Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia | Octubre 2020
3.10. Lucha contra el cambio climático. Transición energética. Sostenibilidad
Una de las paradojas que nos ha deparado la pandemia y, en particular, el confinamiento obligado de la población, es que ha sido tan dañino para la economía como beneficioso para el medio ambiente.
No es necesario consultar a expertos biólogos o reputados ecólogos, ni analizar estadísticas o comparar registros, para constatar que determinadas percepciones personales que podrían parecernos a priori engañosas, -como que hay una presencia mayor de pájaros en las ciudades o que el cielo parece más azul o el agua de ríos y mares más transparente- son percepciones compartidas por muchas personas que constituyen el fiel reflejo de una realidad ambiental que ha cambiado mientras permanecíamos confinados en nuestros hogares.
Tampoco se trata de una paradoja de difícil comprensión ya que la misma simplemente ha venido a poner ante nuestros ojos la evidencia de una realidad que sólo algunos se empeñan aún en negar: la incidencia directa y perniciosa de la actividad humana en la naturaleza. Ha bastado con que los seres humanos detuviéramos por un tiempo, o cuando menos ralentizáramos, nuestra actividad cotidiana para que los diferentes parámetros que miden la calidad ambiental de nuestras ciudades y pueblos experimentasen una notoria mejoría.
Durante el confinamiento se ha reducido de forma muy notable la contaminación en todas las zonas de nuestra Comunidad autónoma. Y no sólo la contaminación atmosférica, sino también, y de forma muy destacada, la contaminación acústica. En nuestras ciudades ha sido posible contemplar un cielo que parecía más azul de lo habitual, a la vez que se escuchaba el sonido de los pájaros en calles donde normalmente no se percibe otra cosa que el ruido del tráfico.
Una prueba evidente de lo que comentamos es que en esta Institución durante el confinamiento se han elevado sustancialmente el número de quejas recibidas en todos los ámbitos, salvo en uno: medio ambiente, en el que han disminuido notablemente las quejas recibidas, hasta el punto de justificar que en el capítulo 6 de este Informe Extraordinario no se incluya ningún apartado dedicado a analizar las actuaciones del Defensor en materia de sostenibilidad y medio ambiente durante el periodo de confinamiento.
Las habituales y numerosas quejas por problemas de contaminación acústica, ya fuesen por los ruidos de bares y establecimientos hosteleros o de ocio, por la celebración de fiestas, verbenas y botellones o por la maquinaria de instalaciones industriales o comerciales, sencillamente desaparecieron o se redujeron al mínimo, siendo curiosamente sustituidas por un aumento de quejas motivadas por ruidos de carácter vecinal procedentes de aparatos de televisión, reproductores de música, voces, movimientos de muebles, etc. Ruidos que en bastantes ocasiones venían produciéndose desde hacía tiempo, pero que antes no molestaban a unos vecinos que estaban fuera de sus casas trabajando o no eran percibidos en toda su intensidad al verse opacados por el ruido ambiente del tráfico.
Durante la vigencia del estado de alarma hemos podido comprobar, no sólo la evidencia de la huella ecológica del ser humano, sino también la increíble capacidad de respuesta y mejora de la naturaleza cuando reducimos nuestro impacto sobre ella.
Ahora que tratamos de adentrarnos de nuevo en la normalidad no deberíamos olvidar la lección aprendida en este periodo. Y eso implica que las decisiones que adoptemos en esa vuelta a la normalidad deben incorporar ineludiblemente una componente de sostenibilidad ambiental.
Son muchas las razones que nos empujan en esta dirección, por un lado la necesidad de afrontar el problema del cambio climático, que algunos parecen haber olvidado durante la pandemia, pero que muchos expertos defienden que puede tener unas consecuencias para la humanidad mucho más dañinas que la propia pandemia, tanto en términos económicos, como sociales e incluso en vidas humanas.
