Los Equipos Psico-sociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia | Julio 2018
El relato de los desempeños específicos de cada Equipo se describe en sus distintas fases ordenadas según un criterio temporal en las sucesivas actividades que componen el trabajo descrito en las diversas visitas.
Estas unidades de apoyo específico a las funciones de los Juzgados de Familia, o Juzgados Mixtos competentes para litigios de esta materia civil, inician sus trabajos a partir de la petición que cursa el Juzgado actuante. La comunicación judicial tiene su origen en cada órgano que conoce el asunto sobre diferentes cuestiones que implican a menores y sobre las que el titular del juzgado estima necesario contar con un apoyo técnico que aborde el estudio de circunstancias sociales o psicológicas de los menores, progenitores y entornos familiares en el litigio.
Más allá de este elemento común de la iniciativa judicial para definir el inicio de los trabajos de cada Equipo Psicosocial, la variedad de supuestos y métodos de trabajo es absoluta.
En Huelva, su trabajo comienza con una llamada telefónica del Juzgado en la que, en primer lugar, le piden día y hora para la cita; a partir de ahí, ya establecida verbalmente la cita, reciben luego el oficio requiriendo la elaboración del informe adjuntando al mismo copia del procedimiento íntegro (hasta ese momento). Carecen de registro oficial de entrada, los oficios y el procedimiento adjunto llegan a la Delegación dándose a cada expediente el número de los autos, el juzgado de procedencia y el nombre de los litigantes.
Esa relación directa que vemos en Huelva, desde Algeciras presenta varias diferencias. Así, el inicio del trabajo del Equipo Psicosocial algecireño parte de la comunicación que les llega del servicio de justicia de la Delegación en Cádiz remitiendo la lista de peticiones que se han recibido desde los diferentes órganos judiciales. La registran y le asignan un número consecutivo seguido de la indicación del año en curso. En su libro registro de entrada pudimos comprobar varios datos anotados, como la fecha de entrada del oficio desde el servicio en Cádiz, la tipología del asunto judicial, el juzgado competente, referencia de autos, etc.
Junto a este libro registro disponen de una libreta donde constan otras anotaciones y detalles de cada caso. Es el registro que se emplea para responder a los detalles de tramitación de cada expediente y parece prioritario y que refleja las últimas entradas de asuntos llegados desde el servicio de Cádiz de fecha 23 de marzo y los asientos incorporados al libro registro oficial son de 19 de marzo.
Explican que no giran un acuse de recibo por sistema y que desde ese momento su relación se dirige ante el órgano judicial solicitante. Su principal tarea es documentar el caso porque en la mayoría de los encargos falta la documentación judicial necesaria para conocer el núcleo de la cuestión en litigio y el objeto de su estudio e informe en el caso.
Su Equipo análogo, con sede en Cádiz, nos explica que reciben la orden de trabajo de la Jefa de Servicio. En este aspecto, las trabajadoras coinciden con la información facilitada por aquellos en cuanto al modo en que se realiza el reparto. Sobre la concreción de la petición de informe procedente del juzgado, nos indican que estas peticiones suelen ser muy genéricas, y en ocasiones no aportan toda la documentación necesaria, por lo que se ven obligadas a solicitar del juzgado los documentos complementarios ya que carecen de apoyo administrativo. En todo caso, esta ausencia de remisión de la documentación completa demora el inicio de su trabajo. Se añade que los juzgados son bastantes reacios a atender las llamadas de teléfono de las trabajadoras, siendo los contactos, por regla general, poco fluidos con los funcionarios de los juzgados. Las solicitudes de intervención son grabadas en una base de datos (hoja excel) elaborada por un compañero de la Delegación con conocimientos informáticos que se ofreció a realizar esta labor.
Tampoco Córdoba deja de aportar singularidades, muy en particular en cuanto a las relaciones de cada Equipo con los juzgados de referencia. Las peticiones de los Juzgados llegan a través del Jefe de Servicio (la petición viene acompañada de parte de los autos, caso contrario se dirige una carta al juzgado solicitándola). La petición del juzgado es diferente en función de su titular de cada juzgado. Aunque viene en el formulario judicial no se trata de un modelo tipo, ya que cada juzgado lo redacta a su modo. El Servicio dispone de una hoja de cálculo, elaborada por algún compañero algo instruido en estas actividades, en la que se relacionan los diferentes expedientes que llevan los Equipos 2 y 3, con referencia a los autos judiciales, las fechas de entrada y de salida del informe. El Jefe de Servicio nos dice que los informes son sólo psicológicos, en ocasiones psicológicos y sociales, y nunca sociales a solas. Él decide a la vista de la petición y de los autos judiciales a qué equipo, si al 2 ó al 3, encomienda la elaboración del informe.
En cambio, el equipo 1 no dispone de dicho control, al depender en exclusiva del juzgado nº 3 de Familia. Los profesionales de este Equipo ubicado en las dependencias del propio Juzgado nos explican que si el oficio judicial no resulta específico en cuanto al alcance del informe, lo aclaran verbalmente y de manera inmediata.
Los profesionales de Granada nos expusieron, antes de su integración en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que, en cuanto a las órdenes de trabajo o peticiones, llegan desde los órganos judiciales sin mayores especificaciones. Apenas se indica algún motivo temporal por razones de urgencia o se emplea una fórmula tipo. Añaden que en alguna ocasión se han mantenido contactos con algún titular judicial para coordinar algunos aspectos de las relaciones pero sin mayor detalle o constancia. La petición de realizar el informe se acompaña con copia de los autos con los documentos relevantes. El Equipo Psicosocial comunica al Juzgado la fecha prevista para las personas que deben ser evaluadas por sus profesionales. Añadían -septiembre de 2017- que el plazo de cita para la realización de las entrevistas o encuentros personales con las personas afectadas se sitúa en torno a los 13 meses de espera.
La experiencia de los Equipos de Málaga indica que el inicio de su actividad parte de la providencia que se dirige a los Equipos Psico-sociales. La registran y asignan la actuación al equipo de profesionales que tiene asignado según el Juzgado de Familia actuante. Explican que no giran un acuse de recibo por sistema. Entienden que la proximidad de los Juzgados no exige esa formalidad. Cuando explicamos otras experiencias analizadas en otras provincias, sí relatan alguna polémica por escritos dirigidos desde la Audiencia Provincial que se depositaba en casilleros sin un control de fechas. Se logró que, finalmente, se entregaran con los registros necesarios para poder seguir la trayectoria de estos trámites.
