Los Equipos Psico-sociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia | Julio 2018
La oportunidad de realizar este estudio viene dada por la intención de profundizar en el conocimiento de los Equipos Psico-sociales de forma global, más allá de las actuaciones puntuales de las quejas y las decisiones adoptadas en cada una de ellas. Se trata de una investigación más generalizada y sistemática sobre la propia organización y diseño de estos instrumentos de apoyo de la Administración de Justicia en Andalucía. Unos recursos que han venido aumentando su presencia en los procesos judiciales y reforzando la solvencia de sus aportaciones en las importantes, y, en muchas ocasiones trascendentales, decisiones que afectan a los menores y familiares interesados.
A lo anterior habría que añadir el singular escenario en el que viene desarrollando su labor esta importante herramienta de auxilio a la Justicia y que se concreta en una ausencia de clarificación de los derechos, deberes y garantías para el usuario o la posibilidad de reclamar, y lo mismo con los derechos y deberes de los profesionales que componen aquellos; incremento de las solicitudes de informes periciales que no ha ido acompasado de un aumento de los recursos personales de los Equipos; y especialmente, como Institución garante de derechos, queríamos y debíamos comprobar que estos órganos colegiados, en la toma de decisiones, tienen en cuenta los criterios y elementos generales que establece la normativa para determinar el interés superior de los menores. Este carácter dual que implica el ámbito de la Administración de Justicia y la pericial incidencia para menores, ha sido abordado por las áreas técnicas responsables de Justicia y de Menores dentro de la Defensoría.
Centrado así nuestro ámbito de intervención, queremos remarcar que la presente investigación no incluye a los Equipos Psico-sociales de las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, a quienes compete, entre otras funciones, valorar los asuntos civiles dimanantes del procedimiento penal por violencia de género conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección contra la violencia de género.
Asimismo quedan fuera del ámbito del presente estudio los equipos técnicos adscritos a las Fiscalías de Menores, los cuales desempeñan su labor al amparo de las competencias que les atribuye la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor y el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. Baste recordar, no obstante, que estos recursos fueron ya objeto de análisis en el informe que esta Institución, en su condición de Defensor del Menor, elaboró sobre la atención que reciben los menores infractores en los centros de internamiento de Andalucía.
Con estos antecedentes, las actuaciones para la elaboración del presente Informe Especial comenzaron a mediados del año 2017 con la apertura de una queja de oficio (expediente 17/1470) dirigida a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía donde comunicamos nuestra intención de realizar un estudio sobre la situación de los Equipos Psico-sociales de apoyo a los Juzgados de Familia, y demandamos también de la Administración una serie de datos sobre la labor que desempeñan estos recursos.
En concreto, nuestra solicitud a la Administración se refería a los siguientes aspectos:
1. Relación de Equipos Psico-sociales constituidos en el directorio judicial de Andalucía, distribuidos por provincia.
2. Indicación de la modalidad de gestión de dichos equipos, ya sea mediante desempeño directo por los propios medios de la Administración de Justicia o mediante otras fórmulas de adjudicación del servicio a terceros, con indicación de la entidad adjudicataria del servicio.
3. Títulos de adjudicación del servicio así como textos de los contratos, convenios y condiciones de la prestación.
4. Datos o indicadores de expedientes y asuntos que revelen las cargas de trabajo y desempeños de estos Equipos desde 2014 a 2016.
5. Estructura organizativa tipo o, en su caso, descripción de los puestos de trabajo que componen los Equipos, así como su efectiva cobertura.
6. Relación de reclamaciones presentadas sobre el funcionamiento de estos servicios por los Equipos entre 2014 y 2016 y tratamiento de las mismas.
A modo de resumen indicamos que, en respuesta a estas demandas, la Consejería de Justicia e Interior, en enero de 2018, nos anunció la intención de llevar a cabo la integración de los Equipos Psico-sociales en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), siendo para ello necesario modificar la normativa vigente de estos últimos. Esta incorporación debería llevar aparejada un procedimiento homogéneo de actuación para mejorar la pendencia de los Equipos y reducir sensiblemente los atrasos.
Por lo que respecta a los datos e indicadores de asuntos de los Equipos durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2016, se reconoce por la Administración en su informe la disparidad de la carga de trabajo entre los diferentes Equipos, si bien, es común a todos ellos el incremento del número de informes evacuados a lo largo de dicho periodo de tiempo. También un rendimiento desigual entre los profesionales de las diferentes provincias y dentro de una misma Delegación del Gobierno, por lo que se había acordado abordar este asunto con una serie de actuaciones encaminadas a homogeneizar protocolos, criterios o metodologías de trabajo.