No deberíamos olvidar que nuestro País y especialmente nuestra Comunidad Autónoma se sitúan geográficamente en una de las zonas que van a verse más afectadas por el cambio climático. El incremento que ya venimos percibiendo desde hace tiempo en el número e intensidad de fenómenos climatológicos adversos como sequías, inundaciones, subidas del mar, incendios forestales, lluvias torrenciales, desertificación, etc., justifica sobradamente la declaración de emergencia climática y la adopción urgente de medidas de lucha, adaptación y mitigación del cambio climático.
Tampoco debemos olvidar que nuestra economía depende en gran medida de sectores de actividad como el turismo o la agricultura que se ven muy directamente afectados por estos fenómenos climáticos y por cualquier condición ambiental adversa.
La subida del nivel del mar, combinada con una política de protección del litoral errática, cuando no manifiestamente errónea, provoca que todos los años sea necesario invertir ingentes cantidades de dinero para regenerar unas playas que constituyen nuestro principal aliciente turístico, sin que el proceso de regeneración parezca tener fin ni alcanzar un objetivo final.
Las sequías no sólo esquilman nuestros terrenos de cultivo y condicionan nuestra producción agraria, sino que son también una de las causas que alimentan los voraces incendios forestales que destruyen nuestros bosques y amenazan la biodiversidad de nuestros espacios naturales.
Hace ya tiempo que las guerras del agua dejaron de ser una realidad ajena para convertirse en el término que mejor define las crecientes tensiones entre los diferentes colectivos afectados por la carestía de este bien esencial. Las disputas por este preciado bien son cada vez mayores y enfrentan a agricultores contra ganaderos; a los habitantes de zonas rurales contra los residentes urbanos; a la agricultura de regadío contra la agricultura de secano; a quienes defienden la necesidad de priorizar al turismo contra quienes demandan dar prioridad a la agricultura; a quienes consideran esencial garantizar el suministro a la industria contra los que sostienen que es prioritario el abastecimiento a poblaciones. El agua amenaza con convertirse en el centro de todas las batallas si no somos capaces de racionalizar su consumo y garantizar un uso sostenible de la misma.
Todas estas son razones más que suficientes para que no existan dudas acerca de la necesidad de incorporar la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático a la toma de decisiones en el camino hacia la nueva normalidad.
Pero hay también una razón puramente egoísta o, si preferimos, utilitaria: los fondos europeos que tanto necesitamos para la reconstrucción de nuestra economía van a venir de la mano de criterios ambientales para su reparto. La condicionalidad va a ser una de las premisas fundamentales para la percepción de los fondos europeos que tanto necesitamos.
Por todas estas razones resulta necesario que fijemos unos objetivos para los próximos años que nos permitan, además de reconstruir nuestra maltrecha economía, alcanzar una serie de metas ambientales que resultan ineludibles para nuestra propia supervivencia.
Un lugar preponderante entre los objetivos a conseguir debe ser para la transición energética, que constituye el principal pilar de la lucha contra el cambio climático. Eso implica una apuesta decidida por fuentes de energía exclusivamente renovables, que debe ir acompañada de medidas destinadas a adelantar los plazos fijados para conseguir la descarbonización total de nuestra economía.
Una transición energética que debe ser justa, pero entendiendo que esa justicia debe traducirse en un apoyo a los sectores y colectivos afectados por el cambio de paradigma energético que les permita hacer la transición hacia modelos económicos sostenibles. En ningún caso debemos confundir transición justa con la apuesta por ayudas y subvenciones que contribuyen a perpetuar industrias o modelos económicos insostenibles. Las ayudas en el proceso de transición deben ir orientadas al mantenimiento del empleo y condicionadas a procesos de transición hacia la neutralidad climática.
Es imprescindible para Andalucía que apostemos por políticas de agua que incentiven un uso racional de este recurso, resistiendo la tentación de utilizar los fondos europeos para grandes infraestructuras hidráulicas o para nuevos trasvases que no contribuyan, a medio y largo plazo, a un uso eficiente de un recurso tan escaso como necesario. La modernización de regadíos con el objetivo de aumentar el ahorro de agua; la reutilización de las aguas residuales; la protección de acuíferos y aguas subterráneas frente a la sobreexplotación y la contaminación; la disminución del consumo de agua en la industria o en el sector turístico; la disminución de las fugas y pérdidas de agua en las redes de abastecimiento en alta, deben ser objetivos prioritarios de cualquier inversión en este ámbito.