A continuación piden el acceso a las actuaciones del procedimiento y hacen las copias necesarias para documentar el caso y preparar las intervenciones para el informe. No tienen acceso informático al expediente judicial, así que extraen la documentación en reprografía y devuelven después los autos. El contenido del informe ya sea psicológico, social, o mixto, lo deciden según sus criterios. No consideran necesario que se disponga de un modelo o formulario tipo que tabule de manera específica el tipo de informe y sus contenidos. Prefieren que quede un espacio para la aplicación de sus criterios profesionales. Estiman que ese criterio profesional les otorga una libertad de intervención favorable para el informe final y su trabajo de apoyo al juzgado.
En la entrevista mantenida en Sevilla nos relataban, en la misma línea, que el inicio del trabajo técnico es una comunicación que llega a las dependencias desde los órganos judiciales solicitantes. De inmediato surge el comentario en torno a la abundante tarea de mera gestión administrativa que les resta mucho tiempo para sus cometidos principales. Las peticiones se registran en un Libro según el encargo que se reparten semanalmente en los equipos. Reiteran la abundante carga de trabajo y que su abordaje no se resuelve bien ni a pesar del trabajo externo de la empresa concertada. Añaden que desconocen sus métodos y sus contenidos, salvo en alguna ocasión que han podido coincidir de manera casual con estos profesionales en la vista de algún asunto. Concluyen que no disponen de argumentos para emitir una opinión sobre estos informes emitidos por servicios externos.
En su libro registro de entrada pudimos comprobar varios datos como la referencia del asunto judicial, fecha de entrada del oficio en la sede de los Equipos, el juzgado competente, y el equipo asignado. El libro que muestran aparece diligenciado por el Decanato señalando que se presenta por un laboratorio (sic) domiciliado en un polígono industrial. Junto a este “reciclado” libro registro, disponen de una tabla de cálculo.
Explican que no giran un acuse de recibo por sistema y que desde ese momento su relación se dirige ante el órgano judicial solicitante. En la mayoría de los encargos falta la documentación judicial necesaria para conocer el núcleo de la cuestión en litigio y el objeto de su estudio e informe en el caso, lo que les obliga a requerir de manera directa a los funcionarios judiciales estos autos. Pueden tardar poco tiempo en acceder a esta documentación solicitada a los funcionarios de los juzgados anexos, pero se puede alargar a 2 ó 3 semanas si dependen de otros juzgados o exhortos. Responden de manera unánime en la necesidad de formalizar estos trámites ya sea para concretar el tipo de informe solicitado, o para especificar los tiempos que les llevan estas gestiones y poder evaluar el plazo de su efectivo trabajo.
En Jaén la petición judicial que llega suele venir con un simple oficio, sin otra documentación que ayude a complementar la petición. Han creado una base de datos propia que les ayuda a registrar y controlar sus gestiones. Disponen de un libro de entrada diligenciado por el Decanato y otro libro que usan para los asuntos de juzgados provinciales. A falta de superior criterio, sólo se encargan de apuntar las peticiones que vengan con carácter de urgente para que el Jefe de Servicio decida la prioridad para abordarla. El objeto del informe suele ser muy variado y necesitarían que se expresara con mayor detalle y concreción. Tienen noticias de que en la Dirección General de la Oficina Judicial de la Consejería se estudia un modelo de petición de informe más completo y aclaratorio, pero no conocen el resultado de este proyecto.
Entienden la cuestión como unas actividades preparatorias para recopilar antecedentes o registros que existieran en los mismos equipos o en otros recursos públicos acerca de intervenciones sobre los miembros afectados por el asunto judicial que se debe informar.
En Málaga consideran que cualquier antecedente lo podrían localizar, pero no se suele hacer porque el cometido del informe es muy concreto y su encargo se va a ceñir al litigio judicial que se tramita.
Los técnicos de Jaén entienden que, en cuanto a los estudios que deben asumir, explican que son de carácter civil y se despierta un debate sobre la posible afectación tras la integración en el IMLCF. Entienden que la naturaleza penal de esas periciales genera un tipo de trabajo distinto del que se realiza en los equipos.
Los profesionales de Sevilla consideran que hay que definir unos contenidos mínimos y considerar una estructura que den forma a un informe psico-social que merezca ese nombre. Entienden que, en los trabajos iniciales o preliminares, la información clave viene dada en el propio asunto judicial y que la extraen de un vaciado selectivo de los autos, que realizan con solvencia y experiencia.
El tono de las demás respuestas de los distintos Equipos es similar. Sólo se puntualiza que sí se realiza un estudio más particular de posibles antecedentes cuando la cuestión en litigio puede ser los trámites de apelación de un asunto sobre él que el Equipo ya se hubiera pronunciado.
En Jaén los técnicos fijan las citas directamente con las familias a través de gestiones telefónicas que suelen ocupar un tiempo muy necesario para cometidos más principales; pero así creen que agilizan gestiones y tiempo en los juzgados.
La operativa de Huelva es variada. Sus profesionales gestionan telefónicamente con cada Juzgado las citas en función de sus agendas para que sean esas instancias judiciales las que notifiquen las comparecencias ante el Equipo. Manifiestan una cierta sorpresa cuando conocen otras vías en las que son los Equipos quienes comunican las citaciones.
De hecho, está gestión vía judicial es la seguida en Sevilla (con peculiaridades entre los tres equipos actuantes) quienes aportan un dato novedoso y es que no pueden exceder de cuatro meses para fijar las citaciones, según criterios emanados de los Servicios Centrales de la Consejería, que no hemos podido cotejar en ninguna otra visita.
En cambio, los Equipos de Málaga, emplean la intervención de letrados y procuradores para comunicar a sus representados estas citaciones, al creer que ofrecen garantías de notificación y promueven la máxima colaboración de sus clientes con el trámite.
El Equipo de Algeciras ratifica que las citaciones para realizar las exploraciones o entrevistas se gestionan a través de la representación judicial de las partes. Entienden que este mecanismo no les genera problemas. Consideran que existe un interés de las partes, al menos de la promotora el informe, para ofrecer colaboración y para facilitar la cita con el Equipo Psicosocial. El Equipo de Cádiz indica que las citaciones a las personas afectadas las realiza siempre el juzgado a través de la representación procesal de las partes. Previamente el Equipo ha comunicado al Juzgado la fecha en que deberán ser citadas tales personas y el lugar al que deberán acudir.