En cuanto a la estructura organizativa, se informa que las plazas en las Relaciones de Puestos de Trabajo son cubiertas conforme a los sistemas de selección y provisión previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público y en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía.
Posteriormente, ya iniciado el ejercicio de 2018, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las distintas visitas realizadas y reuniones mantenidas, así como la información divergente obtenida en las mismas respecto del número de informes emitidos por los Equipos o por las empresas externas contratadas, entendimos que debíamos demandar de la Consejería nueva información, en esta ocasión referida a los siguientes elementos:
1. Experiencia previa en el desempeño de sus funciones, antigüedad en el puesto, y código de la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) de los 21 profesionales de la psicología y los 18 profesionales de trabajo social que prestan sus servicios en los distintos Equipos Psico-sociales de apoyo a la Administración de Justicia de las distintas Delegaciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Número de informes evacuados durante el año 2017 por los Equipos Psico-sociales de apoyo a la Administración de Justicia de las distintas Delegaciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Tiempo medio en elaborar el informe psico-social por los Equipos Psico-sociales de las distintas Delegaciones del Gobierno desde que son requeridos por el órgano judicial, durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
4. Número de informes evacuados durante los años 2014 a 2017 por las distintas empresas adjudicatarias de los contratos de informes periciales por provincias que incluyen las periciales Psico-sociales. También el tiempo medio en elaborar los informes Psico-sociales desde que éstos son demandados por las Delegaciones del Gobierno a las adjudicatarias, y el número de personas encargadas del desempeño de estas funciones así como de su titulación.
5. Descripción de los sistemas de control de tiempo y calidad de los informes Psico-sociales elaborados por las empresas adjudicatarias de los contratos de informes periciales.
Con independencia de la información que nos fuera proporcionada por la Administración de la que depende orgánicamente los Equipos, y su posible análisis y valoración, consideramos que la toma de contacto con la realidad que se pretende investigar resulta ser una pieza fundamental del trabajo, es por ello que establecimos un plan de trabajo para visitar todos y cada uno de los Equipos Psico-sociales existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Pretendíamos tener la oportunidad de conocer de primera mano, y no sólo a través de la realidad que nos dibujan las quejas que recibimos en la Defensoría, el funcionamiento de todos los Equipos Psico-sociales de los Juzgados de Familia de Andalucía; corroborar el rigor con el que trabajan sus profesionales; ser testigos de las deficiencias o carencias que padecen; y elaborar conclusiones sobre aquellos aspectos que precisan ser mejorados.
Estas visitas comenzaron con los Equipos de la ciudad de Huelva (julio 2017), para proseguir con los habilitados en las provincias de Granada (septiembre 2017), Córdoba (octubre 2017), Almería (noviembre 2017), Málaga (marzo 2018), Cádiz (marzo 2018), Algeciras (abril 2018), Jaén (abril 2018) y Sevilla (abril 2018). Y transcurridos unos meses desde que se puso en práctica la experiencia piloto de integración de los Equipos Psico-sociales de Granada en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) -octubre de 2017- entendimos oportuno comprobar cómo se había desarrollado este proceso, por lo que en mayo de 2018 visitamos de nuevo a estos Equipos y las instalaciones donde desarrollan ahora sus funciones:
PLAN DE VISITAS A LOS EQUIPOS PSICO-SOCIALES DE ANDALUCÍA
| PROVINCIA | Fecha de la visita | Personas entrevistadas |
|---|---|---|
| Huelva | Julio de 2017 |
- Profesionales del Equipo Psicosocial - Jefe del Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Huelva |
| Granada | Septiembre 2017 |
- Profesionales de los Equipos Psico-sociales - Jefe del Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Granada - Directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada |
| Córdoba | Octubre 2017 |
- Profesionales de los Equipos Psico-sociales - Delegado Territorial de Justicia de Córdoba - Jefe del Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Córdoba |
| Almería | Noviembre 2017 |
- Profesionales del Equipo Psicosocial - Secretaria General de Justicia de Almería |
| Málaga | Marzo 2018 |
- Profesionales de los Equipos Psico-sociales - Jefa de Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Málaga - Magistrado-Juez del Juzgado de Familia nº 5 de Málaga |
| Cádiz | Marzo 2018 |
- Profesionales del Equipo Psicosocial - Jefa de Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Cádiz |
| Algeciras | Abril 2018 | - Profesionales del Equipo Psicosocial |
| Jaén | Abril 2018 |
- Profesionales de los Equipos Psico-sociales - Jefe de Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Jaén |
| Sevilla | Abril 2018 |
- Profesionales de los Equipos Psico-sociales - Jefe de Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de Sevilla |
| Granada | Mayo 2018 |
- Profesionales de los Equipos Psico-sociales - Directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada - Juez Decano de Granada - Fiscal coordinador de asuntos civiles en Granada |
Los encuentros fueron previamente concertados con las personas responsables de las Delegaciones del Gobierno, tratando de no distorsionar la dinámica de trabajo de los profesionales de los Equipos Psico-sociales, por eso las entrevistas han coincidido siempre con su horario laboral y, sobre todo, hemos tratado, en la medida de lo posible, de evitar que nuestra presencia llevara aparejada incidencias, demoras o tener que posponer las citaciones a las familias, especialmente si en las fechas seleccionadas estaban previstas entrevistas a menores de edad.
