5. Descripción de los servicios de los equipos psico-sociales adscritos a los juzgados de familia

• 5.4. Datos facilitados sobre el trabajo de los Equipos Psico-sociales

Hemos expresado nuestra voluntad de abordar en este Informe Especial un relato acerca del trabajo que despliegan estos servicios o equipos de apoyo técnico a los juzgados en materia de derecho de familia.

Ya hemos explicado su cometido de asistencia a los titulares de estos órganos judiciales en materia de Psicología y de Trabajo Social para abordar el estudio, desde estas disciplinas, de las situaciones que afectan a menores y sus entornos de progenitores y familiares a fin de ilustrar desde estas pautas periciales la mejor y fundada resolución para dirimir el litigio familiar debatido. Del mismo modo, hemos descrito en los correspondientes apartados los criterios de organización y de desempeño de estos profesionales para realizar estos trabajos de apoyo al Juzgado con todas sus vicisitudes, actuaciones y pasos procedimentados que componen el relato de sus funciones.

Y, finalmente, su aportación última se expresa mediante la realización de un “informe psico-social” que se incorpora al asunto judicial. El despliegue de las labores de estos profesionales se concreta, pues, en la petición que le dirige el Juzgado para recabar su criterio técnico que se traduce en la elaboración y entrega de este informe. Por tanto, cualquier aproximación objetiva que pretenda analizar los desempeños de los Equipos Psico-Sociales habrá de detenerse en el registro y control de estos resultados expresados en base a los informes realizados.

Nos apresuramos a añadir que no es el único indicador posible, porque su cuantificación también depende de la definición previa de qué entendemos por un “informe psico-social” y de la concreción de los métodos, contenidos y tareas profesionales que deben contenerse para alcanzar una expresión homogénea, normalizada y profesionalmente solvente.

Hemos visto muchos “informes” cuya única comparación posible es su nombre; en todo lo demás eran distintos en su metodología, en los contenidos de las actuaciones desplegadas, el alcance de los estudios incluidos, el ámbito de personas atendidas, los recursos públicos implicados, el tratamiento del abordaje a los menores y otros protagonistas, el tiempo dedicado a su estudio, el análisis ínter-disciplinar aplicado, su propia extensión, etc. Demasiadas peculiaridades para merecer, uno y otro trabajo, la misma denominación.

Con estas salvedades, que no son pocas, volvemos a señalar que estos Equipos tienen como misión poner a disposición de los Juzgados competentes sus criterios profesionales expresados en “informes psico-sociales”. Y el más elemental ejercicio evaluador de sus desempeños necesita el control de la actividad expresada en base, precisamente, a los informes que son encargados por el Juzgado y entregados tras su elaboración.

Evidentemente, cuando hemos solicitado distinta información a las autoridades responsables de estos Equipos, residenciadas en la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, hemos recabado los datos de los informes realizados por estos Equipos.

Dicha Dirección General nos ofreció en Enero de 2018 los datos relativos a 2014, 2015 y 2016 acerca del número de “informes evacuados” por los Equipos, desglosados por provincias y ejercicios. Los datos se reproducen en la siguiente tabla (el ejercicio de 2015 se suma, por error en 1766; se corrige como 1820):

 

Fuente: Consejería de Justicia e Interior (Enero 2018). Elaboración propia.

 

En el informe donde se aportaban los datos anteriores se añadía un texto explicativo indicando que “la carga de trabajo de los equipos es muy dispar; en los siguientes cuadros se muestra el total de informes evacuados por provincias durante los ejercicios 2014-2016, apreciándose un importante incremento en el número de informes evacuados en 2016 respecto de los ejercicios anteriores”.

Fuente: Consejería de Justicia e Interior (Enero 2018). Elaboración propia.

 

Estas cifras son una primaria información que, desde luego, es susceptible de sugerir más comentarios que añadimos a continuación.

En primer lugar, aparecen datos agrupados referidos a las provincias de residencia de estos Equipos, en donde se producen algunas peculiaridades que sería muy interesante conocer. Debemos apuntar que en cada provincia existe un número concreto de Equipos lo que dibuja distintas capacidades de trabajo en atención al número de profesionales que desempeñan sus labores, ya sean de la Psicología o de Trabajo Social.

Parece lógico apuntar ese factor condicionante para poder evaluar, en sus justos términos, el número agrupado de informes que en cada provincia se evacuan a los Juzgados; porque la propia disposición del número de Equipos presenta diferencias que no son fáciles de argumentar.