Los profesionales de Córdoba hacen su particular relato. Las citaciones son realizadas siempre por el juzgado según el Equipo 1. En el caso de los Equipos 2 y 3, previamente se remite un fax al Juzgado con la fecha en que deberán ser citadas tales personas y el lugar al que deberán acudir. Las citaciones de los Equipos 2 y 3 se realizan especificando el profesional o profesionales que van a realizar la entrevista. En el caso del Equipo 1 se omite este dato.
Los Equipos Psico-sociales de Granada comunican al Juzgado la fecha prevista para las personas que deben ser evaluadas por los profesionales. Aclaraban, en la fecha anterior a su integración en el IMLCF, que el plazo de cita para la realización de las entrevistas o encuentros personales con las personas afectadas se sitúa en torno a los 13 meses de espera.
Con mayor detalle, los interlocutores de Jaén describían que la tarea de dirigir las citaciones supone un tiempo perdido que podría encargarse a un apoyo administrativo que nunca han tenido. Añaden que ni siquiera tienen una dirección de correo electrónico propia del Equipo y que las gestiones por teléfono pueden suponer dedicar dos mañanas para localizar un número y lograr contactar con alguna persona para ser citada. No suelen tener constancia del recibo de estas citaciones y, aunque podría formalizarse mejor, prefieren la inmediatez de estos contactos para concertar las citas. La citación formal sí va firmada por el Jefe del Servicio y, si falla, se procura cursar a través del Juzgado. Reiteran la necesidad de mejorar mucho todo este tipo de trámites con aplicaciones o herramientas que no requieren especiales complicaciones.
Dentro de la metodología aplicada para el estudio y redacción de los informes psico-sociales, las entrevistas con progenitores, menores y miembros del entorno familiar constituyen una fuente primordial de información para los profesionales intervinientes. Suelen aplicar las técnicas de entrevistas semi-estructuradas y su relato y valoración permiten acceder a un presupuesto de conocimiento que, desde el ámbito de la psicología y del trabajo social, conforman una herramienta primordial para abordar el informe requerido por la autoridad judicial.
Los profesionales de Sevilla ordenan las entrevistas según su propio criterio técnico. Comienzan por el progenitor custodio y suele venir acompañado de los menores; por ello avisan que los menores vengan a su vez acompañados de otras personas que deberán cuidar de ellos mientras dura la entrevista en torno a dos horas o algo más. Insisten en la dificultad para planificar estas sesiones. Cada Equipo ordena estas entrevistas cuando, a veces, se hace coincidir la cita con la exploración en otro despacho del trabajador social y así evitar esperas. Es criterio técnico conocer a todos los menores evitando edades muy tempranas y procuran verlos también en conjunto porque estiman que es importante detectar sus relaciones y también el comportamiento con los padres. A la hora de definir edades para las entrevistas de los niños surgen distintos criterios y opiniones. También pueden citar a abuelos o nuevas parejas cuando la situación familiar así lo aconseje. Se ponen de relieve las consecuencias negativas en los plazos que se alargan y en posibles retrasos para abordar estudios más complejos.
En Málaga las entrevistas se deciden por las propias técnicas que componen los Equipos Psico-sociales según su criterio. Deciden el orden de citados e incluso el abordaje conjunto de los progenitores en estos encuentros y explican que, por impulsos de algún juzgado, fomentan la presencia de letrados junto a sus clientes. Entienden que su abordaje ayuda a presentar el conflicto de manera más mitigada y sus resultados suelen ser mejores que en entrevistas por separado. Cuentan con una guía o protocolo que han redactado aprovechando sus experiencias y se ordenan por las pautas que han fijado en esa herramienta.
La experiencia de Jaén relata que los técnicos deciden el orden de las entrevistas. Suelen comenzar por el menor y el progenitor custodio y también prefieren continuar la entrevista con el otro progenitor junto a los menores. Explican las dificultades de muchas familias para poder comparecer desde lugares muy alejados y se apunta la posibilidad de celebrar en algún caso entrevistas on-line pero el Decanato no autorizó el uso de sala de teleconferencia nada más que para las vistas. Explican que no tienen una respuesta cuando las familias excusan sus ausencias por los gastos de desplazamiento que no pueden atender. En las gestiones para las citas suelen coordinarse con los servicios sociales comunitarios mediante teléfono y gracias a su experiencia y conocimiento profesional de estos profesionales.
Las profesionales de Huelva abordan las entrevistas siempre juntas. Las entrevistas se producen tres veces por semana, a familia por día, los lunes, martes y miércoles. A las nueve horas se entrevista al cónyuge no custodio y a las once al custodio y a los menores. La secuencia de entrevistas sería la de progenitor no custodio, los menores, menores junto al no custodio y, por último el progenitor custodio.
El Equipo de Algeciras apunta la importancia de comprobar cómo interactúan los progenitores y sus menores, aunque sea en edades muy tempranas, en particular quienes no ostentan la custodia.
En el caso del Equipo de Cádiz el orden es inverso. Empiezan por el progenitor custodio, después los menores y terminan con el no custodio. Señalan que deben cuidar la explicación del sentido y alcance de las entrevistas porque han constatado muchos casos en los que estas personas desconocen el motivo de esa citación.
En el caso de Granada, se especifica que asignan una jornada de mañana completa para cada familia citando por horas los diferentes encuentros entre progenitores, menores y otros interesados, procurando evitar coincidencias incómodas o situaciones más complejas como casos de órdenes de alejamiento en vigor o sujetos que acuden desde prisión, que no siempre conocen con la antelación necesaria a la hora de preparar las citaciones.
En cuanto a la grabación de las entrevistas, las trabajadoras del Equipo de Cádiz se muestran en desacuerdo con esta práctica por considerar que puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad de las partes. Además señalan que el contexto de confianza y libertad que se pretende en el proceso de la entrevista quedaría desvirtuado con las grabaciones.
En cambio, el tema suscita en Sevilla opiniones dispares. No parece que sea una cuestión que se haya abordado de manera expresa entre los profesionales con anterioridad. Se motiva por la oportunidad de facilitar un registro objetivo de las entrevistas y una garantía ante reclamaciones. Sí coinciden en pedir sistemas que eviten intentos de grabación oculta, como la protagonizada por un padre o incluso por algún menor que portaba un teléfono móvil en grabación. Se comenta la oportunidad de una máquina de ruido blanco o inhibidor.