A veces en las visitas, además del personal técnico de la Institución con responsabilidades en las áreas de justicia y menores, las mismas fueron realizadas también por el titular de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, que ejerce asimismo las funciones de Defensor del Menor de Andalucía, o por su Adjunta.
La dinámica de estos encuentros ha seguido el mismo esquema inicial. En primer lugar el personal al servicio de la Institución se ha entrevistado con las personas que desempeñan las jefaturas de Servicio de Justicia de las distintas Delegaciones del Gobierno o bien, en algunos casos como se ha reflejado en la tabla anterior, con el Secretaria General de Justicia, el Delegado Territorial de Justicia, y con la dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), en el caso de la provincia de Granada. En el anuncio del encuentro se recogía ya la motivación del estudio en el que se inserta esta actuación así como una descripción informativa de las funciones y competencias atribuidas al Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, y su personal.
Una vez celebrado el encuentro con las personas señaladas, seguidamente nos reuníamos con los profesionales que conforman el Equipo o los distintos Equipos de cada una de las provincias objeto de la visita. Unos encuentros que, a pesar de realizarse sin excesivas formalidades, estaban orientados sobre determinados aspectos comunes que permitieran la homogeneidad de los datos recogidos y facilitara su posterior estudio y tratamiento.
Es así que las cuestiones abordadas con los profesionales han respondido al siguiente guion:
Con independencia del desarrollo más o menos informal de este guión, nos interesaba especialmente que los profesionales aportaran sus opiniones y valoraciones con vocación de recopilar sugerencias y propuestas de mejora. De esta manera solicitamos a los componentes de los Equipos que libremente nos trasladaran todas aquellas cuestiones que consideraran de interés para el trabajo que estábamos desarrollando, y tal fin les manifestamos que toda la información que recibiéramos sería tratada con la debida confidencialidad y cautela.
Hemos de hacer constar que las reuniones con estos profesionales han resultado sumamente enriquecedoras y sus aportaciones de mucha utilidad para conocer y valorar las funciones que les son encomendadas. Del mismo modo queremos dejar constancia de la actitud ciertamente colaboradora de los profesionales de los Equipos y su generosidad al no dudar en dedicar su tiempo en ofrecer respuestas a todas las preguntas e indagaciones formuladas por el personal de la Defensoría.
Y es que hemos buscado la opinión directa en una técnica de captación de la información más bien valorativa que cuantitativa. Hemos entendido que conocer el criterio abierto de los profesionales que sustentan estos servicios de auxilio a la Administración de Justicia, reunidos en una misma sesión, resultaba más ilustrativo, a los efectos del presente Informe, que una batería de magnitudes y datos que, por otro lado, deberían ser facilitados globalmente por la Administración de la que dependen orgánicamente, esto es, la Consejería de Justicia e Interior. Sin duda, esa información resulta importante, y hasta esencial, en trabajos de otra naturaleza planificadora o evaluadora. El ámbito de nuestro Informe Especial ha sido desde un primer momento más restringido y coherente en relación a nuestras efectivas capacidades.
Concluidas las entrevistas el personal de la Institución realizó una visita de inspección a las distintas instalaciones donde los Equipos desempeñan sus funciones y a las que acuden los usuarios, esto es, las familias y los menores sobre los que se ha de emitir una propuesta de organización del régimen de custodia y visitas tras la ruptura de la pareja.
En estas visitas hemos sido acompañados, en unas ocasiones por los responsables de los Servicios de Justicia y, en otras, por los profesionales del Equipo correspondiente. En el transcurso de las mismas hemos tenido libre acceso, sin ningún tipo de cortapisa o limitaciones, a todas las habitaciones, servicios, archivos e instalaciones donde prestan sus servicios los profesionales así como, en su caso, a los inmuebles destinados a realizar las entrevistas. Especial interés hemos mostrado por las zonas habilitadas para la espera y entrevistas de los menores, teniendo en cuenta que las mismas se han de desarrollar en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad.
Previa advertencia, las visitas de inspección han sido documentadas con el correspondiente material fotográfico.