Destaca la existencia de cinco Equipos formales en Granada, si bien en los procesos de preparación para los programas de integración en el IMLCF que hemos citado, quedaron reestructurados y reorganizados de manera singularizada, para abordar planes de choque ante situaciones específicas de grave pendencia. Este número de Equipos que ha dispuesto Granada (5) no parece corresponder a los órganos especializados de Familia capitalinos (3 órganos), si atendemos que en Málaga, por ejemplo, son los mismos Juzgados contando con sólo 3 Equipos. O igualmente, Jaén dispone de un Juzgado de Familia que es atendido con plazas dotadas para tres Equipos.

En esta alternancia de criterios –que no acreditan una explicación organizativa– podemos intentar acercarnos a un indicador tan simple como, quizás, discutible: calcular los promedios de informes evacuados por cada uno de los 21 Equipos existentes.

Según los datos globales facilitados de informes evacuados, los Equipos presentan un desempeño en los tres años citados que se ofrece en el cálculo de la siguiente tabla.

 

Fuente: Consejería de Justicia e Interior (Enero 2018). Elaboración propia.

 

Esta relación sencilla de sumar informes y repartirlos entre los Equipos, ofrece un promedio de 266,5 informes por Equipo; sin embargo esta media presenta unas comparaciones muy diferentes según las provincias consultadas. Las horquillas que ofrecen algunas provincias son tan distantes como el caso de Jaén (74,3 informes) frente a Sevilla con 722,3.

Fuente: Consejería de Justicia e Interior (Enero 2018). Elaboración propia.

 

Podemos indagar en relación con los puestos de Psicología y Trabajo Social establecidos en cada Relación de Puestos de Trabajo (RPT), señalando el número de plazas de Psicología (PS) y de Trabajo Social (TS). Los datos se presentan también en la siguiente tabla y gráfico:

 

 

Fuente: Consejería de Justicia e Interior Enero 2018.

 

Todos estos cálculos, realizados para intentar profundizar en los datos y magnitudes de los Equipos, se hacen depender de un segundo aspecto. Y es que la relación de “informes evacuados en las provincias” no especifica si su realización ha correspondido a los propios Equipos o, en cambio, provienen de los encargos asumidos por servicios externos previamente concertados por la Administración.

Parece evidente que una correcta aproximación a estas cifras aconseja disponer de esta aclaración sobre si la autoría de los informes cuenta, o no, con el apoyo proveniente de estas fórmulas de externalización. Incluso añadiríamos la conveniencia de conocer los criterios para recurrir a estos servicios externos, aclarando si se aplican razones de oportunidad ante situaciones de pendencia o por razones territoriales, otorgando estos servicios externos a las solicitudes que provienen de determinados juzgados. Estos dos motivos han sido explicados frecuentemente en las visitas realizadas a todos los Equipos.

Sólo de manera parcial, en alguna provincia hemos podido acceder a determinados informes donde se recogen datos que segmentan este aspecto. Así, por ejemplo, en Almería se nos explicó que venían realizando unos 12 o 14 informes al año; hemos de deducir que el resto, hasta alcanzar las cifras que nos aporta la Consejería (120 informes en 2016), incluirían trabajos realizados por las empresas concertadas.

El servicio de Sevilla explicita que “Durante 2016 se remitieron a la empresa externa contratada al efecto por la Delegación del Gobierno en Sevilla un total de 222 expedientes, es decir, el 34% de las solicitudes de informe”. Esta cifra indica que el total de los informes solicitados sería 653. Dicho dato no se corresponde con los 788 informes de Sevilla que se citan en la tabla facilitada.

Por su parte, el informe conocido de Córdoba indica que el Equipo adscrito al Juzgado nº 3 de Familia ha entregado 30 informes en 2016 y los Equipos “adscritos al Servicio de Justicia ha entregado un total de 79”. Sumarían pues 109 informes (108 cita la tabla de la Consejería) lo que vendría, casi, a coincidir con las cifras comentadas.

No obstante, además de estas cifras, la Delegación cordobesa añade: “Durante 2016 se han derivado a la empresa un total de 38 expedientes de Familia que han sido debidamente resueltos no produciéndose una demora superior a los tres meses desde su derivación hasta la emisión del informe”. Desconocemos si el número de los informes externos de Córdoba ha sido incluido en la tabla resumen que ofrece la Consejería.