Asimismo, resulta imprescindible canalizar los posibles fondos a recuperar el tiempo perdido en materia de depuración de aguas residuales, no sólo construyendo las depuradoras que Europa lleva tanto tiempo demandándonos, sino también invirtiendo en la mejora de las instalaciones y procesos de depuración ya existentes para adaptarlos a las nuevas exigencias ambientales y a los requerimientos de la economía circular.
Precisamente la aplicación de los principios básicos de la economía circular debe ser la clave para el diseño de políticas más estrictas en materia de residuos que apuesten decididamente por la reducción, la reutilización y el reciclaje de bienes y productos. Resulta imperioso invertir en las plantas de reciclaje para incrementar sustancialmente los porcentajes de productos, especialmente de aquellos que, como los plásticos, tiene una mayor incidencia sobre el medio ambiente.
La reducción de la contaminación atmosférica debe ser un objetivo prioritario, no sólo en el ámbito industrial, sino también en el entorno urbano y extenderse al mundo rural. La reducción de gases de efecto invernadero en nuestras industrias debe venir acompañada de medidas para disminuir el vertido a la atmósfera de todo tipo de sustancias contaminantes.
La disminución de la contaminación en los entornos urbanos pasa ineludiblemente por la aplicación de medidas de movilidad sostenible que reduzcan el impacto del tráfico en la polución de nuestras ciudades y contribuya al proceso de transición energética en el sector del transporte, priorizando el transporte público. Del mismo modo debe apostarse decididamente por medidas que incentiven el ahorro y la eficiencia energética de las viviendas, fomentando el autoconsumo.
La trascendencia del sector del turismo en la economía andaluza no debe evitar que se haga por los poderes públicos y por la sociedad una profunda reflexión sobre la conveniencia de apostar por una estrategia que garantice a medio plazo la sostenibilidad del modelo turístico, una vez ha quedado claro que el actual modelo es cada vez más insostenible en términos ambientales y también en términos sociales. Es imprescindible aprovechar la ocasión que nos depara la llegada de estos fondos para apostar por una estrategia que garantice a medio plazo la sostenibilidad del modelo turístico.
De hecho, el fomento del turismo rural y ecológico puede ser un elemento dinamizador en unas zonas rurales afectadas por la despoblación, tal como ya se está viendo en algunas experiencias en nuestra Comunidad autónoma. Del mismo modo, debemos apostar por incentivar el turismo de calidad, especialmente el asociado a la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y cultural, como alternativa a un turismo masificado basado en el bajo coste y el todo incluido, que tanto incide en la degradación ambiental de algunas zonas y provoca un creciente rechazo social.
Es importante asimismo que destinemos recursos y esfuerzos a fomentar formas de ocio y consumo responsables ambiental y socialmente. La trascendencia que ha adquirido el comercio electrónico durante el confinamiento, como alternativa a un comercio tradicional basado en la presencialidad, ha fomentado también un tipo de consumo irreflexivo y compulsivo, basado en el “probar y devolver”, sin tomar en consideración la tremenda huella de carbono que conllevan los servicios de reparto y entrega asociados al delivery. Es imperativo poner coste a esta huella ecológica para desincentivar estos modelos de consumo y obligar a utilizar medios de transporte sostenibles y ambientalmente neutros para el reparto comercial de última milla.
Decíamos al principio de este apartado que existen muchas razones para introducir la sostenibilidad ambiental como un parámetro de condicionalidad obligada para todas las inversiones que se realicen en el proceso de reconstrucción económica tras la Covid. En este sentido, todas las propuestas que hemos señalado en los párrafos precedentes, junto con otras que no han tenido cabida por razones de tiempo y espacio, tienen un objetivo común, que es impulsar nuestro modelo económico y social hacía fórmulas que sean respetuosas con el medio ambiente y garanticen la preservación de nuestro medio natural, de conformidad con los objetivos previstos en el Green New Deal europeo.