Los Equipos Psico-sociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia | Julio 2018
Dentro del proceso de información con todos los actores y protagonistas de los Equipos Psico-sociales, acordamos, como ya se ha puesto de relieve en el capítulo dedicado a la Metodología, mantener una –imprescindible– reunión con los responsables de la Consejería de Justicia e Interior, a través de su Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal. La cita se celebró el día 22 de mayo de 2018, en la sede de la Institución con presencia de la Viceconsejera y del propio Defensor del Pueblo Andaluz y la Adjunta responsable.
En este acto la Viceconsejera explicó la intención de su departamento de abordar la organización y funcionamiento de estos Equipos mediante un proceso negociado y participado. Para explicarlo, el Director General expuso el criterio de abordar esta tarea a través de la elaboración de una norma con rango de Decreto. Entendían que así se garantizaba la formalidad de unos requisitos procedimentales y las aportaciones de diversas instancias que avalarían esas notas de participación y rigor técnico.
Para explicar el proceso de elaboración se remiten al expediente publicado que da lugar, finalmente, a la aprobación del Decreto 90/2018, de 15 de mayo que se publica en el BOJA 97, de 22 de mayo (día de la entrevista).
“Se está elaborando Instrucciones específicas a los IMLCF que desarrollen las pautas de aplicación de los contenidos del Decreto 90/2018 sobre los Equipos Psico-sociales”
Se señala además que se está elaborando unas instrucciones específicas dirigidas a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), a fin de desarrollar las pautas de aplicación de los contenidos del Decreto y, más concretamente, en los temas referidos a los Equipos Psico-sociales.
“La acumulación de tareas, la capacidad de sus trabajos y la ausencia de medidas de coordinación se han plasmado en realidades muy particularizadas de cada Equipo”
Explican que estos Equipos han estado integrados en los respectivos Servicios de Justicia desde la recepción de los traspasos de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia a la Junta de Andalucía y que se han visto desbordados por las materias asignadas que ha llevado a no poder prestar la atención que tales Equipos aconsejaban. Esa acumulación de tareas, junto a una capacidad de despliegue de sus trabajos automatizada han provocado una actividad muy singular en cada Equipo y la ausencia de medidas de coordinación o de homogeneización que, con el tiempo, se han plasmado en realidades muy particularizadas en los desempeños de cada provincia e, incluso, de cada Equipo.
Los motivos del Decreto 90/2018 están explicados en su preámbulo y priorizados en la aplicación de la Ley 35/2015, sobre nuevo régimen de peritaciones atribuibles a los IMLCF; además se reorganizan los mecanismos de coordinación de los IMLCF; y se acude, finalmente, a aplicar el criterio de adscribir los Equipos Psico-sociales de familia a estos IMLCF.
“Se ha promovido la participación de los profesionales y evitar los recelos de su integración en los IMLCF”
Este proceso de integración es el que ha sido sometido a una contestación o crítica desde distintos sectores y, en particular, por parte de los profesionales de tales Equipos. Por ello, nos insisten en explicar que la intención a la hora de abordar estas medidas ha sido provocar la participación de dichos profesionales y evitar los recelos de su integración en el entorno singular de los IMLCF.
Las reuniones en Sevilla a las que se convocaron a estos profesionales, y los contactos con los directivos de los IMLCF y con los propios titulares de los Juzgados de Familia, han sido otras medidas que se han desarrollado dentro de todo este proceso normativo y organizativo. También se han realizado visitas a los diferentes Equipos. Para ello se han creado grupos de trabajo y reuniones desde diciembre de 2017 contando con las aportaciones de otras experiencias ya acometidas como las de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
“Se trabaja para una homogeneización de protocolos y pautas de trabajo que culminarán en unas instrucciones”
También se señala por los directivos de la Consejería que se han definido acciones de formación dentro de los IMLCF y también se ha trabajado en una necesaria homogeneización de protocolos y pautas de trabajo que pretenden concluir en las instrucciones que están casi ultimadas. Consideran que las prácticas de trabajo y métodos de los IMLCF ayudarán a implementar en los Equipos estos estilos. Para cerrar este ciclo se quiere preparar unas jornadas técnicas y de evaluación del proceso para el último trimestre del año 2018.
De manera más detenida se comentan dos aspectos que, desde la Institución, se consideran esenciales en este proceso. De un lado, los estudios de evaluación de los desempeños, cargas de trabajo y capacidad resolutiva de la actual configuración de estos Equipos; y, de otro lado, la necesidad de estudiar la aportación de los servicios externalizados que realizan entidades contratadas por la Administración para estos menesteres.
“Es necesario disponer de datos o indicadores fiables, con una trayectoria a lo largo de varios ejercicios”
Desde la Dirección General se expone la necesidad de disponer de datos o indicadores fiables, con una trayectoria a lo largo de varios ejercicios. Se realiza un somero análisis de los datos aportados hasta la fecha y se insiste en la necesidad de concluir la tarea de revisar y actualizar los datos que se han solicitado desde el Defensor para fundamentar el estudio. Del mismo modo, se apunta la exigencia de contar con resultados fiables del peso que aportan los trabajos externalizados para poder situar las cargas de trabajo emanadas desde los juzgados y los recursos que, efectivamente, las atienden.