El debate que se planteó entre las profesionales de Málaga no generó una opinión favorable a la grabación de las entrevistas, en particular de los menores. Han visto registros que han terminado en manos de la contraparte y se ha hecho un uso torticero de estas sesiones. Se explica alguna opinión que apunta a la oportunidad de facilitar un registro objetivo de las entrevistas y un apoyo para la elaboración del informe y también una garantía para evitar posibles reclamaciones contra los profesionales a la hora de abordar estas sesiones. La opinión de las respuestas sigue siendo proclive a no grabar las sesiones a pesar de que disponen de salas adecuadas. La Jefa de Servicio señalaba la exigencia de disponer de un sistema de guarda y custodia muy delicado con afección de la legislación de protección de datos para lo que no disponen de recursos suficientes.
La posición en Algeciras indicaba que esa grabación, en particular de los menores, no era oportuna. Se explica que habíamos recogido alguna opinión que apunta a la oportunidad de facilitar un registro objetivo de las entrevistas y un apoyo para la elaboración del informe y también una garantía para evitar posibles reclamaciones contra los profesionales a la hora de abordar estas sesiones. A pesar de ello, prefieren no grabar las sesiones aunque mencionan casos en los que han comparecido padres en estado de embriaguez o con actitudes poco colaboradoras o incluso violentas que hubieran merecido una acreditación registrada en grabaciones. Añaden que en raras ocasiones han sentido amenazas ni en las entrevistas en el Equipo, ni en las visitas domiciliarias
Reconocían en Huelva que las comparecencias no se graban, ni en audio ni en vídeo, en principio por falta de medios, pero creen que sería interesante hacerlo, compartiendo algunas de las funcionalidades que les trasladamos.
Y en Córdoba se posicionaba uno de los psicólogos argumentando que bajo ningún concepto se deberían grabar, mucho más en el caso de que el entrevistado sea un menor. Defiende su postura señalando que es frecuente que se haga un uso instrumental de los menores, y que éstos reciban represalias de sus familiares por haber declarado algo no conforme con su interés particular.
En Granada no tenían una respuesta clara a la hora de plantear la grabación o registro de las entrevistas. Existen salas con esa capacidad técnica pero no transmitieron un criterio definido. La visita a Granada nos permitió coincidir también con la dirección del IMLCF y su responsable sí era partidaria de estos registros que aportan garantías y ofrecen un soporte para desarrollar los informes y apoyar el trabajo indagatorio de los técnicos. Alude a la existencia de sistemas ya consolidados en las vistas judiciales y que no presentan ningún problema. Entiende la directora que estas prácticas van en la línea de protocolizar y asegurar con procesos claros y definidos las pautas de trabajo de estos Equipos Psico-sociales acorde con los métodos propios del IMLCF, aunque reconoce que necesitarán una implantación progresiva.
El Equipo de Almería también expuso factores a favor, como el registro para posibles consultas o facilitador de la redacción de los informes, al igual que elemento de riesgo sobre todo en relación a la intimidad de muchas de las intervenciones que se expresaban en estas conversaciones con menores protagonistas. Terminaron por reconocer la falta de una opinión concreta.
Para nuestros interlocutores de Jaén la grabación de las entrevistas no es pacífica; un psicólogo lo vería como mera facilitación para la transcripción de las manifestaciones. El trabajador social lo hace depender del contexto del caso pero no le gusta y apunta las necesidades de obtener permisos legales bien limitados. El otro personal de psicología no es partidario.
Siguiendo un orden aparentemente temporal, cuando se realizan las entrevistas y se dispone del criterio informador principal del caso, junto a los antecedentes recogidos en los autos, los profesionales se encontrarían en disposición de abordar la redacción del informe solicitado por la autoridad judicial.
En este concreto punto del proceso de intervención de los Equipos, las profesionales de Málaga explican que cada técnica relata sus pautas a la hora de proceder a la redacción del informe. Coinciden en que una semana es un plazo habitual para realizar esta tarea una vez concluidos los trabajos de información y análisis. También apuntan a que, hay casos, en los que es oportuna una fase más prolongada de maduración de las ideas antes de redactar el texto final. A veces realizan una especie de sesiones clínicas informales para comentar algún caso más complejo. Cada profesional trabaja en su equipo informático. No disponen de una aplicación que les facilite una plantilla o formulario que facilite una estructura homogénea del texto del informe. Existen tipos muy consolidados de textos en base a metodología; antecedentes y situación actual; exploración; valoración; y conclusiones. Pero coinciden en que no se deben formalizar de manera estricta estos contenidos porque los casos varían. Explican, como ejemplo, que un tema de ejecución de medidas no exigiría una estructura de redacción tan extensa.
Los Equipos de Sevilla argumentan que en ocasiones necesitan completar el informe con aportaciones de otros servicios. Suelen pedir la información de manera personal a través del teléfono aunque se formaliza mediante oficio que firma el propio equipo de profesionales. Recuerdan casos que se pide a través del juzgado sobre todo ante información más delicada (salud mental, etc.). La redacción del informe se realiza de manera separada en lo social y en lo psicológico, aunque luego se coinciden para redactar el texto final de las conclusiones o propuestas de manera compartida. Apuntan que la colaboración es variable en el tiempo aunque se recibe y recuerdan un caso de familias rumanas que se tardó más de dos años en recibir informe de los comunitarios en Dos Hermanas (Sevilla).
El método para abordar esta redacción en Algeciras se describe indicando que se realiza de manera coordinada. Coinciden en que redactar el texto final debe ser la aportación de ambos aspectos para enriquecer el informe de manera completa. Hacen un relato compartido y se firma por cada profesional. Cuentan con una especie de plantilla que contiene los aspectos o apartados que componen el informe. Insisten en el carácter dual del trabajo que se puede romper por criterios de organización para acelerar la producción de informes sesgando cada aspecto mediante un reparto a cada técnico. Es un método que rechazan y que puede implantarse en otros equipos o por criterios propios del IMLCF.
En Huelva, después de las entrevistas se aborda la redacción de manera conjunta. Explican que su experiencia de trabajo en equipo durante años les permite una reparto consolidado de aspectos y sólo, en ocasiones, solicitan, si procede y antes de elaborar el informe, informes complementarios (colegios, servicios sociales comunitarios, etc.), incorporándose al mismo tras su obtención.
Esa síntesis en el trabajo también la encontramos en los profesionales de Almería. Contar con un único Equipo y estar desempeñado por técnicos de una dilatada experiencia da lugar a un trabajo bien imbricado y sin fisuras.
La situación de Córdoba describe distintas prácticas. El Equipo 1 ofrece un informe redactado conjuntamente por psicóloga y trabajador social con una firma conjunta. El Equipo 2 realiza un informe redactado por separado, una parte por la psicóloga y otra parte por la trabajadora social, aunque sus conclusiones son redactadas en conjunto y firmadas a la par. El Equipo 3, al existir un psicólogo el informe lo realiza y firma él solo.