Concluimos este limitado comentario en Málaga. Las cifras, recibidas en Enero de 2018, ofrecen 508 informes realizados. Entre la documentación analizada hemos podido estudiar el pliego de prescripciones técnicas (PPT) del “Contrato de servicio de peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos judiciales de Málaga y provincia”. En su anexo I se indica que el número de actuaciones realizadas en el ejercicio anterior (2016) había sido 60 informes tipo K) que son las “peritaciones psicosociales”. Un 11% de los informes en Málaga estarían realizados por la empresa externa, lo cual contradice abiertamente otras cifras provenientes de las demás provincias. Tomando como referencia estos desempeños, supondría una presencia muy reducida de estos servicios externos en Málaga en comparación con las magnitudes de otros Equipos.

Dentro de este complicado proceso de acceder a datos y magnitudes, en Julio de 2018, cuando la tarea de redacción del Informe Especial había concluido, la Viceconsejería de Justicia e Interior remite una nueva información sobre los datos solicitados en Enero de 2018.

En todo caso, se añaden los datos aportados de informes evacuados en el año 2017 por los Equipos Psicosociales.

 

Fuente: Consejería de Justicia e Interior, Julio 2018.

 

Y, además, se añaden datos desglosados en los que se contabilizan los “informes” que se realizan por los servicios externos contratados por las diferentes Delegaciones del Gobierno.

Sin embargo, la tabla reproducida textualmente genera el mismo desconcierto –si no mayor– que los datos originalmente aportados en Enero. Veamos las cifras transcritas del informe emitido por la Consejería sobre los informes externalizados.

 

Fuente: Consejería de Justicia e Interior, Julio 2018.

 

Reproducimos la salvedad (*) de Málaga donde se explica por la Consejería que esos informes son psicológicos o sociales pero no solicitados por los Juzgados de Familia, sino por otros órganos judiciales. Añaden que los informes solicitados por los Juzgados de Familia supondrían apenas el 1% de estas cifras.

Asumiendo la nota explicativa de los datos de Málaga, significaría que en la provincia malagueña se encargarían a servicios externos 2 o 4 informes año, lo cual contradice los datos ofrecidos para todas las demás provincias. Es más; en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de peritaciones para 2017 se incluyen los informes tipo “K” (informes psico-sociales) y se recoge un histórico de 60 informes pedidos en el ejercicio anterior de 2016.

La tabla que se reproduce exige otras salvedades y aclaraciones preferentes en los datos y sus sumas. Si se observa, las cifras de TOTAL 2015 suman 485 (no 253 como reza la tabla). En 2016 suman 789 (no 488); y en 2017 suman 1.044 (no 612).

Es decir, tomando por ciertos los números de la tabla ofrecida de cada provincia y año, y realizada la suma correcta, se obtiene un total de 2.502 informes. La Consejería los cifra en 1.537. La aparente explicación de la tabla aportada es que se omiten en las sumas los “informes” de Málaga.

Procurando abordar un análisis sobre estos datos, destaca un resultado peculiar en relación con el origen de estos informes. En los datos aportados sólo aparece con claridad desglosados los informes realizados por los Equipos y, de otro lado, por servicios externos en el año 2017. Las cifras dadas en Enero, y las ofrecidas en Julio de 2018, no aclaran la autoría de estos informes (propios o externalizados) en los ejercicios anteriores.

Pues bien, ciñéndonos a 2017, podemos construir la siguiente tabla comparativa (repetimos la advertencia de que el dato de informes externalizados en Málaga (435) no correspondería a “informes psico-sociales” por lo que soslayamos la suma).

 

Fuente: Consejería de Justicia e Interior, Julio 2018. Elaboración propia.

 

Se puede apreciar por los datos un altísimo porcentaje de informes atribuidos a servicios externos. La media que se obtiene de las provincias analizadas (todas, salvo Málaga) es de un 52,7 %; es decir, más de la mitad de los informes psico-sociales son realizados por las entidades adjudicatarias que se contratan. Toda noción de complementariedad, apoyo o refuerzo como motivación para la adjudicación de estos servicios externos aparece ampliamente superada.

Nos encontramos ante una importante actividad de estos Equipos Psico-Sociales; se ratifica el impacto que vuelcan en la tramitación de los asuntos judiciales en los que participan; y se argumenta la más que certera necesidad de dotar estos Equipos con los recursos necesarios, en la medida en que sus servicios son más requeridos.

En suma, el principal dato es que no existen datos mínimamente comprensivos y clarificadores de la gestión de estos Equipos. Resulta, pues, imprescindible abordar una metodología que permita extraer indicadores y magnitudes veraces, actualizadas y útiles para describir objetivamente estos desempeños.