ven exacerbadas en todas las esferas, de la salud a la economía, de la seguridad a la protección social, sencillamente a causa del sexo:
Por todo ello, la llegada de la COVID-19 ha de dar la oportunidad de adoptar medidas urgentes para evitar que las desigualdades se profundicen y pongan en riesgo los avances ya alcanzados en la materia. Todo lo que se haga durante la crisis de la COVID-19 y después, debe tener por objetivo construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles: esa tal vez sea la lección más clara que pueda extraerse de la pandemia. Hay que incluir políticas económicas y sociales que tengan en cuenta el género y den a la vida económica de las mujeres un lugar central en los planes de respuesta a la pandemia y recuperación posterior.
Es importante que esas intervenciones incorporen datos desglosados por sexo, adopten una óptica de género y se centren específicamente en las mujeres. Esto implica 1) incluir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en el centro de la respuesta a la COVID-19, 2) transformar las desigualdades del trabajo de cuidados no remunerado en una nueva economía del cuidado que sea inclusiva y funcione para todos y 3) concebir planes socioeconómicos que se centren deliberadamente en la vida y el futuro de las mujeres y las niñas.
Las políticas públicas que deben adoptarse, algunas de las cuales reseñamos a continuación, deben tener en cuenta diversas prioridades con un enfoque transversal que además de respuesta inmediata incluyan medidas de prevención para futuras crisis o nuevos brotes u oleadas de contagio:
1) Garantizar la igualdad de representación de las mujeres en toda la planificación de la respuesta a la COVID-19 y la toma de decisiones al respecto debiendo quedar asegurado igualmente el conocimiento y experiencia en género de los grupos técnicos asesores y de toma de decisiones.
2) Impulsar un cambio y trasformación en pro de la igualdad abordando la economía del cuidado, remunerada y no remunerada de tal forma que sea parte de la estrategia social y económica del estado.
Por otra parte, corregir las disfunciones de los servicios públicos de educación y cuidados que se producen con la necesidad de garantizar las restricciones de movilidad o la prevención de contagios en la llamada nueva normalidad, hace necesaria una regulación y aplicación del teletrabajo que favorezca la corresponsabilidad tanto de administraciones, empresas y hogares en la conciliación laboral, personal y familiar.
No obstante, y aun cuando sea necesario adoptar medidas de contratación de emergencia para que la administración pueda seguir prestando los servicios públicos esenciales, en ningún caso la emergencia o excepcionalidad pueden justificar que se produzcan discriminaciones laborales por razón de sexo y, mucho menos, cuando se penalicen las funciones biológicas exclusivamente femeninas, como son la gestación y lactancia.
Asimismo, se hace necesario el reconocimiento y regularización del sistema de cuidados de personas, con la regulación de la profesionalización y mejora de las condiciones laborales, especialmente de las medidas de protección de la salud.
A este respecto se hace necesario poner un especial énfasis en un sector muy precarizado como el de las trabajadoras del hogar si queremos mitigar el impacto negativo sobre las mismas, en el que la existencia del despido por desistimiento, la no inclusión plena en el régimen general de la Seguridad Social, el no reconocimiento de la prestación por desempleo y el elevado nivel de exposición al contagio las sitúan como uno de los colectivos más vulnerables, máxime teniendo en cuenta el elevado número de mujeres que trabajan también en la economía informal en este sector.
3) Centrarse en las mujeres y las niñas en todos los esfuerzos por hacer frente a las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 incluyendo para ello indicadores económicos que permitan evaluar mejor todos los efectos de la crisis y las tendencias en recuperación.
Es por ello que el diseño de las medidas de estímulo fiscal y de promoción del empleo y los programas de asistencia social para aumentar la igualdad, las oportunidades y la protecció social, deben efectuarse desde la óptica del género y deben tener en cuenta la vulnerabilidad específica de las mujeres y su dificultad para acceder a las mismas. La experiencia ha demostrado a esta Defensoría cómo las mujeres titulares de familias monoparentales, se ven especialmente afectadas por la crianza en solitario de sus hijos e hijas, máxime cuando tienen carencia de recursos económicos suficientes.
A este respecto, en circunstancias excepcionales como la generada por la crisis sanitaria la garantía de la percepción de unos ingresos mínimos para las unidades familiares monoparentales con menores a cargo, o para las víctimas de violencia de género, se configura como imprescindible y, si es necesario, satisfacerla mediante procedimientos de urgencia o emergencia que se tramiten en los plazos legales para ello, sin retrasos ni dilaciones indebidas.
De igual manera, la adopción de políticas de vivienda con perspectiva de género aparece como indispensable para facilitar la satisfacción del derecho a la vivienda a las mujeres en situación de vulnerabilidad y de exclusión residencial.
Finalmente en este apartado, no podemos dejar de referirnos a la necesidad del abordaje de la brecha digital, sobre todo en aquellos hogares más vulnerables con dificultades de acceso a internet y a dispositivos electrónicos que impiden el mantenimiento del empleo en un contexto en que el teletrabajo se muestra como una de las pocas vías para ello. Opción de la que no disponen las personas con empleos precarios o en la economía informal, muchas de las cuales son mujeres.
4) Llamamiento para actuar frente al repunte de la violencia de género y otras formas de violencia sobre la mujer durante la pandemia y en situaciones de aislamiento, debiéndose seguir considerando todos los servicios relacionados con ello como esenciales y establecer protocolos especiales de detección, denuncia y protección de estas víctimas.
No obstante, para conseguir algún día erradicar esta lacra, son esenciales las medidas y programas de prevención y sensibilización de la violencia de género y no sólo como respuesta específica frente a la COVID-19, en las que deben contemplarse, entre otras, la eliminación de los roles y estereotipos de género, en cuanto causas que subyacen en este tipo de violencia, mediante el establecimiento y potenciación de programas de coeducación en igualdad de la población infantil y juvenil.