Siguiendo con especialidades, Granada vuelve a aportar su peculiar situación. Se nos indica que ha sido fijado el tiempo de redacción del informe final en un mes. Se firman por los técnicos intervinientes y el Jefe de Servicio no interviene en su redacción. Sólo asume la remisión de los informes ante el órgano judicial solicitante. Nos explican que están en un proceso de ajuste tras la resolución del concurso de laborales (septiembre. 2017) y además a ello se unen los planes de choque para agilizar los expedientes atrasados. Una de las decisiones, como ya hemos señalado, ha sido desestructurar los Equipos y el trabajo se reparte de forma individual. En esos criterios de asignación de tareas se produce un intercambio intenso de pareceres a la hora de delimitar con cuidado el criterio psicológico y el aspecto asistencial-social, así como las capacidades para abordar cada disciplina. Se relatan casos en los que se pueden superponer o confundir ambos campos de conocimiento. A lo que se suma también que las peticiones de los juzgados son poco precisas y que es necesario adaptar el informe a los aspectos que en cada caso se necesiten (psicológico o social, o los dos).
En Jaén, cuando llega el momento de redactar el informe, se realiza una tarea de diálogo para elaborar las propuestas y acostumbran a realizar sesiones compartidas en los informes más delicados que también avisan al Jefe del Servicio. Cuando terminan los aspectos propios de cada disciplina se redacta por el profesional responsable y luego realizan esa especie de puesta en común. Como de técnica añadida, acostumbran a dar al menor lo que le llaman «carta al Juez» con la idea que exprese o dibuje de la manera más libre sus deseos o peticiones. Por tanto, cada informe tiene la firma dual y se remite desde la Jefatura de Servicio, aunque sin acuse de recibo a cada Juzgado. El contenido de los informes puede ayudarse unas plantillas o modelos, pero deben ser muy abiertas. En ocasiones también tienen la oportunidad de hablar con abogados para aclarar las pretensiones, ya que el informe pedido puede ser muy diferente del que se realiza por parte del equipo. Insisten en la necesidad de concretar al máximo el objeto de tales peticiones formales de informes por parte del juzgado cuando las ordena.
Las técnicas de Cádiz, una vez que tienen todos los antecedentes, proceden a elaborar el informe que es suscrito de manera conjunta por la trabajadora social y por la psicóloga. Añaden que el tiempo medio estimado de redacción de los informes es de dos meses desde que se realiza la entrevista.
Y sus compañeros del Equipo de Algeciras trabajan en sus equipos informáticos con una plantilla o formulario que les facilita una estructura homogénea del texto del informe. Creen que no se deben formalizar de manera estricta estos contenidos porque los casos varían. Insisten en la presentación de algunos los protocolos del IMLCF y no los consideran adecuados para la singularidad de su trabajo. Reivindican el “equipo dual” y comparten el trabajo realizado y el informe suscrito entre ambas disciplinas.
Podemos indicar que no hemos encontrado un momento o trámite singular de aprobación. Los informes son textos técnicos que se respaldan documentalmente en sus autorías por cada profesional que interviene en su estudio y redacción.
En Málaga los informes se firman por las profesionales que intervienen, sin que dependa de ninguna ratificación, visado o conformidad por la autoridad orgánica superior, que serían las jefaturas de servicio respectivas.
Tampoco descubrimos esa función en Algeciras, Cádiz o en Huelva. En estos casos, las Jefaturas de Servicio sirven como meros remisores de los informes dirigidos a los órganos judiciales que los han solicitado. Sólo hemos recogido algún caso especialmente delicado en Jaén que ha sido debatido y comentado con la Jefatura de Servicio debido a su trascendencia y no a ninguna aportación técnica.
Apenas descubrimos alguna singularidad al omitir esta intervención de envío a cargo de los Servicios, en los supuestos en los que las sedes judiciales coinciden con las dependencias de los Equipos, con lo que los envíos se hacen de manera informal. Podemos decir que demasiado carentes de imprescindibles acreditaciones sobre la correcta recepción de estos trámites judiciales y de su oportuna cumplimentación.
En Sevilla nos relatan que los informes se trasladan en mano a los juzgados que comparten la misma sede judicial. Reclaman una copia sellada y concluyen con su misión de puesta a disposición del informe. No cuentan con un acuse de recibo formal del Juzgado. Repiten, de nuevo que son trámites que aumentan la carga administrativa, lo que no pueden asumir.
En el caso de Málaga se trasladan en mano al órgano judicial solicitante. No se acostumbra a pedir acuse de recibo. Ante esa aparente disparidad de exigir acreditar el envío inicial frente a no registrar su cumplimentación por los Equipos Psico-sociales, se explica que uno de los juzgados sí pide acuse del encargo pero no ofrece el registro de su devolución por el equipo.
Algo parecido relatan en Algeciras donde los informes se trasladan por fax al órgano judicial solicitante, sin que se remita copia al servicio en Cádiz. Tampoco cuentan con un acuse de recibo formal del Juzgado. Estos trámites, aunque entienden su aportación a la mejor llevanza de cada expediente, exigen cargas administrativas que no pueden asumir. Y, al hilo de esta cuestión, explican que no disponen ni de una cuenta de correo electrónico propia.
En Jaén señalan que cada informe tiene la firma dual y se remite desde la Jefatura de Servicio, aunque sin acuse de recibo a cada Juzgado.
Los informes de Granada se firman por los técnicos intervinientes y el Jefe de Servicio no interviene en su redacción. Sólo asume la remisión de los informes ante el órgano judicial solicitante. En los casos de Juzgados de Familia capitalinos se llevan en mano al situarse en el mismo edificio judicial (sede de La Caleta). Para los Juzgados de partido se remiten por oficio firmado por el Jefe del Servicio.
El relato sobre los archivos y su custodia se abordaba en Sevilla indicando que los textos de los informes quedan archivados, al igual que el resto de la documentación de procedimiento en archivos que se encuentran en las dependencias del Equipo. Los archivos principales de los Equipos están en un armario ubicado en el pasillo de acceso y bajo llave. Cuando le preguntamos si podríamos localizar un expediente a partir del nombre concreto de una persona nos comentan que sí podrían encontrarlo, pero su criterio de localización principal es el juzgado y el número de asunto judicial. Añaden que disponen de manera particular de una base de datos elemental que le ayuda en su trabajo personal. Coinciden en que no existe un criterio ordenado de asuntos registrado como una secuencia de expedientes tipo 18/1, 18/2, etc. Nos muestran el libro registro que utilizan y que nos advierten que es originario de un laboratorio que en su día lo diligenció ante el Decanato y con ello lo aprovechan. Explican también que recientemente le han instalado un programa excel aunque sin instrucciones ni solvencia en su manejo. Vuelve a surgir el proyecto de integración en el IMLCF y relatan que saben que allí se dispone de programas y datos pero propios para médicos. Creen que no serían aplicables a las necesidades de la psicología o del trabajo social.
En Jaén disponen de los archivos custodiados con llave en una sala de visitas. Su criterio de búsqueda gracias a la base de datos confeccionada es muy amplio y no consideran que tengan especiales dificultades para localizar ningún expediente. Añaden que los casos anteriores al 2012 se depositan, tras el espurgo, en un archivo central.
La experiencia de Algeciras señala que los textos de los informes quedan archivados, al igual que el resto de la documentación de procedimiento en archivos que se encuentran en las dependencias del Equipo. Explican que la referencia de archivo y su ordenación es el número de asunto judicial. Encontrar, bajo el criterio de búsqueda de la identidad del menor, otros informes que se hubieran realizado lo consideran posible aunque con más dificultades. De hecho, la búsqueda del caso de una interesada que se ha dirigido a la Institución recientemente en queja no ha podido ser localizado a lo largo de la visita.
En el caso de Málaga los informes quedan archivados en los respectivos ordenadores que cada profesional maneja. El texto formal se acompaña a los autos y allí quedan archivados al igual que el resto de la documentación de procedimiento que permanece bajo custodia judicial. A la hora de explicar la localización, por ejemplo, de un informe elaborado sobre un menor, se nos explica que la referencia central es el número de asunto judicial, pero afirman que no existe problema en encontrar, bajo el criterio de búsqueda de la identidad del menor, los informes que se hubieran realizado. En todo caso, no existe un criterio común de archivo.
También hemos podido comprobar las dependencias de los archivos de varios Equipos (Huelva, Almería) y se ubican en las propias instalaciones de estos servicios con una custodia y conservación análogas al resto de la documentación o expedientes que se generan en los servicios contiguos, como son los propios que quedan adscritos a las Delegaciones del Gobierno (servicio de asociaciones, asistencia jurídica gratuita, menores, etc.). En la descripción de las instalaciones visitadas se incluyen algunas imágenes de estos archivos.
La redacción y entrega del informe no implica, necesariamente, la finalización de las tareas del Equipo ya que esa aportación, de naturaleza pericial, es sometida al criterio de las partes que pueden traerla a colación en las vistas que se celebren que pueden incluir, a su vez, el abordaje de los términos reseñados en dicho informe psico-social. Estas vistas constituyen la ratificación de los propios informes o la oportunidad para detenerse en aclarar o comentar algún extremo a petición de las partes y siendo calificado como procedente por el juez que dirige la sesión.
En Jaén precisamente indican que cada vez es más frecuente su citación a las vistas. En estos actos se prevé la realización de aclaraciones o detalles, pero pueden llegar a convertirse en auténticos interrogatorios a los técnicos que exigen una experiencia y formación para poder ser abordados.
Los profesionales de Granada aluden a las trabas que suponen las comparecencias judiciales, que pueden complicarse en exceso y que aconsejan una preparación elemental para los técnicos que deben someterse a las intervenciones de las partes en litigio y sus abogados. Pero, entienden que, en resumen, su trabajo es mayoritariamente respetado por el tribunal en estas vistas.
En Sevilla, por contra, expresaron que raras veces son citados a las vistas para aclarar o ratificar algún extremo de sus informes.
Las profesionales de Málaga sí quisieron apuntar la singularidad de este ámbito civil y de Derecho de Familia que es muy distinto al entorno penal que caracteriza al IMLCF que, a su vez, exige una formación muy específica. Apuntaban que recientes incorporaciones con motivo del concurso de traslado resuelto en Julio de 2017 ponía en evidencia esas carencias de especialización ya que los códigos identificativos de las plazas no iban más allá de Psicología. Consideran que esa disciplina ofrece enormes peculiaridades en función del destino concreto y no es lo mismo integrarse en un equipo de apoyo educativo que trabajar en un orden procesal y, no digamos ya, de carácter civil.
En Córdoba, sobre si son citados los profesionales del Equipo Psicosocial para que ratifiquen su informe en el juzgado, nos comentan, que en ocasiones, para evitar desplazamientos, se efectúa por videoconferencia. Refieren los profesionales que han de esperar horas pendientes de que el juzgado les pregunte y en ocasiones ni siquiera llegan a intervenir.
En las entrevistas mantenidas en otros Equipos, estas cuestiones específicas no se expusieron, probablemente porque no ocupaban un espacio que se considerara significativo entre los desempeños de estos profesionales y porque –explicaban– los informes solían resolver con claridad y solvencia las cuestiones sometidas a examen sin exigir añadidas aclaraciones.
Existe una opinión generalizada en torno al desconocimiento de la operatividad de los Equipos sobre sus periciales y sobre su incidencia en la resolución judicial, a excepción de algunos Equipos, cuya ubicación próxima al órgano judicial les permite conocer de manera informal el resultado de concretos casos, pero sin ningún otro método más definido.
Para los Equipos de Sevilla, en cuanto a la relevancia de los informes del Equipo Psicosocial en el resultado del litigio judicial, coinciden en que no existe ningún control sobre el impacto de sus informes en las resoluciones judiciales. Salvo algún caso especial que provoque un interés expreso, los Equipos desconocen la operatividad de sus periciales. A veces, cuando deben informar en caso de apelación, sí deducen de los autos el grado de seguimiento que se realizó en primera instancia sobre sus pareceres. Vuelven a insistir en que la saturación de su trabajo no le permitiría abordar estos controles o seguimientos aunque los consideran interesantes.
Málaga añade que no se dispone de un sistema específico de evaluación de resultados porque entienden que el trabajo muy próximo a los juzgados les permiten estar al día de las incidencias del pleito y de las vicisitudes de las medidas que se hubieran propuestos en los criterios de los informes. Cuando se relatan otras experiencias que añoran poder conocer del impacto práctico del informe, responden de nuevo que la inmediatez al órgano judicial facilita esa información recíproca.
