1. Presentación

Un estudio específico sobre las relaciones familiares advertía en 2003: “Al lado de la familia nuclear “tradicional”, comenzaron a cobrar relevancia numérica y social, las familias monoparentales y las familias “reconstituidas o ensambladas”. Paralelamente la creciente desinstitucionalización de la familia implicó que los vínculos familiares “de facto” le ganaran terreno a los lazos legales. Estas transformaciones se iniciaron en Europa y Estados Unidos a mediados de la década del sesenta e inicios de los años setenta, extendiéndose a la gran mayoría de los países occidentales en los últimos años del siglo XX” (Unicef, 2003).

Quince años después, esa complejidad se manifiesta en nuestra sociedad de una manera evidente y, dentro de estos escenarios, surgen tensiones y conflictos que no saben generar una capacidad de solución. Las partes no han evitado la ruptura, pero tampoco alcanzan a encontrar las vías de arreglo que se provocan en todas las cuestiones que configuran la vida de la pareja. Entre estas, y por encima de todas, los menores de edad.

El conflicto emocional es evidente, pero el impacto que provoca el litigio en estos niños o adolescentes es simplemente traumático. Y, para buscar una solución que no ha sido alcanzada por los protagonistas, se acude ante los tribunales procurando que la judicatura decida en los hijos lo que sus progenitores no han sabido resolver. A partir de esta crisis no evitada se desencadena un litigio con unos componentes emocionales, psicológicos y sociales que caracterizan este tipo de controversias judiciales. Es por ello que el juez debe contar con herramientas no estrictamente jurídicas que le auxilien en su decisión sobre el futuro de los menores.

En este tipo de asuntos de derecho de familia con menores afectados, la Administración de Justicia dispuso desde los años 80 la creación de unos equipos de especialistas en los campos de la Psicología y el Trabajo Social, para brindar un apoyo técnico a las resoluciones que deben dictar los juzgados. Y así, en Andalucía 21 Equipos Psico-Sociales, compuestos de profesionales de la psicología y el trabajo social, estudian a los protagonistas del pleito y a los propios menores para ofrecer sus criterios técnicos antes de producirse la decisión judicial.

Es una labor complicada intentar analizar las circunstancias relevantes en la vida de estas familias y elaborar un “informe psico-social” que argumente decisiones de enorme trascendencia para estos menores. Con quién vivirá el niño; durante qué periodos del año; ¿debe cambiar de colegio o de horas de visita? ¿El hogar previsto reúne las condiciones o la convivencia con una nueva pareja es inadecuada? También afectará a los abuelos o a hermanos ensamblados. Desde luego, el repertorio de circunstancias y de preguntas que inciden en estos casos resulta exponencial.

Pues éste es el escenario –el difícil cometido– al que se enfrentan estos Equipos Psico-sociales y, por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, ha realizado un estudio específico que se expone en este Informe Especial dirigido al Parlamento.

Nuestra investigación ha querido relatar el trabajo diario de estos profesionales, sus técnicas de abordaje, las relaciones con las personas que acuden a sus exploraciones, las necesidades que requieren los menores, la calidad de estos “informes”, su impacto en las decisiones judiciales y numerosas cuestiones que se describen en el presente documento. Después de recoger las posiciones de todos los colectivos profesionales y protagonistas de este recurso judicial especializado, también ofrecemos las resoluciones y propuestas para estudiar las vías de mejora de estos Equipos.

A modo de presentación, y animando a la lectura del Informe, diríamos que quedan muchas cuestiones organizativas y de funcionamiento para regular estos Equipos con las garantías que su delicada tarea exige.

Ojalá evitáramos estos conflictos; ojalá eludiéramos daños innecesarios a los niños que los padecen. Pero mientras, mejoremos el Sistema Judicial que ordena las soluciones buscando proteger a niñas y niños.

Andalucía, julio de 2018

 

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor