Morir en Andalucía. Dignidad y derechos. Diciembre 2017
8.5. Conclusiones
Como venimos señalando reiteradamente, consideramos que en el debate sobre la legalización o no de las prácticas de la eutanasia y el suicidio asistido deben primar los aspectos éticos y morales sobre otras consideraciones de carácter estrictamente política o jurídica. Y es por esta razón que esta Institución no considera oportuno posicionarse al respecto, avalando una u otra de las posturas en litigio.
Ello no obstante, esta opción por la neutralidad no debe confundirse con indiferencia acerca de un debate, cuya trascendencia social, jurídica y política valoramos especialmente, hasta el punto de considerar que se trata de unos de los debates más importantes que debe afrontar nuestra sociedad próximamente.
Y es precisamente por la importancia que conferimos a este asunto, por lo que hemos decidido incluir el presente capítulo dentro del Informe con un objetivo muy claro, ofrecer información a la ciudadanía para que disponga de los conocimientos necesarios para ser protagonista del debate que se avecina.
En este sentido, debemos decir que consideramos necesario y oportuno que se abra ya el debate social en torno a esta cuestión. La presentación de diversas propuestas legislativas sobre la materia, algunas ya debatidas y otras pendientes de deliberación en los correspondientes órganos legislativos, otorga aun mayor premura a esta petición. Y creemos que en este debate debería asumir un protagonismo especial la ciudadanía y no limitarse al ámbito interno de los Grupos Políticos.
A este respecto, aunque somos conocedores de que por razones competenciales la materia debe ser regulada mediante normativa estatal aprobada en las Cortes Generales, consideramos que podría resultar conveniente que el pueblo andaluz pudiera manifestar su posicionamiento al respecto. Y para ello, estimamos que el procedimiento más correcto sería la adopción por el Parlamento de Andalucía de una Resolución al respecto, adoptada por los grupos políticos con representación parlamentaria, tras un proceso de debate participativo en el que se fomente y promueva la intervención activa de la ciudadanía mediante una campaña informativa y la puesta en funcionamiento de herramientas que posibiliten la presentación de propuestas y la formulación de iniciativas por parte de personas o colectivos.