Tampoco en Algeciras se dispone de copia de la sentencia ni vías de acceso a la resolución judicial dictada. Reconocen que ayudaría para organizar un sistema específico de evaluación de resultados sobre su trabajo, pero les resulta inviable en relación con su actual carga de trabajo. Cuando se relatan otras experiencias para poder conocer el impacto práctico del informe, responden que la proximidad a algún órgano judicial les permite conocer de manera informal el resultado de concretos casos, pero sin ningún otro método más definido.
En Cádiz se limitaban a indicar que desconocen la incidencia del contenido del informe en la decisión judicial.
En el caso de Huelva aseguran igualmente, en línea con lo anteriormente dicho, que no existe “feed back” con el Juzgado peticionario, es decir, que ignoran si el informe tuvo o no relevancia en la adopción de la correspondiente resolución, pues tras su emisión no tienen más contacto con el procedimiento, a no ser que se haya pedido específicamente un seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas, pero eso es excepcional. Añaden que su impresión, como mera opinión, es de una alta receptividad de sus pronunciamientos técnicos.
Para los Equipos de Córdoba vuelve a segmentarse las experiencias. El Equipo adscrito al Juzgado de Familia expresa su facilidad para acceder a esa información de la resolución judicial alcanzada. Pero, en cuanto a la relevancia de la globalidad de los informes del Equipo Psicosocial en el resultado del litigio judicial, el Jefe de Servicio dice desconocer ese dato. Argumenta que no disponen de un sistema de evaluación de resultados, que aporte información sobre la eficacia e idoneidad del informe a lo solicitado por el juzgado.
La experiencia de Granada indica que el aprovechamiento del informe no tiene un método establecido. No se acostumbra a mandar copia de la sentencia o de la resolución judicial emitida sobre la que se ha aportado el informe psico-social En opinión del responsable, se siguen las pautas emitidas por los Equipos pero no se hace un control específico, salvo que el caso se vuelva a someter a estudio en un nuevo asunto de seguimiento del precedente. Consideran que el juez sigue el criterio técnico, aunque suelen aludir al retraso frecuente en la emisión del informe.
El Equipo de Jaén nos aportaba su criterio, en cuanto al alcance de sus propuestas, de que resulta inviable evaluarlas. Consideran que puede ser curioso el impacto de sus propuestas y estiman que se asumen en un alto porcentaje de las resoluciones judiciales. Ratifican lo interesante de la idea pero de inmediato añaden que con su carga de trabajo las responsabilidades concluyen cuando se entrega el informe. Apuntan que les preocupa la práctica de reproducir el informe a las partes y hasta permitir su acceso a los menores implicados.
El Equipo de Algeciras informa de que cada ejercicio elaboran unos datos estadísticos sin conocer finalmente su verdadera utilidad y destacan que en fechas recientes estos trabajos se han visto más requeridos, por lo que se interesan si ello no es debido a la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz sobre estos Equipos Psico-sociales.
Por su parte, en Cádiz ratifican la actividad de informar sobre los resultados y rendimientos de los Equipos. Nos aportan las cifras de 2017 respecto de los asuntos tramitados con los siguientes datos. Número de solicitudes judiciales: 104.
La aplicación en Granada de un programa piloto preparatorio de la futura integración en IMLCF explica que nos informen que están confeccionando fichas de trabajo mensual que permiten un acopio periódico para elaborar informes del trabajo del Equipo. De hecho, la Consejería, mediante resolución de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de 7 de octubre, aprobó la integración funcional del Equipos Psico-sociales en el IMLCF de Granada con efectos del 1 de noviembre de 2017.
En Huelva sí confirman el aumento de peticiones de datos y reseñas de gestión aunque explican sus profesionales que estas tareas exigen un trabajo administrativo para el que carecen de apoyo y, además, sugieren que se podría facilitar contando con herramientas de gestión informatizadas.
Desde Jaén aportan una idea al respecto y es que no creen adecuado evaluar los rendimientos de los Equipos comparando sus resultados con planes de choque especiales y extraordinarios que presentan unos números que se deben analizar con cuidado. En Jaén ese plan ha supuesto trabajos aportados por entidades externas durante fines de semana y una prioridad en la entrega de informes más allá de sus métodos y extensión habituales. Hay también que evaluar el impacto que tienen unos contratos externos poco verificados y sobre-explotados que pudieran desplazar a los Equipos formales con una experiencia y rigor acreditada durante años.
Por su parte, informan desde Málaga sus profesionales de que cada ejercicio elaboran unos datos estadísticos aunque no conocen finalmente su verdadera utilidad. Nos presentan un cuadro referido a los tres Juzgados de Familia junto a un juez de apoyo expresando 319 sumando 268 solicitudes de informes y 51 de Derivación/Coordinación. Es un cuadro propio que no tiene la misma estructura de otros datos que se nos ha aportado desde otros Equipos Psico-sociales.
En Sevilla, cada técnico dispone de un modelo de informe que cumplimenta según su proceder y explican que últimamente les están requiriendo continuos datos y pidiendo modelos de trabajo más formalizados o protocolizados lo que se atribuye a los planes de integración en el IMLCF. Añaden que en fechas recientes sin precisar se ha dispuesto en uno de los ordenadores una hoja de cálculo que pueden ayudar a confeccionar estos indicadores o datos. No conocen los resultados globales ni pueden evaluar los desempeños, por ejemplo, de los trabajos que se conciertan de manera externa. Tampoco han analizado datos de otras provincias.
Del mismo modo que realizamos en las entrevistas con los responsables de los Servicios de Justicia, abrimos un turno de intervenciones en los encuentros con los profesionales, que resumimos a continuación de forma agrupada.
1. Ambos profesionales del Equipo de Algeciras proponen medidas de mejora como la urgencia de contar con un nuevo equipo en Jerez de la Frontera ya que estiman que un 40% de los asuntos se originan en la sede del Juzgado de Familia o en pueblos próximos. Añaden que sería muy conveniente no confundir intervención de los Equipos Psico-sociales con un trámite obligado y preceptivo en cada asunto de familia que llega al juzgado. También insisten en las ventajas de contar con un apoyo administrativo básico que liberaría a los técnicos de funciones que no consideran propias y que distraen mucho tiempo y esfuerzo de su tarea primordial.
Desean contar con instrucciones precisas de los juzgados para delimitar el alcance de los informes y su ámbito. E insisten en potenciar las vías de mediación para reconducir el conflicto a un espacio lejano de la metodología contenciosa; también reivindican el papel originario de estos Equipos de carácter dual y específicos de apoyo a los juzgados de familia que no han tenido un proceso de atención y cuidado. Añaden finalmente que los problemas que pueden existir se deben abordar en el escenario de los propios Equipos Psico-sociales y no enfocar las medidas desde un espacio ajeno e inadecuado como es el IMLCF.