El trabajo de investigación quedaría incompleto de no contar con la opinión y criterio de aquella institución a la que se encomienda auxiliar: la judicatura y la fiscalía. Los encuentros con los magistrados y fiscales se han desarrollado de manera libre y no encorsetada a un guion previamente establecido, por lo que aquéllos han tenido la oportunidad de aportar su opinión y criterio sobre el desempeño de las funciones encomendadas a los Equipos Psico-sociales.
Sus valiosos testimonios y aportaciones quedan detallados en el Capítulo 5 de este Informe dedicado a recoger la opinión de los protagonistas. Sólo adelantar el reconocimiento expreso a la importante labor que desempeñan estos profesionales en los procesos de familia con menores de edad, y la opinión favorable sobre su solvencia técnica. Sin perjuicio de ello, reconocen las incidencias negativas que las demoras en la emisión de los informes psico-sociales están ocasionando en unos procesos civiles ya de por si con una elevada y endémica pendencia.
Y no podíamos olvidar contar con el criterio de los colegios profesionales de psicología y trabajo social, teniendo en cuenta que son las dos disciplinas que conforman los Equipos Psico-sociales.
En el caso del colegio profesional de psicólogos, su estructura está diferenciada entre Andalucía Occidental y Andalucía Oriental, por lo que mantuvimos encuentros con las personas responsables de cada uno de ellos.
En el primer caso se celebró una reunión en la sede de la Institución en junio de 2017 en la que participó el Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y su Directora Gerente, quienes aportaron sus criterios y perspectivas sobre el trabajo que desempeñan los profesionales de la psicología que trabajan en los Equipos, y también de aquéllos que son contratados externamente por la Administración para realizar dichas funciones. Además, dentro de esa estrategia divulgativa, quisimos conocer las opiniones de las especializadas profesionales que intervienen en este ámbito así como el nivel de quejas que se pueden producir sobre la praxis profesional, los contenidos de los informes, y la organización de los Equipos, entre otros aspectos.
En septiembre de 2017, con la misma finalidad y propósito, personal al servicio de esta Defensoría mantuvo un encuentro en la ciudad de Granada con el Decano, con el Asesor jurídico y con el Secretario del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental.
También dentro de los contactos con sectores profesionales planificados para los trabajos de este Informe Especial, en julio de 2017, en la sede de la Defensoría celebramos una reunión previamente concertada con el Presidente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Sevilla. A pesar de que el ámbito de representación era provincial, se nos anunció una próxima convocatoria del Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales quien conocería de la iniciativa de la Defensoría de abordar un estudio específico de los Equipos Psico-sociales.
Desde todos los sectores profesionales se agradeció a la Institución su deferencia por permitir que este colectivo pudiera expresar sus opiniones y se insistió acerca de la conveniencia y necesidad de que los profesionales que integran los Equipos Psico-sociales se encuentren colegiados a cada uno de sus respectivos Colegios profesionales.
Este contacto con los Colegios Profesionales quedaría inconcluso de no obtener la opinión de quienes tienen encomendada la defensa jurídica de las partes en conflicto. Es por ello que hemos contado con la interesante aportación del Colegio de Abogados de Sevilla, a través de su servicio de coordinación del Turno de Protección Social de dicha Corporación.
Y finalmente, con independencia de las distintas comunicaciones mantenidas con la Consejería de Justicia e Interior desde que se acordó abordar el presente Informe, el pasado mes de mayo se produjo una reunión de trabajo entre el personal de la Institución, presidida por su titular, y representantes de dicha Administración, en concreto, la Viceconsejera, el Director General de Oficina Judicial y Fiscal y la Jefa de Servicio de Medicina Legal. En el encuentro se nos hizo partícipe de los diferentes proyectos e iniciativas emprendidas para trabajar en la mejora de estos recursos de auxilio a la Administración de Justicia.
Coincidió el encuentro con el día en el que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto 90/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y de la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal, aprobado por el Decreto 69/2012, de 20 de marzo. Tras la entrada en vigor de esta norma queda formalizada la integración de todos los Equipos Psico-sociales en los IMLCF.
En este contexto, los encuentros con las personas responsables de las Delegaciones del Gobierno, con los profesionales de los Equipos Psico-sociales, las visitas a las instalaciones donde desarrollan sus funciones, las entrevistas con miembros de la judicatura y de la fiscalía, las reuniones con los colegios profesionales, y con la propia Administración encargada de gestionar el recurso, nos ha permitido tener una visión de conjunto de las bondades, carencias y retos de las funciones que desempeñan estos profesionales así como la incidencia de sus decisiones en la vida de muchos niños y niñas. Una visión que evidentemente se complementa con la información obtenida a través de las distintas quejas tramitadas por la Defensoría en los últimos años.