Precisamente sus compañeras de Cádiz insisten en la creación de un nuevo Equipo en Jerez de la Frontera; disponer de un plan de formación especializado, referido a sus concretas funciones y también poder compartir sus experiencias con otros Equipos Psico-sociales de Andalucía; contar con personal recursos de apoyo administrativo que ejerzan las funciones propias de estas categorías, liberando a las profesionales de estas labores que no le corresponden y le restan tiempo para dedicarse a sus verdaderas funciones.
Añaden que sería muy conveniente poder acceder al programa informático ADRIANO; y finalmente mejorar y adaptar las instalaciones donde se realizan las entrevistas para atender mejor a sus finalidades.
2. La aportación de los Equipos de Córdoba fue muy detallada. Solicitaban disponer de un plan de formación especializado, referido a sus concretas funciones y también poder compartir sus experiencias con otros Equipos Psico-sociales de Andalucía e incluso del territorio nacional. Así mismo, solicitan una remuneración en RPT acorde a la responsabilidad y dedicación que asumen.
Como cuestión singular, demandan mayor protección dada la peligrosidad demostrada como consecuencia del ejercicio de sus cometidos.
Añaden la necesidad de elaborar un protocolo, cuidadosamente realizado, para que se consiga un óptima relación entre calidad y eficacia en el desarrollo de su función. El protocolo no debe sólo servir “para sacar más papel adelante”. Piden que en el protocolo que se elabore se tenga sobre todo en cuenta la necesaria protección de los menores, de tal modo que el acceso a sus declaraciones o contenido de las entrevistas no sea utilizado para mediatizarlos o como arma arrojadiza entre las partes.
Algunos profesionales creen que la asunción por parte del IMLCF de sus funciones puede suponer que se imponga un modelo “médico” dejando a un lado la labor social que realizan en litigios de familia, mucho más flexible y cercana a los problemas familiares que la mera redacción de un informe científico, conforme a pautas preestablecidas. Sobre este particular creen que los Equipos deben seguir existiendo y que el coordinador de los equipos debe ser un profesional diferente de la Dirección del IMLCF.
También apuntan que la legislación andaluza (y la española) aún no tiene recogida la figura de «coordinador de parentalidad» cuyas funciones son el seguimiento de lo acordado por el juzgado en litigios de familia. De este modo se evitan muchos pleitos posteriores fruto del desencuentro y falta de diálogo. Por otro lado, refieren que la dinámica familiar no responde a una foto fija, que ésta evoluciona, y que por ello el seguimiento de la evolución familiar por el coordinador de parentalidad facilitaría la adecuación de la decisión judicial a las necesidades actuales de la familia.
Y, por último, los Equipos cordobeses, en cuanto a efectivos de personal, demandan que se cubran las plazas previstas en RPT, esto es, un psicólogo y un trabajador social más.
3. En nuestra visita a Granada sus profesionales, a la hora de expresar sus sugerencias, coincidían en solicitar una formación muy especializada y que se debe reflejar en los requisitos que dibujan la RPT. Creen necesario el apoyo administrativo que podría homogeneizar esos aspectos formales y ratifican la importancia de unos protocolos y formularios que sirvan de guía compartida para el trabajo de todo el Equipo Psicosocial. Por último entienden muy conveniente profundizar en estudios de evaluación del trabajo de estos Equipos Psico-sociales y de más investigación sobre estas cuestiones que van a ir en aumento.
4. Para Huelva, con un único Equipo, entendían que había que reforzar los medios personales y, al menos, poder disponer de sistemas de cobertura de bajas a la vez que contar con sistemas de apoyo administrativo que ocupan una parte muy importante de la jornada en gestiones que las distraen de sus cometidos principales. También expresaban su preocupación por contar con un acceso de comunicación con los distintos órganos judiciales que clarificara la necesidad del informe, su alcance y la disposición de los autos y documentos con agilidad para proceder a sus estudios.
5. Las propuestas expresadas en Jaén consistían, básicamente, en ampliar el personal con otro equipo; la cobertura de la plaza de psicología que no se dotó nunca; insistir en el trabajo compartido como metodología común; contar con soportes informáticos; formación específica; despachos adecuados y reservados; y además un sistema de cobertura de bajas más ágil.
6. Desde Málaga sus profesionales nos trasladaban la preocupación compartida porque en estos litigios se procure mantener a los menores lo más alejados de las tensiones que generan los progenitores y que no pueden resolver más que a través de un sistema judicial que resultan impactante para los niños. Añaden que sería muy conveniente cribar con cuidado la intervención de los Equipos Psico-sociales que se sobre-dimensiona sin necesidad y tiende a considerarse un trámite obligado y preceptivo en cada asunto de familia que llega al juzgado. Argumentan que falta una plaza en uno de los tres equipos y que es necesario cubrirla para atender a los tres titulares de los juzgados de familia más otro magistrado de apoyo que refuerza estas tareas.
Insisten, finalmente, en la exigencia de una cualificada especialización de estas disciplinas en el ámbito de los juzgados de familia que no está bien cuidada ni a través de los requisitos señalados en las RPT, ni mediante una acción formativa continuada.
7. También desde Sevilla, se completa esta relación de peticiones. Explican la necesidad de completar la plantilla del personal con la vacante cubierta; mejorar las condiciones del espacio con salas de espera discretas y despachos bien insonorizados; apoyo administrativo; superar los excesos de informes estadísticos; e insisten en ser consultados en todos los procesos que se están preparando para la reordenación de los Equipos.
8. A la hora de ofrecer la posibilidad de que manifiesten sus principales peticiones de mejora, el Equipo de Jaén indica la necesidad de ampliar el personal con otro equipo; la cobertura de la plaza de psicología que no se dotó nunca; insistir en el trabajo compartido como metodología común; contar con soportes informáticos; formación específica; despachos adecuados y reservados; y un sistema de cobertura de baja más ágiles.
En un sentido más amplio añaden la necesidad de un reconocimiento a la trayectoria de estos equipos desde 1988 que comenzaron su trabajo a través de oposiciones del Ministerio de Justicia y que con el tiempo han ido siendo olvidados y no atendidos. Recalcan que, en su opinión, las necesidades de reorganización de los equipos deberían de ser prioritarias en lugar de acudir a una mera integración en el IMLCF que va a generar una pérdida de la identidad de esos Equipos y de su naturaleza propia como técnicos en psicología y en trabajo social.